El Gobierno prevé sufragar parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos que estén en riesgo de exclusión social mediante un porcentaje de los ingresos que prevé detraer a las centrales nucleares y eléctricas para evitar sus "beneficios caídos del cielo" y abaratar la factura.

Esta es, confirman diversas fuentes del Ejecutivo, una de las medidas que contempla el anteproyecto de ley que este martes prevé aprobar el Consejo de Ministros para intentar frenar la escalada del recibo.

La idea del Gobierno es que la Administración recaude un pequeño porcentaje de los ingresos que prevé minorar a las eléctricas para abonar parte de la factura eléctrica de esos colectivos vulnerables en alto riesgo.

El Gobierno cree que, gracias al diseño marginalista del denominado pool eléctrico (en el que la última central que casa oferta y demanda es la que marca el precio que cobran todas), hidráulica y nuclear se están beneficiando indebidamente en los últimos meses de los altos precios del pool por la escalada del CO2. Estas plantas no tienen que hacer frente al coste del carbono, como sí hacen las de ciclo combinado (que queman gas natural), y de ahí la retribución indebida que se pretende atajar.

A la espera de conocer el texto del anteproyecto, el plan del Ejecutivo, que elDiario.es avanzó el viernes, y que ha trascendido coincidiendo con la entrada en vigor, este martes, de un nuevo modelo de factura que ha provocado un considerable rechazo en algunos sectores, ha causado preocupación en las empresas y fuertes caídas en su cotización, con recortes de más de 3.400 millones en el valor bursátil de Iberdrola y Endesa durante la sesión de este lunes.

El anteproyecto, que según confirmó este lunes la vicepresidenta Nadia Calviño, el Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros este martes, prevé "minorar" la "sobrerretribución" que reciben esas dos tecnologías, restándoles parte del precio del mercado mayorista la cotización de los derechos de emisión del CO2 y destinando esos ingresos al sistema eléctrico para abaratar la factura de consumidores y empresas.

La tonelada de CO2, que se ha duplicado solo este año, superó el mes pasado los 55 euros, y el precio medio del pool lleva varios días muy por encima de los 80 euros, un nivel más propio de enero que de junio. La escalada coincide con la entrada en vigor de la nueva factura. Esta busca incentivar el ahorro, el autoconsumo y el coche eléctrico premiando el consumo en las horas menos caras, pero amenaza con añadir aún más confusión entre los usuarios.

El anteproyecto no va a solucionar a corto plazo la escalada de precios, ya que en el mejor de los casos no estaría en vigor hasta dentro de nueves meses. Pero ya ha puesto de uñas a las eléctricas. Aunque no hay reacción oficial, fuentes del sector aseguran que "medidas de este tipo suponen una intervención en el mercado" que "pone en riesgo" el futuro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y "podría arriesgar" el calendario de cierre gradual de las nucleares pactado con el Ejecutivo.

En el sector señalan que la propuesta, que tiene un largo recorrido parlamentario por delante, afectaría a tecnologías no emisoras de CO2, "lo que estaría contra la lógica de incentivar esta tecnología en el marco del PNIEC". Añaden que "cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de nuclear y hidroeléctrica tendría que ser aprobada en Bruselas, donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías" no emisoras, puesto que, argumentan, "introduciría una limitación de su competitividad".

En el sector creen además que hay otras formas de abaratar la factura, como que el Estado destine al sistema eléctrico parte de los ingresos que obtiene por las subastas de CO2, por las que el Gobierno podría recaudar este año el doble de lo previsto, más de 2.000 millones.

El anteproyecto es fruto de meses de negociación entre Podemos y la parte socialista del Ejecutivo de coalición, que entiende que con él cumpliría con los acuerdos de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que prometían poner fin a los beneficios indebidos de las eléctricas. El Gobierno estima que, con los precios actuales del CO2, al alza por la especulación en la bolsa de derechos que tienen que pagar las empresas por sus emisiones, la medida tendría un impacto de 1.000 millones de euros sobre las eléctricas. El abaratamiento de la factura para el consumidor final sería de en torno a un 5%.

El plan del Ministerio para la Transición Ecológica consiste en la "minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado". La propuesta no afectaría a "ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura", según el ministerio.

"Incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil", el sistema marginalista que España tiene implantado "por normativa europea" hace "que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras", según Transición Ecológica.

El Gobierno recuerda que ya estuvo en vigor un mecanismo muy similar entre 2006 y 2009 que validó el Tribunal de Justicia de la UE en octubre de 2013. La propuesta busca respetar "las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión (año 2005)".

Con el carbono en máximos históricos y sin visos de que la tendencia vaya a aflojar, el mes pasado ha sido el mayo más caro de la historia, con un incremento de la factura final del 44%, si bien compara con el 2020 de la pandemia y el confinamiento. Aupado por el CO2 y los altos precios del gas natural, el precio medio del pool en lo que va de 2021 se sitúa ya en 53 euros el megavatio hora, uno de los más elevados de la historia.

Junio amenaza con ser otro mes extraordinariamente caro. Y esto no lo va a solucionar este anteproyecto, como tampoco lo hará el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE) que el Consejo de Ministros prevé remitir al Congreso este martes. El proyecto prevé sacar de la tarifa eléctrica gradualmente (en cinco años) el coste de las primas a las renovables más antiguas (7.000 millones de euros) y cargarla al conjunto de comercializadoras de energía. Esta propuesta sí tiene el aplauso cerrado de las eléctricas, pero cuenta con el rechazo de petroleras y gasistas y parte de la industria.