Bruselas inicia un procedimiento de infracción y, con ello, abre la vía judicial contra Alemania por los fallos de su Tribunal Constitucional contra el Tribunal de la UE y la independencia del BCE. Así, la Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Alemania por "violación de los principios fundamentales del Derecho de la UE, en particular los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el respeto de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE".

La noticia fue adelantada este martes por la agencia alemana DPA, y después confirmada por Europa Press un día antes de que Bruselas hiciera pública este miércoles la decisión. El Ejecutivo comunitario recuerda que el 5 de mayo de 2020, "el Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictó una sentencia sobre el Programa de Compras del Sector Público (PSPP) del Banco Central Europeo (BCE), en la que lo declaró ultra vires, es decir, que el BCE se extralimitó".

"En la misma sentencia", afirma Bruselas, "el Tribunal Constitucional alemán también declaró que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE también se extralimitaba y era ultra vires, sin remitir el asunto al Tribunal de Justicia. En consecuencia, el Tribunal alemán privó a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de su efecto jurídico en Alemania, violando el principio de primacía del Derecho de la UE".

"Esta es la razón para iniciar este procedimiento de infracción", sentencia Bruselas, que añade: "Mediante un auto de 29 de abril de 2021, el Tribunal Constitucional alemán rechazó dos solicitudes de orden de ejecución para la sentencia de 5 de mayo de 2020. Sin embargo, el auto de 29 de abril de 2021 del Tribunal Constitucional alemán no revierte las infracciones relativas al principio de primacía del Derecho de la Unión". Por tanto, "la Comisión Europea considera que la sentencia del Tribunal Constitucional alemán constituye un precedente importante, tanto para la futura práctica del propio Tribunal Constitucional alemán como para las cortes y tribunales supremos y constitucionales de otros Estados miembros".

Alemania dispone ahora de dos meses para responder a las preocupaciones planteadas por la Comisión.

Los autoritarios gobiernos de Hungría y Polonia desafían por sistema los mecanismos de integración europea. Va en su discurso político, por eso Viktor Orbán se hace fotos con Santiago Abascal y el partido gobernante en Polonia, PiS, es el principal aliado europeo de Vox.

De hecho, no tardó el Gobierno polaco en dar la bienvenida al fallo del tribunal alemán que cuestionaba al TJUE: "Los Estados miembros son los dueños de los Tratados de la UE, esto es lo que dijo hoy el Tribunal Constitucional Federal alemán. Los alemanes defienden su soberanía. La UE tiene que decir hasta donde los Estados miembros le permitamos".

Del mismo modo que lo hacía Matteo Salvini cuando era el hombre fuerte del Gobierno italiano, o como lo hace su compañera de batallas, Marine Le Pen: defienden una Unión Europea de los Estados, no una Unión Europea federal o más integrada. Y el pulso de Salvini acabó con la extrema derecha de la Lega fuera del Gobierno italiano y el viceprimer ministro en la oposición.

Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán golpeaba en mayo de 2020 contra dos instituciones federales europeas fundamentales para avanzar en la integración económica, social y de derechos: el Banco Central Europeo, importante actor comunitario en la respuesta a la crisis del coronavirus; y el Tribunal de Justicia de la UE, garante de la igualdad ante la ley y vigilante de los atropellos al Estado de derecho en países como Hungría y Polonia. Y lo hizo al cuestionar la legalidad de los programas de compra de deuda del BCE lanzados desde 2015 (PSPP), lo cual pone en cuestión el plan actual ante la crisis del coronavirus (los 1,8 billones del PEPP).

El Banco Central Europeo, por su parte, ha defendido que sus actuaciones estaban amparadas "por la sentencia del TJUE de diciembre de 2018" y reiteraba: "El Consejo de Gobierno sigue completamente comprometido en hacer todo lo que sea necesario dentro de su mandato para asegurar que la inflación sube a niveles consistentes con su objetivo a medio plazo y que la acción de política monetaria adoptada para lograr el objetivo de mantener la estabilidad de precios se transmite a todas las partes de la economía y a todas las jurisdicciones de la zona del euro".

El dirigente de AfD Tino Chrupalla, la extrema derecha alemana, se apresuraba a celebrar el fallo: "Con la sentencia de hoy, el Tribunal Constitucional Federal ha puesto a las instituciones de la UE en su lugar. Cuando el BCE excedió sus poderes, el Tribunal de Justicia Europeo lo aprobó. Es bueno que el estado constitucional alemán esté enviando una primera señal".

Hace años, explicaba en eldiario.es Manuel de la Rocha, ahora director de la Oficina Económica de Pedro Sánchez en Moncloa, lo que se juega en el Tribunal Constitucional alemán: " Con esta tragicomedia nos recuerdan quien manda en Europa, su tribunal constitucional juzga nuestras instituciones europeas. Un intento a la vuelta de la Europa Alemana que tanto teme Ulrich Beck. Lo que subyace a esta contienda son dos formas de entender Europa; los ortodoxos ordoliberales alemanes para quienes solo el sometimiento a las reglas y disciplina de los mercados nos sacará de esta crisis, frente a los que pensamos que la UE es algo más que una gran plaza financiera, y que la solidaridad entre pueblos y ciudadanos forma parte del ADN europeo. Hasta ahora los primeros han llevado la voz cantante, pero el viento de los tiempos está cambiando".

Después de varias semanas en vilo, el Tribunal Constitucional alemán despejó a finales de abril el camino para los 750.000 millones (140.000 millones para España, entre transferencias y créditos) de los fondos de recuperación europeos. Así lo decidió este miércoles al rechazar las medidas cautelares y permitiendo la ratificación en el Parlamento federal de la orden de recursos propios (la que permite que la Comisión Europea emita deuda para financiar los fondos), que había paralizado a finales de marzo.

El tribunal con sede en Karlsruhe, no obstante, no se manifestaba sobre la cuestión de fondo, que queda pendiente más adelante, si bien da el visto bueno dado lo que está en juego y advierte de que puede negarse en una futura ocasión si llega el caso con un nuevo fondo de recuperación, por ejemplo.

En todo caso, el tribunal decía que la denuncia, entre otros del partido de extrema derecha AfD, no es "infundada", pero entiende que bloquear el instrumento de deuda conjunta de la UE (800.000 millones a precios actuales) trae consigo más riesgos que una posible violación de la Constitución de Alemania.

"Retrasar la entrada en vigor de la Decisión sobre recursos propios de 2020 afectaría negativamente al objetivo de política económica perseguido", decían los jueces: "Las consecuencias resultantes podrían resultar irreversibles y, dado que como instrumento de recuperación, el NGEU [fondos de recuperación] tiene como objetivo específico abordar las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y prevé medidas a tomar en un período de tiempo relativamente corto, retrasar la entrada en vigor de la Decisión supondría, además, una tensión importante en las relaciones exteriores y europeas".

"Por el contrario", proseguían los jueces, "las desventajas que surgirían si no se dicta la orden judicial preliminar y luego se declarara inconstitucional la ley que ratifica la Decisión sobre recursos propios de 2020, tienen un peso significativamente menor. En este caso, la Decisión sobre Recursos Propios de 2020 podría entrar en vigor una vez que todos los Estados miembros la hayan ratificado, autorizando a la Comisión Europea a pedir prestado hasta 750.000 millones de euros a precios de 2018 en los mercados de capitales en nombre de la Unión Europea hasta el año 2026".

Por tanto, "si en el procedimiento principal se concluyera que la Decisión sobre recursos propios de 2020 equivale a un acto ultra vires [de invasión de competencias europeas sobre las alemanas], parece posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previa remisión del Tribunal Constitucional Federal, pudiera declarar nula la Decisión sobre recursos propios de 2020. Si la Corte Constitucional Federal determinara que la Sentencia de Recursos Propios de 2020 constituye un acto ultra vires o declara, contrariamente al examen sumario en el procedimiento de medida cautelar, que invade la identidad constitucional, correspondería al Gobierno Federal, Bundestag y Bundesrat para restaurar el orden constitucional por todos los medios a su alcance".