A falta de anuncio oficial del Gobierno, la subida del salario mínimo para el final de 2021 ya se da por sentada. La clave y el centro del debate para los próximos días radica sobre todo en la cuantía del aumento, así como desde cuándo se aplicará. La previsión es que incluya el mes de septiembre, pero es un punto aún en discusión. La negociación tendrá lugar en el diálogo social con los sindicatos y empresarios, pero también en el seno del Ejecutivo, donde aún no hay cerrada una propuesta de incremento.

Después de meses de desencuentro, en el Gobierno de coalición ya suena una misma melodía sobre la disposición a subir el salario mínimo este 2021. A comienzos de año, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió su aumento, aunque fuera testimonial, como el 0,9% de incremento de las pensiones y los sueldos públicos. Pero el presidente Pedro Sánchez optó por la congelación del SMI que reclamaba la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dada la crisis ocasionada por la pandemia.

Tras varios meses con una evolución de los datos de empleo muy favorable, mejor de lo esperado y que ha situado la afiliación casi en una situación prepandemia, las resistencias del ala socialista del Ejecutivo han cedido. Calviño ha destacado en sus últimas intervenciones la necesidad de la creación de empleo, pero también de una "mejora de las condiciones laborales", que ha destacado como "la combinación más potente" para la recuperación económica. Unos meses antes, la responsable económica del gobierno incidía precisamente solo en el primer elemento –la creación y recuperación de puestos de trabajo– para justificar la congelación del SMI.

Ahora, llega el momento de definir los detalles de la subida de los salarios más bajos, que es una potestad del Gobierno, pero este reitera su intención de tomar la decisión acompañado de los agentes sociales. El contexto ya no es el de comienzos de año, con la previsión de un fuerte crecimiento económico al final de año, por lo que los sindicatos reclaman un incremento más ambicioso. Los empresarios en cambio mantienen su discurso público de oposición al aumento del SMI, por lo que todo hace prever que pugnarán por contener la subida lo máximo posible.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que aún no está decidida la cifra de aumento de los salarios más bajos. Esta conversación se está desarrollando entre Trabajo y la Moncloa. Primero, insisten en el Gobierno, hay que escuchar al diálogo social. La vicepresidenta Nadia Calviño emplazó el debate sobre el SMI a después del verano, "en septiembre", y Trabajo no se ha demorado ni un día para abordar la negociación. El Ministerio que dirige Díaz ha citado el 1 de septiembre a los sindicatos CCOO y UGT y a las patronales CEOE y Cepyme para abordar la negociación en el diálogo social.

Los representantes mayoritarios de los trabajadores reiteraban este jueves que no se conformarán con una subida "testimonial ni estética", en palabras del líder de CCOO, Unai Sordo. Los trabajadores con estos salarios más bajos han estado con sus remuneraciones congeladas durante la gran mayoría del año, frente a otros colectivos, y además ahora el contexto es de fuerte subida de precios, incluidos algunos bienes básicos como la electricidad, que está en máximos históricos.

"No estamos en enero de 2021, por lo que no nos planteamos un aumento como el referido entonces, del 0,9% al 1,3%. Los precios ahora están como están, rozando el 3%", recuerda Sordo a este medio. "Nuestra posición es de un aumento del 3%, de garantía del poder adquisitivo en 2021. Si no, vamos a pedir una garantía de subida para 2022. No queremos volver a vernos como a comienzos de este año, con una subida condicionada al crecimiento económico o del empleo", añade el secretario general de CCOO.

En UGT reclaman también la necesidad de hablar de una "senda de subida", incluso hasta 2023, no solo del incremento del salario mínimo para la recta final del año y con 2022 a la vuelta de la esquina. "Con el salario mínimo llueve sobre mojado y estamos un poquito cansados, por no decir quemados, de que hoy aparezca una cosa y mañana otra", señalaba este jueves Pepe Álvarez, líder del sindicato. "Vamos a ver si finalmente el Gobierno está de acuerdo con la mayoría de países europeos", añadía Álvarez. España se sitúa en la minoría de estados que ha dejado los salarios más bajos congelados.

Aunque el Gobierno no habla por el momento de cifras, la vicepresidenta Yolanda Díaz suele referirse al informe de expertos que encargó el Ministerio de Trabajo para definir la senda de subida del SMI hasta el compromiso del 60% del salario medio al final de la legislatura. El comité recomendó un aumento del 1,3% al 2% este año, unos 12 a 19 euros al mes, según distintos escenarios.

Por su parte, en la patronal siguen enrocados en el discurso público del "ahora no toca". En CEOE remiten a las últimas palabras del presidente de la patronal al respecto, en julio. "Nosotros pensamos que en la circunstancia actual no es el momento de hablar de SMI cuando estamos en fase de recuperación", apuntó Antonio Garamendi, que destacó que en algunas regiones, como Extremadura, es un tema sensible que preocupa mucho a los empresarios.

Otra referencia posible de cara a la negociación es qué está sucediendo en la negociación colectiva, es decir, en los convenios colectivos firmados a lo largo de 2021. Según los últimos datos disponibles, hasta julio, el aumento salarial medio pactado era del 1,6%.

Hay otro fleco pendiente, además de la cuantía de la subida del SMI: el inicio de la aplicación de esta. Aunque todo parece indicar que el incremento tendrá efectos desde el 1 de septiembre, aún hay algunas dudas –e inquietudes– al respecto. En los sindicatos reclaman desde hace meses una subida urgente y denuncian que septiembre "ya es tarde", por lo que no consideran otra opción que un incremento para los últimos cuatro meses de este ejercicio.

Sin embargo, como el Gobierno quiere dar espacio al diálogo social y los empresarios siguen defendiendo su negativa, hay algunos temores de que la negociación se demore y el incremento pueda posponerse un poco más.

Las patronales han destacado en varias ocasiones que la fijación del SMI es responsabilidad del Ejecutivo, con aparentes pocas ganas de negociar. En el pasado ya hicieron lo mismo y al final accedieron a un pacto para elevarlo a los 950 euros. Los dirigentes patronales afirmaron que hubieran "preferido que subiera algo menos". Pero "nos preocupaba mucho más la cantidad de 1.000 euros", añadieron. Ahora, los empresarios no cuentan con respaldos en el Ejecutivo para mantener la congelación, como ocurrió con Calviño en el arranque de año, por lo que pueden tener más voluntad de negociar.