La compensación para las eléctricas por el tope de 50 euros por megavatio hora (MWh) a la generación con gas pactado por España y Portugal se va a cargar inicialmente solo a los consumidores que se van a beneficiar de esta medida, los directamente expuestos al mercado mayorista de electricidad: hogares en tarifa regulada y la gran industria que va al pool. Posteriormente, se extenderá al resto, acogidos a tarifas a más largo plazo y no expuestas a la volatilidad del denominado pool, a medida que sus contratos venzan.

Fuentes del Gobierno recalcan que con la solución ibérica acordada con Bruselas "no pagaremos más, porque el ahorro neto será superior", porque el gas dejará de contaminar los precios del mercado mayorista eléctrico, al situarse en el entorno de los 130-140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh actuales, tal y como ha insistido en los últimos días la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Esas compensaciones a los ciclos por la diferencia entre ese tope de 50 euros y el coste real de la materia prima, que en el sector estiman entre 5.000 y 6.000 millones de euros, van a estar en vigor durante un año, hasta que acabe el próximo invierno. El objetivo es que no se socialicen desde el principio entre todos los consumidores, sino solo entre aquellos que se van a beneficiar de la medida cuando se ponga en marcha.

En España, los beneficiados van a ser fundamentalmente dos grupos de consumidores: domésticos acogidos a la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que suponen más del 30% de los suministros de baja tensión y alrededor del 10% de la demanda eléctrica; y grandes grupos industriales que compran directamente su energía en el mercado mayorista.

En el caso de estos últimos, el 90% de la energía la obtienen en el pool, según la asociación de grandes consumidores, AEGE, que aplaude el tope el gas pero pide a Ribera que ponga en marcha unas subastas de electricidad barata anunciadas en septiembre para obligar a las eléctricas a ceder su energía inframarginal (nuclear e hidroeléctrica) que el Ministerio descarta por ahora porque esa energía ya está comprometida.

Según fuentes de Transición Ecológica, la solución ibérica para el gas "no afectará al margen de las COR", las filiales de las grandes eléctricas que están obligadas a suministrar el PVPC, cuya rentabilidad se fija por decreto.

Según informaba este jueves el diario portugués Público, el Gobierno luso era consciente del riesgo de que el coste de compensar a los ciclos recayera sobre los consumidores de Portugal no expuestos a las variaciones diarias del pool y en los acogidos a contratos estables. Y esa fue una salvaguarda planteada por el Gobierno de António Costa desde el inicio de las negociaciones con España. Las empresas eléctricas también plantearon esa preocupación a la Comisión Europea en la intensa campaña de presión que llevaron a cabo para intentar tumbar la medida.

En Portugal, más del 90% de los hogares tienen contratos a precio fijo, mientras que en España el PVPC supone entre el 30 y el 40% de los suministros domésticos. Fuentes del Gobierno luso aseguraron a ese diario que la medida "no comporta un perjuicio para los consumidores", porque el saldo será siempre positivo y "los beneficios netos del mecanismo permiten financiarlo y reducir el precio".

Es la misma idea que ha defendido en los últimos días Ribera. La vicepresidenta ha explicado que la reducción de precios que se va a conseguir con esta fórmula para desacoplar los precios del gas "es tan importante que todo el mundo sale ganando".

"No queremos cargar el sistema con nuevos costes y debemos pagar lo que consumimos", pero evitar la contaminación del gas en el pool "nos da una holgura muy importante" para rebajar los precios. Las eléctricas, según Ribera, están "en contra" porque "reducen enormemente" sus beneficios "inesperados" por la subida del gas de los últimos meses

Respecto a "cómo pagamos ese ajuste, lo hacemos en función de la energía que consumimos aquellos que nos vemos beneficiados por la medida. E incluso en esas condiciones pagaremos menos", en palabras de la vicepresidenta. Y "los consumidores que tienen contratos a largo plazo solamente verán actualizada esta referencia cuando se produzca una actualización de su contrato".

Esos consumidores también deberán "contribuir" para financiar esas compensaciones al gas, pero cuando venzan sus contratos, por lo que será una "integración progresiva", de forma "que el conjunto de los consumidores a lo largo de todo el año, incluyendo el invierno de 2023, tengan una tarifa más baja". Y tendrán "un incremento extraordinariamente moderado, muy por debajo de lo que han sido las reducciones fiscales o las reducciones de los costes asociados a cargos", según Ribera.

La estimación del Gobierno es que "en principio todos ganamos: aquellos que contamos con tarifas indexadas al mercado mayorista o que, como los industriales, van al mercado mayorista a comprar ven reducido el precio de la electricidad". El Ejecutivo está trabajando a marchas forzadas en la redacción del Real Decreto-Ley que recogerá la medida, que espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. Supondrá, según Ribera, una rebaja del 30% en los precios para los consumidores en PVPC.

Un tope de 50 euros a la generación con gas equivaldría, sumando el coste de los derechos de emisión, a unos precios del pool de unos 130 euros-140 euros/MWh. Son niveles que no se ven desde el pasado septiembre, y aunque muy superiores a los de un año normal (el doble, en cifras redondas), contrastan con el precio medio de marzo, que fue de 283 euros/MWh. Entonces, el mercado mayorista pulverizó todos sus récords contaminado por la exponencial subida del gas natural derivada de la guerra en Ucrania.

Bruselas ha aceptado que ese tope sea inferior en las primeras semanas de aplicación de la medida, cuando se va a fijar en 40 euros, para aumentar luego hasta esos 50 euros. Esto se traducirá en precios del orden de los 100-120 euros/MWh, inéditos desde el pasado agosto, lo que va a tener su traslado a la inflación, que en abril alcanzó el 8,4%, en parte porque el INE por ahora solo calcula el IPC de la electricidad midiendo los contratos que están acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).