La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sancionado con más de 116 millones de euros a empresas españolas que se acogieron mal a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) entre los años 2000 y 2018. La RIC es uno de los principales incentivos fiscales en Canarias que permite a los empresarios reducirse hasta un 90% del impuesto de sociedades. Las multas corresponden a los datos de más de un millar de actas de infracción tributaria a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, tras una solicitud de información en virtud de la Ley de Transparencia.

La Reserva para Inversiones en Canarias es uno de los incentivos fiscales más agresivos del régimen fiscal canario. Permite a cualquier empresa o establecimiento con sede en el archipiélago destinar hasta el 90% de sus beneficios a esta reserva y solo tributar por el 10% restante. A cambio, las empresas se comprometen a reinvertir estos beneficios en Canarias durante los siguientes tres años.

¿Cómo funciona? Una empresa gana un millón de euros en beneficios en el último año. Si no se acoge a ninguna bonificación o deducción fiscal, tendrá que pagar el 25% de esas ganancias en el impuesto de sociedades. Es decir, 250.000 euros. Si destina parte de esos beneficios a la RIC, se podría reducir hasta un 90% la base sobre la que paga impuestos. En vez de pagar el 25% del millón de beneficios, los paga sobre 100.000 euros. La cuota final sale a 25.000 euros, reduciendo el tipo efectivo hasta el 2,5%.

En compensación, la empresa tendrá que invertir esos beneficios exentos de impuestos en Canarias. Los requisitos para reinvertir, aunque han sido modificados a lo largo de los años, son relativamente laxos y permiten destinar estos beneficios a crear o ampliar establecimientos de la empresa, rehabilitar zonas hoteleras o comerciales, a crear puestos de trabajo, adquirir acciones de otras sociedades, hacer promociones de vivienda protegida, comprar títulos de deuda pública de las administraciones públicas canarias o, incluso, la creación de instrumentos financieros para que otras empresas materialicen la inversión.

Desde el año 2000, Hacienda ha abierto 1.132 expedientes de infracción tributaria a empresas canarias que incumplieron los requisitos para acogerse a este beneficio fiscal.

Unos datos de los que el sector empresarial culpa a las restrictivas interpretaciones de la Agencia Tributaria. "Lo que ocurre es que las diferentes interpretaciones que se han hecho por parte de la Inspección de la AEAT a veces no coinciden con la que se hace desde los sectores económicos", defiende el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, Juan Luis Alayón. 

Esta crítica a la falta de "seguridad jurídica" se repite en el discurso de todas las asociaciones empresariales del archipiélago en los principales medios de comunicación canarios. "Es necesario que exista una mayor seguridad jurídica que permita a los empresarios e inversores acometer las inversiones sin el riesgo y la incertidumbre que se está creando con las actuaciones e interpretaciones de la Dirección General de Tributos", defiende Alayón.

Unas diferencias de interpretación de la ley que han derivado en una batalla judicial que se lleva años produciendo entre los empresarios y asesores fiscales canarios contra la inspección de la Agencia Tributaria.

Tal y como ha documentado elDiario.es en más de 300 sentencias judiciales publicadas en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), decenas de empresas canarias han recurrido estas sanciones tributarias hasta llegar, incluso, al Tribunal Supremo. 

Entre los principales motivos de estas regularizaciones fiscales han sido, por ejemplo, destinar a la RIC los beneficios no afectos a la actividad económica como la venta de acciones o de inmuebles. También aparentar la realización de una actividad en Canarias cuando se realiza en otro lugar, materializar la reserva en activos no vinculados a la actividad empresarial como vehículos para uso particular o segundas residencias o por no hacer las inversiones en el plazo de tres años.

"Hay casos flagrantes en los que la RIC está mal invertida, pero la gran mayoría de los casos son por innovaciones tributarias o interpretaciones de la normativa fiscal por parte de los inspectores de la Agencia", reconoce Salvador Miranda, director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal en Canarias (REF) y uno de los mayores expertos de las particularidades fiscales del archipiélago. La cátedra se creó en 2014 gracias a un convenio entre la Universidad de Las Palmas y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria.

"El problema es que al principio la ley no decía nada. Durante muchos años, las empresas destinaban cualquier beneficio a la RIC, pero después dijeron que no valía cualquier beneficio y muchas tuvieron que ir a los tribunales", explica Miranda. 

Es el caso de Lopesan, una de las mayores compañías hoteleras de Canarias que es propiedad de una de las personas más ricas de España, Eustasio López. En 1998, el grupo destinó a la RIC cerca de 24 millones de euros (en pesetas de entonces) provenientes de la venta de un terreno en el sur de Gran Canaria y de la venta de 120 acciones de una de las filiales del conglomerado a la Caja Insular de Ahorros. El objetivo, destinar estos beneficios exentos de impuestos a construir el Gran Hotel Costa Meloneras.

Sin embargo, la Agencia Tributaria consideró como no aptos estas dotaciones a la RIC ya que en las operaciones realizadas no existía "una actividad empresarial sino una meramente patrimonial". Esto es, que esos beneficios no habían sido generados por la actividad económica de la compañía sino a través de operaciones financieras y de venta del patrimonio de las sociedades. El grupo turístico llevó el asunto a los tribunales que fallaron a favor de la administración en sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Similar a la resolución que recibió el promotor catalán Santiago Puig, uno de los empresarios con más influencia del sur de Tenerife. Una de sus sociedades destinó en 1999 más de 3 millones de euros a la RIC para ahorrarse impuestos en la compra de los terrenos del Campo de Golf Las Américas, que explotaba desde hace varios años. La Inspección, según consta en la sentencia, consideró que no podía considerarse esta inversión como una mejora tecnológica ya que "la construcción del campo de golf y sus instalaciones se realizaron antes de la aplicación de la RIC y resulta obvio que la transmisión nada ha modificado". 

Desde la asociación de asesores fiscales denuncian que las interpretaciones de los inspectores han sido "tradicionalmente restrictivas" sobre la aplicación de estas bonificaciones fiscales. Una afirmación que niegan tajantemente en el Ministerio de Hacienda: "La Inspección no realiza innovación alguna, sino que se limita a vigilar el cumplimiento de la ley,  regularizando aquellos supuestos que suponen una vulneración clara de lo dispuesto en la norma y actuando con arreglo al criterio dictado por la doctrina administrativa y los tribunales".

Las principales patronales canarias (CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios) rechazaron hacer declaraciones para este reportaje.

La Reserva para Inversiones Canarias (RIC) continúa siendo uno de los principales incentivos fiscales del archipiélago. Así lo demuestran los datos. Solo entre 2008 y 2018, las empresas canarias y establecimientos con sede en las Islas destinaron 8.827 millones de euros a la reserva, según las cifras publicadas en las cuentas anuales del Impuesto de Sociedades. Una cifra que les supuso un ahorro fiscal aproximado de 2.470 millones en la última década.

Los mayores excesos se produjeron durante la burbuja inmobiliaria durante los que se llegaron a destinar hasta 2.500 millones de euros a esta reserva en 2006. Un crecimiento desmesurado de la reducción fiscal que el Gobierno de Zapatero intentó frenar por las dificultades para materializar en inversiones las elevadas cantidades de bonificaciones fiscales. 

Precisamente, durante la burbuja arreciaron críticas a la RIC ya que en ese momento se promovió la compra de inmuebles para arrendamiento en plena escalada de precios, una inversión no permitida con la normativa actual. Es decir, un empresario podía destinar parte de sus beneficios sin impuestos a comprar una vivienda y destinarla al alquiler. "En la calle no se entiende, tampoco, como empresarios y profesionales pueden adquirir bienes inmuebles con la RIC para alquilar subiendo constantemente el precio del metro cuadrado de la vivienda", se exponía en un informe de los primeros nueve años de aplicación del incentivo publicado en 2003.

Aunque nunca se han alcanzado los importes de las dotaciones de antes de la crisis financiera, las ganancias destinadas a la RIC volvieron a subir con la recuperación económica. En la última década, las aportaciones para reducir la base imponible subieron de los 632 millones en 2009 a los 1.058 de los últimos datos disponibles.

Estas cifras no incluyen las regularizaciones fiscales y las sanciones impuestas a las empresas por irregularidades en la aplicación del beneficio fiscal. 

Las irregularidades fiscales en la Reserva para Inversiones en Canarias muchas veces han tenido como protagonistas a algunos de los casos de corrupción más famosos del archipiélago. Es el caso, por ejemplo, de los dos empresarios condenados por el Caso Las Teresitas, Antonio Plasencia e Ignacio González. 

Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad que crearon en 1998 los empresarios para adquirir los terrenos de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, destinó a la RIC parte de los beneficios conseguidos en el pelotazo urbanístico, según reveló Canarias Ahora.  En concreto, destinó a la reserva parte de sus ganancias con el dinero malversado para reducir la factura fiscal que finalmente se destinaron a la compra de bonos de deuda pública de administraciones canarias.

El modus operandi se repite en el Caso Tindaya. La sociedad Canteras Cabo Verde vendió al Gobierno de Canarias los derechos de explotación de la Montaña Tindaya muy por encima de su valor real y destinó los beneficios de la operación a la Reserva de Inversiones Canarias para ahorrar más de un millón de euros en impuestos.

Rafael Bittini, el dueño de la compañía y ya condenado por fraude fiscal, destinó a la RIC los cerca de 6 millones de euros que ganó al ceder los derechos de explotación de la cantera. Una decisión que le abrió un expediente ante la Inspección Fiscal ya que el beneficio obtenido no procedía de una actividad empresarial. La empresa acudió a los tribunales pero perdió tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, que dieron la razón a la Agencia Tributaria.

También uno de los testaferros de Fórum Filatélico fue sancionado por la Agencia Tributaria por irregularidades para acogerse a la RIC en Canarias. José Ana Labajos, testaferro de la trama, vendió dos terrenos en el municipio tinerfeño de Santa Cruz de Tenerife a Fórum por 1,2 millones de euros en 2002. Unas parcelas que multiplicarán su valor con la recalificación hasta los 15 millones de euros.

La sociedad del testaferro dotó a la Reserva de Inversiones los 1,2 millones de euros de ganancia por la venta de los terrenos para ahorrarse unos 400.000 euros en impuestos. Una actuación que tanto la inspección fiscal como los tribunales rechazaron de plano: "No hay prueba alguna de que los terrenos fueran otra cosa que rústicos y que la venta constituyera una operación ordinaria, dentro de la actividad de promoción aún no iniciada que generase beneficios aptos por ello para sustentar la dotación económica a la RIC", se indica en la sentencia.