Perú tiene nuevo presidente, uno elegido en las urnas, pero aún no ha sido proclamado vencedor oficialmente. El maestro rural y líder sindicalista de izquierda Pedro Castillo ha ganado las elecciones del pasado domingo por un margen muy estrecho, con el 50,17% de los apoyos, superando a su rival, la candidata de derecha Keiko Fujimori, en algo más de 60.000 votos. En comicios anteriores esa diferencia habría servido para proclamar al ganador, pero esta vez la hija del exdictador Alberto Fujimori no acepta su derrota y ha pedido la anulación de 802 actas al denunciar, sin pruebas, un supuesto "fraude electoral" en mesa.

Ese elevado número de impugnaciones supone un escenario inédito que solo añade más incertidumbre a un país ya polarizado y profundamente dividido. En un principio ambos candidatos se comprometieron a respetar los resultados electorales, pero según avanzaba el ajustado escrutinio Keiko Fujimori pidió la nulidad de esas 802 mesas electorales, que representan unos 200.000 votos, por hallar supuestas "irregularidades" como falsificaciones de firmas, datos faltantes o sumas erróneas. 

"Esas famosas irregularidades son errores comunes, formales, que se han dado en otros procesos electorales y que incluso muestran el propio desconocimiento que la candidata tiene sobre el funcionamiento del sistema. Si bien es importante identificarlos y corregirlos, no suponen un delito de fraude, pues no están relacionados con una intención de cambiar la voluntad de los votantes", explica a elDiario.es la abogada Cruz Silva, coordinadora del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y del Grupo de Trabajo contra la Corrupción. 

La candidata conservadora sostiene que el partido de Castillo, Perú Libre, controló cientos de mesas electorales en zonas rurales -sobre todo del sur- donde el izquierdista ha obtenido una victoria aplastante y, al impugnar esos votos ya contados, busca revertir los resultados. Lo más curioso es que lo hace en el nombre de la democracia, cuando inicialmente esos votos no fueron impugnados por ninguno de los postulantes.

"La idea de este presunto fraude electoral, que viene acompañado de una supuesta lucha por la democracia, ha generado que el escenario de incitación al odio y la violencia de quienes defienden las instituciones electorales se esté crispando más", asegura Silva, quien teme que la fortaleza que hasta el momento han demostrado tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones se pueda ahora desmoronar. De momento, hasta que la ONPE no resuelva los recursos de nulidad contra esas 802 mesas de votación, no se proclamará al vencedor de los comicios, y ese proceso puede extenderse durante varios días.

El partido fujimorista Fuerza Popular, recuerda Silva, no ha sido el único en hablar de fraude en esta segunda vuelta de los comicios. En días anteriores numerosos seguidores de la formación política amenazaron en redes sociales con convocar a las Fuerzas Armadas "para que pusieran orden". Ante esta situación el propio Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitieron el miércoles un comunicado en el que exhortaron a la población peruana a respetar los resultados electorales. 

"Reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 6 de junio, como corresponde", indicaron en el comunicado.

Teniendo en cuenta el clima de miedo y tensión que ha imperado en la campaña electoral, el pronunciamiento de las fuerzas del orden "supone un respiro", asegura la abogada, pero también "hay sectores de militares retirados que han hecho videos y han enviado cartas diciendo que no van a permitir que el comunismo -en referencia al partido izquierdista de Castillo-, se instale en el país".

En esta segunda vuelta Keiko Fujimori no dudó en agitar el fantasma del comunismo -tan temido en Perú al asociarse al terrorismo de Sendero Luminoso- para menoscabar la candidatura de Castillo y buscar su triunfo. Este tipo de posturas son las que han llevado precisamente al país a una polarización extrema. 

Pero a pesar de estos hechos y de las denuncias de fraude de la candidata conservadora, la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han asegurado que el proceso electoral peruano se organizó de manera correcta y exitosa. 

Cuando parecía que a esta interminable contienda electoral no se le podían añadir más ingredientes, el jueves el fiscal José Domingo Pérez pidió que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva por el caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil que destapó una red de sobornos en casi toda América Latina. 

La candidata de derecha, que ya ha estado en dos ocasiones en prisión preventiva, se encuentra ahora en libertad condicional. Está acusada de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, falsedad y obstrucción a la Justicia por ocultar presuntas donaciones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus anteriores campañas electorales en 2011 y 2016. Por ellos la Fiscalía peruana pide 30 años y 10 meses de prisión.

El fiscal Pérez considera que Fujimori ha incumplido una de las condiciones de la libertad condicional al comunicarse con testigos vinculados a esta investigación. El mismo jueves la candidata calificó ese pedido de "absurdo" en una rueda de prensa en la que también aseguró que el fiscal solo pretende "seguir siendo el protagonista de esta campaña electoral".

El testigo del caso con el que habría estado vinculada, según el fiscal, es Miguel Torres, portavoz de Fuerza Popular y asesor de confianza de la candidata.

Keiko Fujimori "ha violado esas reglas de conducta y el fiscal ha indicado que se debe revocar la libertad condicional que se le concedió en abril de 2020. Está demostrado que es la cabecilla de una organización criminal, porque hay pruebas, y por ello está acusada desde marzo de este año", recuerda Silva. "Es un desastre, pero esto lo permite el sistema electoral, el sistema político que no se ha reformado, y que ayuda a que los investigados se mantengan en el poder, lo cual es una locura".

El Instituto de Defensa Legal que representa la abogada, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos humanos y la democracia, ha pedido garantías para que no sean despedidos tanto Pérez como el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, pues "llevan siendo acosados desde hace tres años, justo en las épocas en las que hay avances en la investigación".

Pese a este duro golpe para Keiko Fujimori, la candidata presidencial cuenta con el apoyo con una mayoría de empresas y medios en el país. Su insistencia en las denuncias de fraude indica que no tiene intención de reconocer de momento su derrota.

Por el momento son pocos los mandatarios latinoamericanos se han animado a felicitar a Pedro Castillo como presidente electo de Perú antes de la confirmación oficial de las autoridades. De momento lo han hecho el argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce, además de otros expresidentes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otro lado, hasta 17 expresidentes iberoamericanos han pedido que no se declare ganador a ningún candidato hasta que no se resuelvan todas las impugnaciones de las actas electorales. También apoya esta petición el ex presidente José María Aznar.

El reto de gobernar Perú será inmenso en cualquier caso. El país andino atraviesa desde hace años una grave crisis política con choques de poderes entre el Gobierno y el Congreso peruano. 

Esa crisis alcanzó su punto álgido en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra y fue sustituido por el conservador Manuel Merino, aunque este último apenas duró unos días en el cargo debido a las intensas protestas que se produjeron en todo el país.

Tras la obligada dimisión de Merino, Francisco Sagasti tomó posesión como presidente interino y es quien se ha mantenido al frente del país en estos últimos meses en los que tan duramente ha golpeado la pandemia del coronavirus.