Antonia Vallejos observa la pantalla de su computador con una mezcla de angustia y asombro: acaba de percatarse de que tendrá que pagar más de veinte millones de pesos chilenos (cerca de 25.000 dólares) por haber estudiado una carrera universitaria en Chile.
La joven, de 23 años, está cursando tercero de Enfermería en una universidad privada y en cuanto se titule tendrá 20 años para devolver el Crédito con Aval del Estado (CAE) a su banco, con los intereses correspondientes, tal y como estipula un sistema fuertemente cuestionado por los universitarios chilenos.
Junto a derechos básicos como la salud o las pensiones, el clamor por una educación pública y de calidad se ha hecho oír en las protestas que han tomado las calles de Chile desde hace cuatro semanas, en el marco del estallido social más grande desde el retorno de la democracia, que ya deja al menos 22 muertes y miles de heridos y detenidos.
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