La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) descarta cambiar ahora los tramos horarios de la nueva factura de la luz que se acaba de implementar porque “llevamos una semana de nueva estructura tarifaria” y “sería precipitado” hacerlo sin un estudio de cómo está funcionando el nuevo esquema.

Es la respuesta del súperregulador sobre la propuesta de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de adelantar a las 22 horas la hora valle (el tramo más barato), en lugar de que comience a la medianoche, como ahora, secundada también por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y defendida por la asociación de consumidores Facua.

Fuentes de la CNMC, que es el organismo que propuso la nueva estructura de tarifas, señalan que “el diseño de peajes se ha llevado a cabo a partir de un riguroso trabajo de análisis de costes y perfiles de demanda de los colectivos de consumidores” y no es “arbitrario ni aleatorio”, por lo que “sería precipitado modificar los tramos horarios sin un estudio de cómo está funcionado el nuevo esquema”.

Las mismas fuentes indican que “el nuevo modelo de peajes en España transpone la normativa europea que obliga a trasladar de precios horarios de precios a los consumidores eléctricos para avanzar en la descarbonización de la economía”.

“En el medio plazo, conforme vayan entrando nuevos modelos de negocio de energía, con autoconsumo de renovables y sistemas de almacenamiento, los esquemas de peajes se irán adaptando”, subrayan desde el organismo.

La nueva tarifa horaria entró en vigor el pasado 1 de junio, tras varios aplazamientos, y ha coincidido con un espectacular encarecimiento del mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, que está por encima de los 80 euros el MWh, cifra sin precedentes para un mes de junio, que se va a traducir en una factura que en junio probablemente será la más cara de la historia. La escalada del pool ha llevado al Gobierno a anunciar un anteproyecto de ley para atajar los denominados “beneficios caídos del cielo” de hidráulica y nuclear que recortaría unos 1.000 millones de ingresos a las eléctricas y abarataría el recibo un 5%, pero que en el mejor de los casos no estaría en vigor hasta final de año.

Esta semana, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha escrito a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, para pedirle que "analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria", algo que la CNMC ya realiza de oficio.

El martes, Ribera recordó en el Senado que la CNMC “es quien ha propuesto esta nueva estructura” de tarifas para enviar a los consumidores “señales de eficiencia”, “descongestionar” las redes y reducir las necesidades de nuevas inversiones. La vicepresidenta señaló que al Consejo de Consumidores y Usuarios, en el que se sientan las organizaciones de consumidores, también le pareció “una buena cosa” ese modelo, que el Gobierno está “siguiendo con mucha atención”.