El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a situarse este viernes en 118,99 euros por megavatio hora (MWh), un 3% por debajo del máximo histórico de este jueves. Pese a la ligera caída, es el segundo registro más alto de la historia. El récord de 122,76 euros/MWh de este jueves se va a alcanzar de nuevo con la energía hidroeléctrica, y no el agua, presentando la oferta más cara y casando oferta y demanda en las horas más caras del día.

Para este viernes, el precio de la luz marcará un máximo de 125,33 euros/MWh (a las 1 horas) y un mínimo de 106,75 euros/MWh (a las 18 horas), según datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE).

Con respecto a hace un año, el precio medio diario de la electricidad para este viernes triplica los niveles que marcaba por las mismas fechas de agosto de 2020, cuando fue de 39,8 euros/MWh. Ese mes, con la demanda todavía hundida por la pandemia, el precio medio del mercado mayorista fue de 36 euros. Este mes va a cerrar por encima de 100 euros, una cifra sin precedentes, tras batir seis máximos históricos a lo largo del mes.

Esa espiral alcista ha llevado a focalizar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad, cuestión sobre la que Más País, Compromís y Nueva Canarias han registrado una petición en el Congreso para abrir una comisión de investigación parlamentaria.

Por si faltaban ingredientes para la polémica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunciaba el jueves, en vísperas del nuevo récord, que algunas comercializadoras eléctricas, a las que el organismo no identificaba, han aprovechado la entrada en vigor de las nuevas tarifas el pasado 1 de junio para elevar sus tarifas aplicando penalizaciones de hasta el 30% en el precio de la energía. Las organizaciones de consumidores Facua y OCU exigen conocer de qué empresas se trata.

Antes de esta espectacular espiral de subidas, la energía pesaba en la factura en torno al 24% (ahora ronda un tercio), mientras que alrededor del 50-55% correspondía a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto, a impuestos.

Las oscilaciones en el precio diario afectan directamente a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, para los que el coste de la energía está directamente referenciado a los precios del denominado pool. Las eléctricas han pedido reformar esta tarifa, que pese a estar sujeta a estos vaivenes es la menos cara, según los expertos, la CNMC y el Gobierno.

La espiral de subidas del recibo, la bronca política generada, las tensiones en el seno del Ejecutivo de coalición y la retribución excesiva que, según muchos observadores del sector, otorga la subasta diaria del mercado mayorista a la hidroeléctrica, han llevado al Gobierno a abrir la puerta por primera vez a que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas caducadas. Además, esta semana Unidas Podemos ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta para abaratar la factura de la luz que pasaría por limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica mediante decreto ley.

Esta propuesta, que según Transición Ecológica plantea dudas con la normativa europea, es adicional al proyecto de ley planteado por el Gobierno para drenar el exceso de retribución de hidráulica y nuclear por el encarecimiento del mercado de CO2. Esta es, junto al futuro fondo para sacar del recibo el coste de las primas a las renovables, la gran apuesta del departamento de Teresa Ribera para abaratar el recibo, aunque tardará meses en entrar en vigor y se esperan altos precios del gas hasta principios del año que viene.

Está previsto que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, comparezca en el Congreso el próximo lunes para explicar las medidas de su departamento para atajar la espectacular subida de la luz, que ya se ha comido la rebaja del IVA del recibo y la suspensión temporal del impuesto a la generación que aprobó el Gobierno de urgencia en junio.