La Bolsa de Santiago cerró este viernes con un alza del 8 %, tras varios días de pérdidas, mientras que el peso frenó su estrepitoso desplome luego del histórico acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura militar.
El IPSA, el principal índice bursátil chileno, registró una de las mayores subidas de los últimos meses y llegó hasta los 4.862 puntos, luego de haberse dejado el 12,5 % desde el inicio de la crisis social que vive el país desde hace casi un mes y que es la más grave desde el retorno de la democracia en 1990.
El mercado cambiario también reaccionó con optimismo al anuncio sobre el proceso constituyente y la divisa nacional logró frenar su depreciación cerrando en 772 unidades por cada dólar, algo que no había logrado la intervención económica de esta semana del Banco Central.
El peso chileno alcanzó su mínimo histórico el jueves al superar la barrera de las 800 unidades por dólar, pese a que en la víspera el emisor había anunciado una inyección de 4.000 millones de dólares a través de licitaciones a 30 y 90 días, que muchos analistas consideraron "demasiado suave".
Hasta el inicio de la crisis, el valor histórico más bajo de la divisa chilena se había registrado en octubre de 2002, cuando cotizó a 761 pesos por dólar.
Tras dos días de reuniones maratonianas, los principales partidos de la oposición y el oficialismo acordaron convocar un plebiscito en abril 2020 para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo prefiere para redactar el nuevo texto.
Las dos fórmulas entre las que tendrán que elegir los ciudadanos son una convención mixta, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos, o una asamblea integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.
La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol "subsidiario" (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
El acuerdo pretende ser una salida a la grave crisis que vive el país, que ya se ha cobrado la vida de 22 personas -cinco a manos de agentes del Estados y ha provocado miles de heridos y detenidos-.
Las multitudinarias manifestaciones pacíficas se han alternado con jornadas de extrema violencia en la capital como en otras ciudades, con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
