Una tormenta política se ha desatado desde este jueves en Portugal al trascender que la Cámara Municipal de Lisboa compartió con autoridades de Rusia los nombres de tres activistas rusos que en enero pasado se manifestaron ante la embajada rusa en Lisboa para exigir la liberación de Alexey Navalny. Se trata de una protesta que tuvo lugar el pasado mes de enero, para exigir la liberación del opositor al Gobierno ruso y que ha obligado al alcalde de Lisboa, Fernando Medina, a pedir disculpas públicamente.
Según el regidor, que pertenece al Partido Socialista (PS), el error se debió al "funcionamiento burocrático que se aplicaron en esta manifestación, como en la generalidad de las decenas de manifestaciones que se celebran en el municipio".
Desde Lisboa se hicieron llegar a las autoridades rusas el nombre, la dirección y los contactos de los tres manifestantes, por lo que los activistas rusos han anunciado que elevarán la causa a la Justicia. Incluso, la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) de Portugal ha abierto un proceso de investigación, tras la queja formal recibida.
En declaraciones a la Radio Televisión de Portugal (RTP), uno de los tres activistas, de iniciales P.E. y en régimen de asilo político en Portugal desde 2014, explicó que "es importante saber quién es el responsable" del envió de los datos para garantizar que estos errores no se vuelvan a cometer.
El activista lamentó que hasta ahora "estaba protegido por un Estado, mas el mismo Estado que me dio protección envía mis datos para el Estado del que huí". Incluso, el propio presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha calificado lo sucedido de "lamentable", habló este viernes con el propio alcalde de Lisboa para conocer lo ocurrido de primera mano.
Los diferentes partidos políticos de Portugal, tanto de centro derecha como de izquierda, han anunciado que pedirán explicaciones en el Parlamento luso.
Tras la difusión de estos datos, el Gobierno socialista de Portugal va a reformar la ley de manifestaciones. El secretario general adjunto del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, ha admitido este viernes en declaraciones a periodistas en Oporto la "gravedad" del asunto y señaló que se debe a una "ley desactualizada" que puede llevar a errores de interpretación, por lo que el Ejecutivo la va a reformar.
"El PS entiende también que es una situación lamentable y que no se puede repetir en el futuro", ha asegurado. La ley que el Gobierno quiere reformar data de agosto de 1974, apenas unos meses después de la Revolución de los Claveles, y prevé que se identifique a tres organizadores de cualquier manifestación. Tras conocerse el caso de Rusia, el diario Público desveló que el Ayuntamiento lisboeta también compartió en 2019 datos de activistas pro-palestinos con la Embajada de Israel.
El mismo año se siguió un procedimiento similar con otros dos casos: se compartieron con China datos de los organizadores de una protesta en apoyo al Tibet y con las autoridades venezolanas de ciudadanos que convocaron una acción "por el pueblo de Venezuela".
