El juez Paul Golspring de la Corte de Magistrados de Westminster ha remitido este miércoles a la ministra británica del Interior, Priti Patel, para que sea firmada la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Patel tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que acaba el 18 de mayo.

Según la ley, la titular de Interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la Ley de Extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso Estados Unidos. La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes -la Justicia estadounidense o Assange- pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza.

Assange estuvo presente este miércoles en la corte a través de videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Londres). El activista permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, el más alto de Reino Unido, dio luz verde a la extradición de Assange al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó a Vanesa Baraitser, la jueza de primera instancia, a emitir la orden que ahora debe sancionar el Gobierno.

Ese fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanesa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EEUU podían exacerbarlo. Estados Unidos recurrió esta decisión.

Aunque la magistrada aceptó entonces el argumento de la defensa sobre la salud del acusado, desestimó otros que sus abogados podrían decidir recurrir ahora. Si lo hicieran, en principio el Tribunal Superior solo lo examinaría una vez se conociera la respuesta de Patel.

Si no hubiera ningún recurso, la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, de acuerdo con la página web del Gobierno.

La defensa de Assange tendría aún la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”. El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. El activista dijo que este proceso era una excusa para su extradición a Estados Unidos, que le requiere para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática.

Según el equipo legal de Assange, estos cargos pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país. Las acusaciones están relacionadas con las publicaciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos de Estados Unidos en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.