Más allá de opiniones e interpretaciones, las medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de Justicia -el máximo tribunal de la ONU- ante la denuncia de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel nos dejan datos y hechos concretos.

1.- En primer lugar, que dicha Corte ha aceptado seis de las nueve medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica, a través de una mayoría de quince votos a favor, en un tribunal formado por diecisiete jueces.

Es sabido que no tocaba ahora emitir sentencia alguna en torno a la acusación de genocidio -que puede tardar en llegar uno, dos o incluso tres años- sino ordenar medidas para evitar el desarrollo del mismo.

Como ha escrito el abogado Keneth Roth, director de Human Rights Watch hasta 2022, “algunos se sintieron decepcionados de que la Corte no ordenara un alto el fuego, una medida que era poco probable porque el tribunal sólo aborda disputas entre estados, por lo que Hamás no era parte. Un alto el fuego impuesto sólo a una de las partes de un conflicto armado en curso no es plausible”.

2.- En segundo lugar, la Corte considera verosímil -"plausible"- que Israel esté cometiendo algunos actos que podrían definirse como genocidio, con la muerte de más de 25.000 palestinos en la Franja. En vista de ello, los jueces de dicho organismo establecen que es pertinente investigar las pruebas presentadas, aceptan los cargos y desestiman las alegaciones de Israel dirigidas a evitar que hubiera juicio.

Esto en sí mismo constituye un paso sin apenas precedentes. Hasta la fecha los Estados investigados por genocidio -en diferentes tribunales- han sido países situados fuera de la órbita de los aliados de Occidente: Rusia, Myanmar, Serbia, Bosnia, Ruanda o Sudán. A esta corta lista se añade ahora Israel, aliado preferente de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Como ha indicado el profesor universitario del Kings College of London, Alonso Gurmendi, “es incorrecto decir que la Corte Internacional de Justicia desestimó el caso de Sudáfrica. Más bien desestimó la afirmación de Israel de que no hay caso. También es incorrecto decir que simplemente recordó a Israel sus obligaciones. Ordenó a Israel que tomara medidas para prevenir un posible genocidio en curso”.

3.- En tercer lugar, también por una gran mayoría la Corte Internacional de Justicia de la ONU establece que Israel debe proteger a la población palestina y evitar con todas las medidas a su alcance la comisión de genocidio, es decir:

a/ Matar a miembros de un grupo

b/ Causar daños físicos o mentales a los miembros de un grupo

c/ Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial

d/ imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo

Esto implica, de facto, que el ejército israelí detenga sus bombardeos indiscriminados y el castigo colectivo actual. Sin un alto el fuego inmediato es altamente improbable que se pueda proteger a la población.

4.- La Corte reproduce declaraciones que podrían constituir pruebas de intención emitidas por los ministros israelíes Yoav Gallant, Isaac Herzog e Yisrael Katz, y establece -párrafo 79- que Israel debe adoptar todas las medidas a su alcance para evitar y castigar la incitación pública y directa a cometer genocidio en Gaza.

5.- Además, el tribunal de la ONU ordena a Israel que asegure la entrada de la ayuda necesaria para la población palestina, lo que implica que no siga limitándola como hasta ahora. Esta medida también lleva implícita la necesidad de un alto el fuego, porque los bombardeos indiscriminados constituyen, según las organizaciones humanitarias que allí trabajan, un obstáculo para la entrega de dicha ayuda.

6.- Por último, ordena a Israel que informe dentro de un mes sobre las medidas que ha adoptado para cumplir lo establecido, con lo que la Corte parece reservarse el derecho a pedir más.

Las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son vinculantes y de algún modo lanzan un aviso a la comunidad internacional occidental que proporciona armamento a Israel, cobertura diplomática y apoyo político. Los países aliados de Tel Aviv se enfrentan a un grave problema de coherencia.

La Casa Blanca había calificado la demanda de Sudáfrica de “infundada” y el Gobierno británico la definió como “una tontería”. Por quince votos a dos, los jueces del máximo organismo jurídico de Naciones Unidas han establecido lo contrario. La pregunta que cabe hacerse ahora es si Estados Unidos y la Unión Europea serán capaces de actuar en consecuencia o mantendrán un doble rasero, que les ha supuesto ya una enorme pérdida de credibilidad a nivel global y un riesgo creciente de que el orden internacional basado en reglas -que Washington y Europa dicen defender- se derrumbe.

La contundencia con que reaccionaron con medidas concretas ante las denuncias de crímenes de guerra en Ucrania, Siria o Myanmar contrasta con la falta de acción actual ante Israel. En el mejor de los casos, no se pasa de las palabras.

El dictamen del máximo tribunal de la ONU supone que nadie pueda cuestionar ya a quienes alertan del riesgo de un genocidio en curso y de la necesidad de evitarlo. La propia palabra que lo nombra se repite cada día más en las esferas públicas.

Los pasos posibles a partir de hoy son, por un lado, judiciales y, por otro, políticos. Además de la Corte Internacional de Justicia -que resuelve disputas entre Estados-, hay otro organismo judicial internacional, el Tribunal Penal Internacional (TPI), que procesa a personas por crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Si Israel ignorara el fallo de la Corte Internacional de Justicia, su incumplimiento podría empujar al TPI a actuar.

A nivel político, el siguiente movimiento tendrá lugar la próxima semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se discutirá lo establecido por la Corte Internacional, lo que pondrá presión sobre Biden. Estados Unidos puede volver a usar su veto -como hizo estos meses de atrás, impidiendo la petición de un alto el fuego en Gaza- pero, al hacerlo, quedará más expuesto su doble rasero y su empeño en hacer una excepción ante el 'orden basado en reglas' que pregona.

El abogado y profesor estadounidense Francis Boyle, que ganó dos casos de protección de genocidio en Bosnia contra Yugoslavia, ha señalado que la Asamblea General de la ONU "ahora puede decidir que Israel deje de participar en sus actividades, como lo hizo con Sudáfrica y Yugoslavia. Puede admitir a Palestina como miembro de pleno derecho. Y puede establecer un tribunal para procesar a los funcionarios de más alto nivel del Gobierno israelí"

Por tanto serán precisas medidas políticas para garantizar la aplicación de las órdenes judiciales emitidas y evitar más muertes de civiles, lo que obliga a la comunidad internacional occidental a modificar su posición actual. Estados Unidos proporciona desde hace muchos años a Israel la mayor ayuda militar anual que Washington envía a un país: 3.800 millones de dólares, a los que desde el 7-O se suman otros grandes paquetes de armas y munición. Por muchos equilibrismos narrativos que haga la Casa Blanca, este apoyo militar de EEUU tras el fallo de la CIJ es incompatible con afirmar que está haciendo lo posible para evitar el genocidio en Gaza.

La Unión Europea también dispone de herramientas para forzar el cumplimiento de las medidas de la CIJ. Podría suspender temporalmente su acuerdo comercial preferencial con Israel, cuyo artículo dos condiciona la vigencia del mismo al respeto de los derechos humanos por las partes implicadas. Cada Estado por sí mismo también podría interrumpir intercambios comerciales hasta que Israel cumpla las resoluciones de la ONU y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

Del mismo modo, más países podrían sumarse a la demanda sudafricana o a otras, así como acelerar pasos para reconocer de inmediato el Estado palestino. Pero para todo ello hace falta voluntad. La ley abre caminos a la política. Si ésta los rechaza, estará contribuyendo a consolidar un escenario de mayor impunidad mundial.

Veinticuatro horas después del dictamen de la Corte Internacional, Israel ha vuelto a bombardear Gaza. Su historial de incumplimientos deja claro que, sin presión política internacional, no acatará la orden del tribunal de la ONU. Por si hubiera alguna duda, en ese sentido se ha expresado ya el Gobierno de Netanyahu, que ha arremetido contra la Corte por considerar plausible la denuncia de genocidio.

Tras la orden de la Corte, Washington ha anunciado que seguirá “dando a Israel el apoyo que necesita”. Su reacción muestra un empeño en seguir apoyando las acciones militares israelíes, lo que lo deja en evidencia ante la mirada del mundo. En este sentido, este sábado el exfiscal general fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha indicado que la Corte Internacional cita en su fallo el artículo IIII de la Convención sobre Genocidio, relativo al concepto de complicidad:

“Ese es el límite que la CIJ impone a Estados Unidos: apoyar el desplazamiento y la hambruna de los palestinos en Gaza puede ser complicidad de genocidio”, ha escrito.

Washington, Londres y la UE pueden enrocarse nuevamente en su empeño por permitir lo indefendible en Gaza. Pero lo miren como lo miren, lo escondan como lo escondan, el hecho indiscutible es que desde este viernes Israel está, de manera oficial, investigado judicialmente por una acusación de genocidio, y que existe una orden del máximo órgano judicial de la ONU para que Israel evite de forma inmediata más muertes de población palestina en Gaza y más daño físico y mental sobre ella.

La actuación en contra de estas órdenes por parte de EEUU y de Europa marcaría una gigantesca muesca en la historia actual, expondría a Occidente a una pérdida de coherencia y credibilidad sin precedentes y arrebataría seriamente el sentido y la base del derecho internacional y del orden mundial actual.