Poner algún tipo de freno a los alquileres vacacionales se ha convertido en uno de los ejes de la política de vivienda del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. El verano de 2024 se perfila como otro año récord en la recepción de turistas, tanto locales como internacionales, y la población de ciudades como Cádiz, Málaga o Barcelona ha salido a la calle para protestar contra la masificación y el efecto que tienen los pisos turísticos en el alquiler residencial, donde los altos precios provocan que la mitad de los inquilinos viva en riesgo de pobreza, según ha reconocido el Banco de España.
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