La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aseguró este jueves que, "en el mejor de los casos", se habrá desarrollado una vacuna contra el nuevo coronavirus dentro de "un año", aunque predijo la aprobación de un posible tratamiento para la COVID-19 "antes de este verano".

En una conferencia de prensa virtual, Marco Cavaleri, el jefe del departamento de Vacunas de la EMA, subrayó que una vacuna contra la COVID-19 podría aprobarse, "en el escenario más optimista", en un plazo aproximado y mínimo de un año, aunque aseguró que la agencia está "haciendo todo lo posible" para acelerar el proceso, manteniendo contacto constante con 33 laboratorios.

Venezuela expresó este jueves su "categórico rechazo" a que Estados Unidos le incluyera en su lista de países que no cooperan "completamente" en la lucha antiterrorista, al tiempo que le acusó a la nación norteamericana de ser "el principal patrocinador" en el mundo de estas actividades.

"Venezuela rechaza categóricamente el cínico señalamiento del Gobierno supremacista de Donald Trump, al pretender catalogar a Venezuela como un Estado que no coopera en la lucha contra el terrorismo", dijo la Cancillería del país suramericano en un comunicado.

"No puede pretender evaluar, y mucho menos certificar la conducta de un país en esta delicada materia, el principal patrocinador del terrorismo en el mundo", subrayó el Gobierno, al indicar que "el surgimiento y accionar de grupos terroristas en el Medio Oriente tiene la firma de origen de los órganos de inteligencia de Estados Unidos".

La pandemia de COVID-19 mostró al planeta que "el actual sistema económico no funciona porque produce grandes desigualdades", así que el mundo que salga de la actual crisis sanitaria debe tener otras bases, destacó hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"A la hora de construir la recuperación debemos pensar en una nueva economía que sea inclusiva y sostenible", señaló Bachelet en una conferencia virtual organizada por la Asociación de Corresponsales Acreditados ante Naciones Unidas en Ginebra (ACANU).

¿UN MUNDO MENOS LIBRE O DIFERENTE?

La expresidenta chilena no se atrevió a predecir si el mundo tras la pandemia será menos libre que el anterior, aunque sí vaticinó una realidad "diferente, en la que tendremos que adaptar nuestros comportamientos".

España se encuentra entre los trece Estados miembros a los que la Comisión Europea (CE) ha apercibido al considerar que no aplican correctamente la legislación europea sobre derechos de los pasajeros y de paquetes de viajes, en especial, sobre bonos y reembolsos, indicó este jueves el Ejecutivo comunitario.

España, además de Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Holanda, son los Estados miembros donde creen "que quizá hay problemas de cumplimiento", donde "la situación está relacionada con las recomendaciones del Gobierno", señaló el portavoz comunitario Stefan De Keersmaecker en la rueda de prensa diaria de la CE.

La Comisión Europea (CE) abrió este jueves un procedimiento de infracción a España, así como a Croacia y Eslovenia, por no haber introducido en su legislación nacional ciertas partes de la directiva europea sobre el espacio ferroviario europeo único, pese a que debían haberlo hecho en 2015.

El Ejecutivo comunitario les da ahora cuatro meses para presentar sus argumentos o, de lo contrario, avanzará en la aplicación del expediente que, en última instancia, permite a Bruselas llevar a los países ante los tribunales europeos para hacerles cumplir.

La directiva en cuestión fija las reglas para la gestión de las infraestructuras de ferrocarril, los criterios para conceder, renovar o enmendar las licencias a las empresas del sector, así como las normas para la adjudicación de la capacidad de infraestructuras ferroviarias y para la recaudación de las tasas relativas a estas.

A medida que las restricciones contra el coronavirus se alivian en diferentes partes del mundo, las personas comienzan a dejar atrás la falta de contacto físico con amigos o familiares durante semanas de aislamiento en casa. Sin embargo, a corto plazo, no es posible recuperar la vida social previa a la crisis: el riesgo de un repunte de los contagios ha obligado a planificar un primer escenario de desescalada en el que el contacto con amigos y familiares continúa siendo limitado y el distanciamiento físico sigue siendo la norma.

Mientras países como España o Australia han empezado a autorizar reuniones de 10 personas, otros como Nueva Zelanda o Bélgica, así como varias provincias canadienses, están experimentando con un concepto para explicar gráficamente a los ciudadanos cómo se tienen que relacionar de aquí en adelante y al menos de momento: la "burbuja" social.

El coronavirus ha aumentado la carga de trabajo de los servicios de inteligencia y espionaje por todo el mundo. Los Estados están sedientos de información sobre la carrera por la vacuna, sobre posibles tratamientos, sobre la gestión de la pandemia en otros países y sobre el origen del virus. Los científicos buscan todas las respuestas, pero no están solos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU están trabajando para publicar un aviso en el que advierten que China está buscando "propiedad intelectual valiosa e información de sanidad pública sobre vacunas, tratamientos y pruebas a través de métodos ilícitos", según reza el borrador al que ha tenido acceso The New York Times.

El exlíder de la ANC Jordi Sànchez ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución de su condena a nueve años de cárcel por sedición y le deje en libertad, como ha reclamado Amnistía Internacional (AI), que cree que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión y reunión.

Amnistía Internacional se ha vuelto a posicionar, en un comunicado dado a conocer este miércoles, a favor de la puesta en libertad de los Jordis -el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y Jordi Sànchez-, y ha hecho llegar a las partes -Fiscalía, abogacía del Estado, defensas y acusación particular- un "informe técnico" en el que argumenta su criterio.

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó este miércoles la concesión de 56,7 millones de euros para abordar las consecuencias de las inundaciones que afectaron a varias regiones españolas en septiembre del pasado año.

La ayuda responde a una propuesta de la Comisión Europea (CE) y servirá para subsanar los daños registrados en "las regiones de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía", informó la institución en un comunicado.

La inversión se enmarca en un paquete de 279 millones de euros en ayudas para varios países por catástrofes naturales que será canalizado a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea (UE), con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de la pandemia.

El objetivo de la Comisión es que ese proceso, de cara a la temporada alta de verano en la UE, donde la industria del turismo representa en torno al 10 % del PIB, se haga "de forma coordinada, concertada y no discriminatoria" y atendiendo a criterios de "proporcionalidad".

Las recomendaciones de Bruselas se presentan después de que varios países hayan ido anunciando sus propias medidas.