Tesla despedirá a “más del 10%” de su plantilla global, según un email que Elon Musk ha enviado a los trabajadores de la compañía este lunes. En su mensaje, el fundador del fabricante de vehículos eléctricos justifica la decisión en la “duplicación de roles y funciones laborales en ciertas áreas” que se ha dado como consecuencia del “rápido crecimiento” de la compañía en los últimos años. Según sus últimas cuentas publicadas, Tesla tenía 140.473 empleados en todo el mundo en diciembre de 2023, lo que implica que despedirá a más de 14.000 trabajadores.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto este lunes convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”. Cuerpo ha explicado en una conferencia que el Gobierno de coalición está haciendo una valoración de si “se hace permanente este gravamen para que podamos aprovechar al máximo su potencial con un enfoque de equilibrio”.

Criteria Caixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa y primer accionista de Naturgy con un 26,7%, está negociando con los fondos de capital riesgo CVC y GIP, dueños del 40,41% de la primera gasista española, la venta de la totalidad o parte de esos paquetes a un grupo privado de Emiratos Árabes Unidos, según avanza La Vanguardia. 

El medio catalán apunta que con esta operación, que requeriría del visto bueno del Gobierno al tratarse de una empresa estratégica, Criteria busca reordenar el capital de la energética y asegurar su estabilidad y blindar su control prevervando los intereses españoles.

El Gobierno deja entrever su posición sobre la oferta de compra (OPA) que ha lanzado la empresa húngara Magyar Vagon por Talgo, valorada en 619 millones de euros. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este lunes que el Ejecutivo está "observando la OPA con el máximo cuidado y estamos a la espera de otros actores que entren en juego, inversores u otros fabricantes", ha indicado en un desayuno informativo.

Ante la pregunta de quién serán esos actores, Puente ha apuntado que cree que "esa alternativa se puede constituir sin auspicio del Gobierno de España" y que "si hubiera que auspiciarla, la valoraríamos".

Si hay un momento en el que el mundo está en una encrucijada, es este. 2024 será el año electoral por antonomasia. Cerca de la mitad de la población mundial está llamada a las urnas. Más allá de las elecciones europeas de junio, en el viejo continente se mira con especial preocupación a lo que pueda pasar en Estados Unidos mientras el complejo contexto geopolítico -desde Ucrania hasta Oriente Medio, con especial incidencia en el comercio internacional por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo- dificulta aún más su ya de por sí compleja situación industrial.

El día que se aprobó en el Congreso el derecho a paro de las empleadas del hogar, buena parte del hemiciclo coincidió en que su labor legislativa llegaba tarde. "Hagamos que nuestra democracia no tenga que avergonzarse por más tiempo de sus olvidos", dijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. La medida igualaba las garantías de cientos de miles de mujeres trabajadoras, discriminadas gravemente en su condiciones laborales. Un año y medio después, la Cámara Baja volvía a afrontar una votación trascendental: la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de migrantes, según las estimaciones iniciales, que ya viven y trabajan en España.

Pese a ser relativamente joven, el sociólogo y economista Philipp Staab (Núremberg, 1983) ya es considerado uno de los más influyentes intelectuales alemanes. Profesor en la Universidad Humboldt de Berlín, este experto en cuestiones de tecnología y mercado laboral acaba de ver publicado su último libro en inglés, Markets and power in digital capitalism (Ed. Manchester University Press, 2024) o "Mercados y poder en el capitalismo digital", un volumen aparecido hace un par de años en Alemania.

En esta entrevista con elDiario.es, Staab apunta los problemas que representan los gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Meta o Amazon.

Eva rondaba la treintena cuando se quedó en el paro, después de que uno de los proyectos de incidencia política en temas de género en el que trabajaba terminase. Ella había estudiado trabajo social. "Es muy vocacional, pero también muy precario", admite. Entonces decidió explorar un camino que nunca había sido una opción: el de la oposición. Alfonso, sin embargo, tenía unas buenas condiciones salariales en una multinacional pero se sentía estancado. "Solo me ofrecían irme fuera de España", cuenta. Con dos niños de cuatro y un año, no era una posibilidad plausible, así que optó por una excedencia por cuidados, que compagina con el estudio para lograr una plaza en el cuerpo de ingenieros del Estado.

En los primeros compases de las últimas protestas del campo, la ex ministra francesa de Ecología y Desarrollo Sostenible, la socialista Ségolène Royal, puso los tomates ecológicos españoles en la picota. "¿Habéis probado alguna vez los tomates bio españoles? Son incomibles", aseguró en un programa de televisión. Unas palabras que derivaron en una pequeña crisis diplomática, con respuestas del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del ministro de Agricultura, Luis Planas, defendiendo la calidad de nuestros tomates.

Hasta ese momento, la agricultura ecológica no había estado casi nunca en el foco político.

Occidente se apresta a incrementar sus arsenales de armas. El objetivo de destinar el 2% del PIB a gastos en Defensa se ha convertido en un nuevo principio sacrosanto. Ya ocurrió en el terreno económico en 1981, cuando Pierre Bilger, director de Presupuestos del presidente francés François Mitterrand, fijó en el 3% del PIB la frontera para colgar a los socios europeos el cartel de déficit excesivo. Un decenio después se institucionalizó en Maastricht y casi medio siglo más tarde continúa incrustado en el frontispicio del Pacto de Estabilidad y haciendo las delicias de los halcones neoliberales tras el lanzamiento del euro.