"Durante la crisis hubo gente que tuvo que dejar de pagar Internet en su casa, y las bibliotecas estaban ahí para dar WiFi. O para ayudar a quienes de un día para otro se vieron en el paro y no sabían hacer un currículum. También se acentuó su uso por parte de colectivos más vulnerables, como la población migrante". Quien recuerda estos ejemplos de labor social de las bibliotecas durante la crisis económica es Alicia Sellés, presidenta deFESABID(Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística).
Quizás por eso son un elemento cultural de proximidad tan valorado por la ciudadanía. Según el último informe sobre Hábitos de lectura y compra de libros en España en 2018, elaborado por la Federación de Gremios de Editores, los usuarios de las bibliotecas les otorgan, de media, un 8,2 sobre 10.
También los datos de las Encuestas de Hábitos y Prácticas Culturales en Españadel Ministerio de Cultura respaldan esta buena relación: desde 2010, el porcentaje de personas que fueron o accedieron a bibliotecas en el último año no ha parado de aumentar, hasta situarse en casi el 27% en 2018.
Los datos del INE indican que cada vez acudimos más a las bibliotecas, y cuando más lo hicimos fue en los años 2008, 2010, 2012 y 2014, superando las 200 millones de visitas. Fueron también los años más duros de la crisis. Paralelamente, el número de préstamos domiciliarios de todo tipo —libros y libros electrónicos, publicaciones periódicas, documentos sonoros y audiovisuales, etc.— también ha ido aumentando en la última década. Y también alcanzaron un dato histórico durante los años centrales de la recesión económica: más de 80 millones de préstamos.
Las CCAA que pierden y suman bibliotecas¿Y cuántos puntos de servicio (las unidades físicas a las que acudimos cuando queremos ir a una biblioteca) hay actualmente en España? Prácticamente el mismo que el que había hace diez años: 8.263 en 2008, y 8.285 en 2018. Sin embargo, detrás de este dato general no hay una realidad homogénea. Mientras que ocho comunidades tienen ahora más bibliotecas que hace una década, nueve han perdido centros en sus territorios.
Las que más han aumentado sus puntos de servicio son Cantabria, que ahora cuenta con 28 más, al pasar de 91 a 119; y La Rioja, que ha pasado a tener 11 más, de 51 a 62. También Andalucía, Castilla y León, Asturias, Comunidad de Madrid, Catalunya y Euskadi tienen ahora más puntos de servicio que en 2008.
En el extremo opuesto se encuentran las dos comunidades insulares. Canarias ha perdido en estos diez años 44 puntos de servicio (de 283 a 239), un 15,5% de ellos; por su parte, el archipiélago Balear ha perdido 42 (de 230 a 188), un 18% menos. Pero no son las únicas: Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y, en menor medida, Extremadura, han visto desaparecer bibliotecas en los últimos años.
Ariel Brito, presidente de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, comenta que "la sensación no es de que haya habido una pérdida de bibliotecas tan brutal". Por ejemplo, en La Laguna, el tercer municipio más poblado del archipiélago, solo hay una biblioteca municipal. "Estos datos vienen de la propia dinámica de cada territorio. Canarias cuenta con una trayectoria en la que las administraciones no han apoyado significativamente a las bibliotecas. Pero también por razones socioeconómicas, abandono escolar... Son muchas variables que deben analizarse en conjunto", valora.
'España vaciada' y legislación específicaAndalucía es, con diferencia, la comunidad que cuenta con más bibliotecas (968 unidades administrativas) y puntos de servicios (1.271 en todo el territorio). Pero estos datos dicen poco, o dicen a medias, si tenemos en cuenta que es también la región más extensa y la más poblada, con más de ocho millones de habitantes.
En cambio, si ponemos en relación ambas variables encontramos que Extremadura, con sus 530 puntos de servicio, puede presumir de tener una tasa de 49,4 bibliotecas por 100.000 habitantes, la más elevada de todo el país. La segunda en este ranking es Castilla-La Mancha, donde hay 31,2 bibliotecas por cada 100.000 ciudadanos; seguida por Aragón, cuya tasa es de 28,9; y Castilla y León, con 27,1.
Unos ratios muy superiores a las que se encuentran en comunidades mucho más pobladas y con un mayor PIB per cápita, como Catalunya, donde por cada 100.000 ciudadanos —tiene una población de 7,6 millones— existen poco más de 12 puntos de servicio. O la Comunidad de Madrid, que con una población de 6,6 millones de habitantes dispone de 895 puntos de servicio, 13,6 por cada 100.000 personas.
La presidenta de FESABID, Alicia Sellés, aporta una clave que serviría para explicar, al menos en parte, las significativas diferencias que se dan entre unas comunidades y otras: la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta norma establece que "los municipios con población superior a 5.000 habitantes" deberán contar con biblioteca pública.
"Aunque ha tenido modificaciones, no deja de ser una ley de 1985, es antigua. Los pueblos de hoy en día no son como los pueblos de hace 35 años, por lo que debemos plantearnos hasta qué punto representa la realidad actual", reflexiona Sellés.
Muy en relación con esta última, otra clave estaría en las legislaciones autonómicas. "El ejemplo más claro es Castilla-La Mancha", explica. En su Ley de la Lectura y de las Bibliotecas, de 2011, el texto rebaja a más de 1.000 el número de habitantes que debe tener un municipio para "disponer de biblioteca de titularidad pública y uso general". Esto hace que en la comunidad manchega la ratio de puntos de servicio de bibliotecas por cada 100.000 habitantes es la segunda más alta del país, 31,2.
También Canarias cuenta con su propia ley al respecto. El texto, que no tiene ni un año de vida, va un paso más allá y establece que "en todos los municipios de Canarias habrá, al menos, una biblioteca pública accesible", independientemente del tamaño del municipio. "Nuestra legislación es la más moderna", cuenta Ariel Brito — "También nos costó 40 años que se aprobara", bromea—.
El papel fundamental de los AyuntamientosLa red de bibliotecas de nuestro país se sustenta principalmente gracias a las administraciones públicas. Administración General del Estado, administraciones autonómicas, diputaciones provinciales y Ayuntamientos de todo el país sufragaron el pasado año el 86,5% de las 6.458 bibliotecas que dan acceso libre y gratuito a la investigación y la cultura a millones de usuarios.
El peso de la financiación pública no se reparte por igual: más de la mitad, el 52,6%, recae sobre los Ayuntamientos. Para la presidenta de FESABID, que los municipios sean quienes asuman la carga de la financiación "es un elemento de desequilibrio porque origina que en una misma comunidad existan grandes diferencias en una misma provincia. Un pueblo puede tener unas bibliotecas estupendas y el pueblo de al lado ser un desastre porque el Ayuntamiento de turno decide no invertir en ellas".
¿Cómo gestionan su presupuesto las unidades administrativas? En 2018, más de la mitad, el 64% (653 millones de euros en 2018) sirvió para pagar los gastos de personal. Otro pico, el 15% (153 millones), se fue en gastos corrientes. Y un 17% del dinero sirvió para nuevas adquisiciones que permitieran acrecentar los fondos de las bibliotecas.
Estas cifras corresponden a la media nacional. Al analizarlas caso por caso se dan, de nuevo, diferencias significativas entre unas comunidades y otras. Si hiciéramos un tour bibliotecario por el país, en una biblioteca de Bilbao o de Santander probablemente encontraríamos muchos más títulos en la sección de 'novedades' que en una de Toledo o de Cáceres.
Esto se debe a que no todas las regiones invirtieron lo mismo en nuevas adquisiciones. Las del norte de España, con Euskadi a la cabeza, fueron las que más gastaron en este concepto. El año pasado, esta comunidad destinó el 33% de su presupuesto a comprar nuevos fondos; Cantabria, el 22%; Galicia y Asturias, el 20%. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía destinaron menos del 15% de su financiación en ampliar su catálogo de fondos.
Navega por el siguiente mapa para consultar cuánto dinero gastó cada comunidad en cada concepto en 2018.
Mucho más que "contenedores de libros"Pero, ¿hasta qué punto el gasto en nuevos volúmenes sirve para valorar la calidad o los servicios de nuestras bibliotecas? Es una reflexión que lanza la presidenta de FESABID. "Las bibliotecas no son contenedores de libros. Su rol es el de facilitar el acceso significativo a la información. Esto es prestar libros, sí, pero también dar conexión a Internet, facilitar el acceso a los dispositivos, apoyar a la gente a comprender y utilizar la información, con actividades de alfabetización digital y mediática", defiende Sellés.
Es una visión que comparten desde la Asociación de Bibliotecarios de Canarias: "Hay bibliotecas públicas que hacen una labor fundamental, que están muy implicadas en la comunidad, y que crean tejido social en el barrio. Hay que desterrar la visión de las bibliotecas como sala de estudio y acabar con la imagen de monje de abadía", comenta Brito. "Quizás las bibliotecas debamos entonar el mea culpa en ese sentido. Nos falta marketing".
En la "Pedro Salinas", el taller sobre Filosofía tiene tanto éxito que lo repiten cada año, cuenta la directora del centro, María Jesús Pérez. También se organizan talleres de escritura, cine, música o teatro. Matemáticas, historia, protección animal o cambio climático son algunas de las temáticas de las conferencias que acoge esta biblioteca pública.
"Las bibliotecas tenemos una función social, cultural y educativa. Somos partícipes en la transformación social de nuestro entorno, y cooperamos con el asociacionismo del barrio para mejorar el tejido social en base a la igualdad de acceso, atendiendo a las necesidades de todas las tipologías de usuarios", defiende la directora.
