Un portavoz de la CISAC ha desmentido que SEDA hubiera sido admitida, ya que todavía no cuenta con la licencia para operar que debe otorgarle el Ministerio de Cultura. La sociedad está legalmente constituida pero, sin licencia, no va a ningún sitio. La crisis del coronavirus y el consiguiente estado de alarma le han pasado por encima como una apisonadora, paralizando los planes y congelando los plazos que había previsto.

El Ministerio de Cultura ha informado a este diario que la fecha en la que SEDA solicitó la concesión de autorización para operar, en los márgenes estipulados por la Ley de Propiedad Intelectual, es del 19 de mayo. Pero para SEDA el proceso empezó mucho antes: con una solicitud en diciembre de 2019, unas subsanaciones en enero, seguidas de una nueva petición el 12 de marzo y una subsanación final de un asunto importante: cómo se van a gestionar los derechos de los socios en el extranjero, algo que han solventado con un acuerdo con la sociedad francesa SACEM. 

Con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, se suspendieron los plazos para la tramitación de procedimientos administrativos, incluido, claro está, el de SEDA. No obstante, a partir del Real Decreto del 22 de mayo, los procedimientos vuelven a estar activos desde el 1 de junio. Como la ley marca un plazo de tres meses, el Ministerio tiene hasta el 1 de septiembre para dar una respuesta a SEDA.

El problema, para SEDA, es que estos plazos desbaratan sus planes. Unos tiempos que, en cambio, juegan a favor de la SGAE, una entidad en estado crítico y en plena transformación que ha convocado elecciones para el próximo 22 de octubre. SEDA espera nutrirse principalmente de socios huidizos de la SGAE, descontentos con su gestión, pero la fecha máxima para solicitar la baja en la entidad —que causaría efecto el 1 de enero de 2021— es el 30 de junio. Eso le da al Ministerio solo un mes para resolver la petición y que los socios puedan elegir, por primera vez en la historia, entre dos sociedades españolas de ámbito nacional de gestión de derechos musicales sin el riesgo de quedar en un limbo durante un tiempo o tener que esperar un año para solicitar la baja. El problema de quedar en el limbo, explica Patacho, es que en estos tiempos tan inestables para los artistas “nadie quiere la desconfianza ni la incertidumbre” ni tampoco “volver a la SGAE con el rabo entre piernas”, como ya les sucedió a los autores que expresaron su intención de irse de SGAE el año pasado.

Podrían llegar autores nuevos “pero no son tantos como para sostener una estructura de gestión”, dice Recio, sino que sería necesario el repertorio de entre 200 y 400 autores que estiman que podrían manejar en estos primeros pasos de la entidad. SEDA se ha constituido contando ya con los derechos digitales —una parte de la explotación de los derechos, la parte en la que SGAE es actualmente más débil— de 20 autores, entre ellos Kiko Veneno, Rosa León, el compositor de bandas sonoras Bernardo Fuster y José María Guzmán (del legendario grupo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán). Los socios que han constituido la entidad actualmente forman parte tanto de la SGAE como de SEDA. El músico Amaro Ferreiro, hermano de Iván Ferreiro, es el vicepresidente de la nueva casa de autores musicales y la cantautora Rosa León también forma parte de la Junta Directiva, compuesta por cinco autores y cinco editoriales.

“Más de 200 socios y 60 editoriales han pedido al Ministerio de Cultura por escrito que conceda la licencia a SEDA porque son socios de la SGAE que tienen la intención de abandonarla”, dice Patacho Recio. Entre ellos están Alejo Stivel (Tequila), Coque Malla, Lori Meyers o Melendi, según informa Patacho. Será una empresa pequeña, de 20 trabajadores en su primer año. Aunque nace impulsada por la agrupación Coalición Autoral (CoA), un colectivo de autores del colegio de pequeño derecho de la SGAE, que expresaba su descontento con la infiltración de los mecanismos de la llamada “rueda” en la entidad, han sumado apoyos de autores que no estaban en CoA.

¿Qué tipo de sociedad gestionaría los derechos de la popular canción Volando voy, de Kiko Veneno? Una con “transparencia en los gastos y profesionalidad, dos cosas fundamentales que no ha tenido la gestión de la SGAE”, dice el presidente de SEDA, “y un sistema de reparto acorde al uso de la obra”, lo cual implica que no se escabullan derechos en bolsas de lo no reclamado, ni vaya a parar a otros autores, ni se pierdan derechos digitales. Una sociedad participativa, donde todos los socios tengan un voto en la Asamblea (como sucederá en SGAE este año por primera vez) y puedan tener hasta 20, “según la recaudación bruta histórica”. Esto difiere del modelo de la SGAE, que otorga unos votos permanentes más otros temporales en función de lo recaudado el año anterior al del ejercicio del voto. 

Al igual que SGAE en sus comienzos, SEDA va a necesitar de un descuento de administración elevado para ganar liquidez; se trata de la parte que se queda la entidad de lo que recauda para el músico. Depende del tipo de obra y de qué derecho se trate, pero SGAE lo tiene en torno al 7% (9% para conciertos o 13% para emisoras de televisión, por ejemplo). SEDA planea comenzar con un 15% y, para la comunicación pública, un porcentaje entre el 20% y el 30%, aunque más cerca de la cantidad más elevada al comienzo.

Los impulsores de esta competencia de SGAE, que rompe el monopolio en materia musical, liberalizado con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, están solicitando a los autores que quieran formar parte de ella que envíen cartas al Ministerio de Cultura, con la esperanza de que este pueda decidir si les concede o no la licencia en menos de un mes. Que no pase como en la mencionada canción de Kiko Veneno, que no se entretengan por el camino. Con respecto a la CISAC, “la discusión ha quedado pospuesta”, indica su portavoz, Adrian Strain, y, en lugar de en la Asamblea, “será revisada por la Junta Directiva cuando SEDA obtenga una licencia para operar del Ministerio de Cultura de España”.