Los fastos por la memoria del barón coinciden con la inminente firma del contrato de alquiler de la colección de arte de Carmen Cervera, por 6,5 millones de euros anuales, durante 15 años (y cinco más prorrogables). En total, 130 millones de euros. El acuerdo que llevará la rúbrica de José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, garantizará la devolución de Mata Mua, de Paul Gauguin, al museo público, de donde Cervera se lo llevó a Andorra (al igual que tres obras de Degas, Hopper y Monet), el pasado mes de junio, días antes de que el museo volviera a abrir su puertas tras el confinamiento.

La colección que quiere alquilar el Gobierno de Pedro Sánchez a Cervera es un despiece de la que es dueño el Estado español y el barón entregó a su mujer como herencia, para garantizar un sustento. También está alojada en sociedades (Omicron Collections Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imberia Anstalt y Nautilus Limited) radicadas en un paraíso fiscal, según el listado de la Agencia Tributaria: las Islas Cook. Este trust ha cedido las obras durante casi 20 años al museo público que gestiona la fundación, que preside Carmen Cervera. La legislación fiscal de las Islas Cook permite la creación de empresas internacionales no residentes, cuyos beneficios logrados fuera de la jurisdicción están exentos de impuestos. De esta manera, se llegaría a un acuerdo similar al firmado por el Gobierno de Felipe González, con Jordi Solé Tura como ministro de Cultura, el 21 de junio de 1993, cuando se compró la colección de Hans Heinrich.

Todo indica que el alquiler de la colección Carmen Cervera continuará la senda offshore de la compra de la colección del barón Thyssen. Con una diferencia: en el programa del PSOE con el que Pedro Sánchez ganó las Elecciones del 10N, en 2019, se especificaba que se “evitará que se produzcan” vínculos entre las instituciones públicas y las empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como paraísos fiscales. “Ello exige no sólo atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración, así como cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas”, puede leerse en dicho programa. 

Las medidas que el PSOE propone contra situaciones en las que se beneficien sociedades en paraísos fiscales con un contrato público son contundentes: “Restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público”. Si el Gobierno firmara con Carmen Cervera el contrato de alquiler con sus sociedades alojadas en las Islas Cook, incumpliría con parte esencial contra la corrupción del programa del PSOE.

Hace tres años este periodista preguntó al máximo responsable de Cultura del PSOE, Ibán García del Blanco, cómo afectaría la integridad del programa a un posible acuerdo con la sociedad alojada en paraísos fiscales. La respuesta entonces, con el PSOE en la oposición, fue tajante: “No habrá excepciones en la aplicación de las medidas para combatir y erradicar los paraísos fiscales”. García del Blanco anunció que debería regularizarse la situación de estos bienes. Hoy, desde el PSOE se asegura a este periódico que “se desconoce la negociación que se lleva en el Ministerio de Cultura” y que sus acciones estarán sujetas a la legalidad y al programa electoral. 

Hemos trasladado las siguientes preguntas al Ministerio de Cultura: ¿Sabe el Ministerio de Cultura quién es el beneficiario del alquiler de los 6,5 millones de euros anunciados? ¿Se acogerá el pago de la cantidad a la fiscalizad española o a la de las Islas Cook? Y, por último, ¿qué impuestos pagará el beneficiario del contrato público? Cultura ha declinado responder a ninguna de las cuestiones y se ha limitado a apuntar que prefieren no informar durante la negociación del contrato. A la pregunta ¿obligará el Gobierno a regularizar los bienes alojados en paraísos fiscales?, Cultura tampoco ha contestado.

La colección particular de Cervera está custodiada, protegida, conservada y difundida por el Museo Nacional Thyssen desde 2004, incluida en una ampliación a dos inmuebles adyacentes al Palacio de Villahermosa, que se adquirieron por 38 millones de euros. Después de intentarlo con Ángeles González-Sinde, José Ignacio Wert, Iñigo Méndez de Vigo y José Guirao, ha logrado el alquiler con José Manuel Rodríguez Uribes y la intermediación de Carmen Calvo, con la que Cervera mantiene muy buena relación desde que la actual vicepresidenta primera del Gobierno fue ministra de Cultura (2004-2007). 

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) señalan que están “en contra del uso fraudulento de paraísos fiscales”, aunque prefieren no entrar a valorar hechos concretos. Por su parte, la oposición en bloque se opone a que se cierre cualquier acuerdo con una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Desde el PP, la portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados, Sol Cruz-Guzmán, apunta que “es un tema peliagudo” y que desde el grupo no apoyarán los paraísos fiscales ni la evasión de impuestos. Anuncia que los abogados del partido ya están revisando los hechos. Por su parte, Sofía Castañón, portavoz de cultura de Unidas Podemos en el Congreso, apunta que “no vale en nombre de la cultura seguir favoreciendo la existencia de paraísos fiscales”. Y añade: “Cuidar la cultura en nuestro país incluye pagar los impuestos aquí, para que parte de ese dinero revierta en la cultura, en las creadoras y creadores, y en garantizar su acceso a toda la ciudadanía. Así que si el empeño de Cervera y del Ministerio es el de trabajar por la cultura, la fiscalidad y la transparencia no pueden ir al margen”, declara Castañón. 

Joseba Agirretxea, del PNV, asegura que pedirá “transparencia” en la operación. Más contundente se muestra Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que indica que llegar a acuerdos con sociedades alojadas en paraísos fiscales es una forma poco ética de actuar, porque el objetivo último es evadir impuestos. “Es imperdonable cualquier acuerdo entre el Gobierno y los paraísos fiscales. Si fuera así, no sería un gran logro cultural, sino una gran corrupción. Es inaceptable que a los más ricos se les abra las puertas a este tipo de prácticas”, sostiene Aizpurua.

Joan Margall, diputado por Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, explica que si el PSOE terminara incumpliendo con su propio programa electoral “no sería ninguna sorpresa”. “La lucha contra la corrupción los paraísos fiscales es una asignatura pendiente del Gobierno. Una lucha que dudamos quieran librar, y mucho menos ganar, en lo que queda de legislatura. Sus actuaciones para combatir la misma son escuetas y cobardes”, apunta Margall.

Como Pedro Sánchez defendió el final de las relaciones entre lo público y las operaciones financieras con paraísos fiscales “debería dejar fuera de la ecuación cualquier trato con Carmen Cervera en países considerados paraísos fiscales”, ha añadido el diputado de ERC. Desde Ciudadanos apuntan que van a preguntar al Gobierno sobre el contenido del contrato y si garantiza la transparencia del destino del dinero público. 

Este periódico se ha puesto en contacto con los abogados de Carmen Cervera (Ángel Acebes y José María Michavila), pero han declinado responder a las preguntas planteadas. 

La compra de la colección que daría vida al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se cerró en una cena en Zalacaín, en 1991, según relato de la propia Cervera a este periodista. En la mesa, el matrimonio Thyssen y el ministro de Cultura, Jorge Semprún. “¿Cuánto?”, preguntó el ministro. “Mis abogados piden 450 millones de dólares”, contestó Hans Heinrich. “Te doy 350”, respondió Semprún. Y se dieron la mano.

Entonces sólo Izquierda Unida y Convergencia i Unió dudaron en el Congreso de los Diputados de la legalidad del acuerdo de adquisición firmado por las 775 obras de arte. El portavoz de Izquierda Unida, Ramón Espasa, criticó que “con mil pesetas de cada español se pague a paraísos fiscales”, en referencia a los 42.000 millones de pesetas (en anualidades de 8.455 millones de pesetas al año) que pagó el Estado español a los representantes del barón, Favorita Trustees, que era, nominalmente, la dueña de todas las obras de arte. El diputado Miquel Roca i Junyet, como puede leerse en el diario de sesiones del Congreso del 24 de junio de 1993, declaró que no darían conformidad al acuerdo porque dudaban de que se estuviera “operando de acuerdo con la legalidad”. 

Preguntó el diputado de Convergencia i Unió dónde estaba la liquidación de los impuestos pertinentes y lanzó la pregunta: “¿O será simplemente que no se hizo de tal manera a los efectos de evitar las liquidaciones tributarias pertinentes?”. Efectivamente, en el Real Decreto que regula la compra se aclara que el dinero español se sometió a las leyes y al régimen fiscal británico. El diputado socialista Higini Clotas i Cierco contestó a Roca que un acuerdo de este calado “son operaciones que necesitan de algunas condiciones, la primera de ellas mucha imaginación porque no son fáciles”. A la imaginación añadió otras condiciones como “habilidad” y “oportunidad”.