Mientras Villar Mir y Aguirre ultimaban la compra del cuadro, en la Dirección General de Patrimonio Histórico (DGPH) de la Comunidad de Madrid empezaron a dejarse ver miembros de OHL, el grupo propiedad del empresario. A finales de mayo de 2012 la dirección de Patrimonio recopila información sobre el estado de La Equitativa, el extraordinario edificio del siglo XIX que será destruido junto con el resto del conjunto arquitectónico de Canalejas en una operación de desprotección del patrimonio histórico sin precedentes en España y sin una explicación convincente hasta ahora.
El 19 de junio de 2012, un mes antes de la firma de la venta del retrato de Goya y medio año antes de que OHL comprara el bloque de edificios al Banco Santander, la directora General de Patrimonio Histórico, Laura de Rivera García de Leániz, convocó a sus técnicos de manera extraordinaria en las oficinas de la sede, en la calle Arenal, donde tuvo lugar la reunión que cambiaría para siempre las políticas de protección del patrimonio histórico de la región: ese día arrancó la ''operación Canalejas'', que obligó a la Comunidad de Madrid a reformar la Ley de Patrimonio Histórico de Madrid de 1998, rebajar la protección de dos edificios históricos y modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). La entonces directora general de Patrimonio no ha querido responder a este periódico por qué montó esa cita meses antes de la adquisición de los edificios a Emilio Botín.
A esa cita asistieron Jesús Hernández y Ana Guasp (del Estudio Lamela), Javier Manchado y Beatriz del Peso (del bufete de abogados Garrigues), Enrique Benjumea (entonces directivo de OHL) y varios miembros de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, entre otros. OHL informó de que pretendían intervenir en los seis edificios que componían la propiedad, incluyendo los dos protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC), y dejarlos en fachada, para levantar un hotel ''de máxima categoría'' con 220 habitaciones, una gran superficie comercial, viviendas, oficinas y un aparcamiento de 500 plazas. El plan de Villar Mir necesitaba dejarlos en la cáscara de la fachada y, sobre todo, agruparlos en un único solar. En ese momento daban por hecho que aumentan la edificabilidad del conjunto y pasan de 43.000 a una superficie de 80.000 metros cuadrados. La propuesta contravenía todas las normas de protección existentes en ese momento y exigía un seísmo político que alteraría el paisaje cultural y urbanístico de la ciudad.
Los promotores y asociados interesados en convertir los edificios históricos en el epicentro del lujo madrileño llevaban meses trabajando en un extenso plan que presentaron a los técnicos de Patrimonio en aquella reunión de junio. Era un mero formalismo. Cuando se firma la compra de la pintura, OHL ya tenía acabado el documento que más tarde presentó al Ayuntamiento como ''consulta urbanística vinculante''. El proyecto de intervención diseñado por el arquitecto Carlos Lamela para OHL concretaba la estrategia que las administraciones implicadas debían seguir y siguieron al pie de la letra en los asuntos claves, para comprar al Banco Santander el conjunto.
''Empezamos a estudiar las posibilidades de desarrollar el proyecto en marzo de 2012, si bien no es hasta octubre de 2012, con la contestación favorable a la consulta vinculante, cuando se inicia el proceso de compraventa'', explica a este diario el equipo de Carlos Lamela. La respuesta favorable a OHL se le concede semanas después de la compra del retrato de Goya a Esperanza Aguirre. Ese informe de más de un centenar de páginas, al que ha tenido acceso ahora elDiario.es, era una carta a los Reyes Magos que la Comunidad de Madrid debía cumplir y que hizo posible que en septiembre de 2014 la primera piqueta empezara la demolición.
Una de las participantes en aquel año ''acelerado'' asegura a elDiario.es que todo lo que planteó OHL en la primera reunión le fue concedido. El movimiento era tan agresivo, premeditado y urgente que necesitaba de la implicación de la máxima figura del Gobierno de la Comunidad. Los deseos de Villar Mir empezaron a hacerse realidad inmediatamente después de la compra del famoso retrato que debía sacar de la ruina a la expresidenta del PP y a su familia. A la vuelta del verano de 2012, con el cuadro de Goya en poder de Villar Mir y los cinco millones de euros ingresados en la cuenta del Banco Santander de la que Esperanza Aguirre y su marido son co-titulares, arranca la Operación Canalejas. Las exigencias más polémicas de Villar Mir fueron satisfechas. Todos los trámites administrativos se resolvieron en un tiempo récord de dos años y medio.
''No han quedado apenas vestigios de la distribución y estructura funcional en el interior de los mismos'', dice el informe de OHL, que copió y usó la Comunidad de Madrid para legitimar el derribo del interior de los seis edificios. También se aclara en el plan de los constructores que los BIC otorgados son ''un régimen de sobreprotección que no es acorde con su relevancia histórica''. ''No cumplen con los requisitos necesarios para que sean considerados como BIC'', sostiene la empresa y asociados en el amplio documento. La Dirección de Patrimonio le da la razón: hay que dar marcha atrás y renunciar a la máxima protección de los dos edificios para ''eliminar partes del bien'', que son ''necesarias para la viabilidad del proyecto''.
La maquinaria administrativa arrancó el 13 de septiembre de 2012, a las nueve y media de la mañana, durante la reunión de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid. El primer punto del orden del día debía dar respuesta a la sociedad Centro Canalejas Madrid S. L. (OHL), que planteaba ''una transformación y dinamización de la zona que constituya un referente en la ciudad y recupere y ponga en valor la imagen del conjunto''. El Ayuntamiento debía modificar el PGOUM, para considerar la manzana de Canalejas un bloque único, compuesto por los edificios de Alcalá 6, 8, 10, 12 y 14 y la Plaza de Canalejas, 1. De esta manera igualarían a la altura máxima y podrían multiplicar los metros cuadrados útiles.
Además, tal y como consta en acta, la Comisión Local valoró ''positivamente'' la propuesta. Calificaron el espacio como ''muy degradado y en desuso'' y alabaron el proyecto de OHL porque ''contribuía al proceso de rehabilitación del centro urbano'', ''dinamización de la zona'' y que podría ''llegar a constituir un referente para la ciudad''. El argumentario que defendió Ignacio Muñoz Llinás, nombrado director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid una semana antes tras la repentina dimisión de Laura de Rivera García de Leániz, coincide con el que se puede leer en el preparado por la constructora meses antes. En su entrega total al proyecto, el alto cargo alegó las posibilidades de ''generar actividad económica'', ''atracción social'', ''mejora del medio ambiente urbano'' y ''acercamiento entre diversas actividades al eje de los museos, lo que constituye una excelente posibilidad para la ciudad''. ''En ningún momento el director de Patrimonio asumió nuestras ideas ni se desarrolló con la Comunidad de Madrid un ''plan estratégico''. El proceso fue el inverso: el Ayuntamiento nos orientó sobre lo que podría ser admisible o no'', sostienen desde el estudio Carlos Lamela.
Ignacio Muñoz Llinás, máximo responsable en velar por el patrimonio histórico, concluyó durante la Comisión que no encontraba ''inconveniente alguno, desde el punto de vista de la protección del patrimonio, para la instalación de los usos que se proponen''. Por último, Muñoz Llinás propuso a la Dirección de Patrimonio Histórico, de la que él mismo era responsable, que estudiara ''la reconsideración o modificación de los expedientes de declaración como BIC de los edificios datos en Alcalá, 14 y Plaza de Canalejas, 1''. Muñoz Llinás ha preferido no contestar a este periódico si tenía órdenes de Esperanza Aguirre de aprobar el proyecto y derribar los edificios e iniciar el trámite de urgencia.
Por otro lado, mientras se resolvía la desprotección, otro equipo de esta unidad había recibido la orden de reformar de inmediato la Ley de Patrimonio. Una medida que no figuraba en el programa del PP, pero que resolvieron en un año y medio. La nueva ley era la clave de toda esta operación: había que modificar el artículo 23, que prohibía la agrupación de los bloques. Con la nueva redacción, Villar Mir tuvo luz verde. El responsable de la redacción técnica de la nueva norma fue Luis Lafuente, actual director de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, tras ocupar el cargo de director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura con Íñigo Méndez de Vigo (PP). Un año después de que la reforma del PP de la ley fuera aprobada, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ocho de sus artículos incluyendo el citado 23. Lafuente ha declinado responder si reformó la norma para permitir la agrupación de edificios que necesitaba Villar Mir.
El 26 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre dimite por sorpresa como presidenta de la Comunidad de Madrid y como diputada del PP en el parlamento autonómico. Tras tres décadas dedicada a la política y nueve al frente de la región declaraba que ''es esencial elegir el momento y la forma de retirada y este es el momento''. Cedía el cargo a su número dos, Ignacio González. Las instrucciones en el caso Canalejas ya estaban escritas y el nuevo presidente de la Comunidad no varió el plan redactado. Aguirre había resuelto la quiebra económica de su casa, pero tuvo que abandonar su futuro político. Nunca aclaró los ''motivos personales'' que le llevaron a tomar la decisión. Esperanza Aguirre niega a elDiario.es que facilitara la operación Canalejas a Villar Mir a cambio de la compra del cuadro de Goya y que dicha operación fuera el motivo real de su dimisión.
Solo faltaba que la Dirección General de Patrimonio rebajara la protección BIC al antiguo edificio del Banco Hispano Americano y al de La Equitativa. El 14 de diciembre de 2012, solo un mes y medio después, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la modificación de la declaración de BIC del edificio Banco Central Hispano y el dos de enero de 2013, de La Equitativa. Un tiempo récord para cualquier administración. OHL ya tenía permiso para derribar. La Comunidad rebajó la máxima protección a un nivel tres, de grado parcial. Los propietarios solo debían conservar la fachada y la primera crujía. No existen antecedentes de algo similar en España. Una semana más tarde, el 21 de diciembre de 2012, el Banco Santander vende a OHL por 215 millones de euros el Complejo Canalejas, según anunció la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese día se ultimó una nueva operación de expolio del pasado de la ciudad que menos patrimonio arquitectónico conserva de Europa.
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