El abogado de la nieta de Dióscoro Galindo, Eduardo Ranz, explica en declaraciones a Europa Press que este recurso no buscaba "enjuiciar a nadie" sino investigar para que se pudiera, en última instancia, exhumar los restos, además de que la Audiencia Provincial de Barcelona ya tiene jurisprudencia contra el argumento para el archivo de que los supuestos autores de los hechos pudieran haber muerto.

Agotada la vía del Constitucional, ahora acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según ha avanzado el letrado, quien ha destacado que Lorca "no ha recibido a día de hoy el entierro cultural que un escritor de esas características merece" y censura que el Constitucional no vea especial trascendencia en acudir a un juzgado y que éste remita a la vía civil, cuando está derogada desde 2016.

Lamenta así que la justicia "vuelva a sepultar Lorca" y ello hará que acudan al Tribunal de Estrasburgo para que Europa les "dé la justicia que el Constitucional les niega" al no admitir su recurso, tal y como avanza la Cadena Ser.

En enero de 2020, García Catalán, que es nieta adoptiva de Galindo, y que fue acogida desde muy pequeña en la familia, presentó, junto con allegados, una denuncia ante un Juzgado de Instrucción de Granada en la que se solicitaba que se siguiera investigando el lugar donde se encuentra enterrado el célebre poeta tras la aparición, en 1986, de "huesos humanos" en el lugar donde fue asesinado, en el municipio granadino de Alfacar.

La denuncia, consultada por Europa Press subrayaba que "la sociedad española no ha tenido aún la oportunidad de dar sepultura digna a su andaluz más internacional en las letras españolas y andaluzas". Se aludía a una entrevista realizada en 2019 por el periodista Víctor Fernández Puertas, investigador de la figura de García Lorca, con José Antonio Valdivia, que en 1986 era diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada, en la que éste señalaba que, en unas obras realizadas aquel año en el parque Federico García Lorca apareció "un fémur completo".

Por ello, se proponían como pruebas los testimonios del citado Víctor Fernández Puertas y del hispanista y experto en la vida de García Lorca Ian Gibson, así como que tome declaración a José Antonio Valdivia. Igualmente, se proponían una serie de pruebas documentales como "las hojas de servicio de la Guardia Civil en las zonas afectadas --Granada y Alfacar-- los días 18 a 20 de agosto de 1936 --cuando se habría producido la ejecución del poeta--, así como, en los archivos de la Guardia Civil, las posibles órdenes de ejecución o similares".

También se pedía que "se investiguen las órdenes de puesta a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por la autoridad militar golpista y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas", así como que "se investigue si éstas tenían su origen en el comandante militar o bien partían de instancias superiores", y "que se consulte a la Cruz Roja si existe, como en otros lugares, un posible listado de los asesinados que vaya acompañado de información complementaria".

De esta manera, la denuncia solicitaba "la exhumación de García Lorca" y "la debida inscripción de traslado de cuerpo, de desaparecido durante el golpe de estado, la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura posterior", así como que se procediera "a la reparación que hubiere en Derecho".

Y es que, según argumenta la denuncia, "hasta la fecha, los familiares de las víctimas que se encuentran en la fosa sita en el Parque Federico García Lorca (...) no han tenido oportunidad alguna de ser compensados por el daño sufrido", y, "tal y como estipula la norma, para conceder la exhumación, se hace necesario que lo haya solicitado al menos una persona con legitimidad para ello, como es el caso que nos ocupa".