Como otros derechos humanos, los culturales emanan también de la carta de 1948, con la intención de garantizar el derecho de toda persona a participar de la vida cultural. Posteriormente, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, supuso también una garantía jurídica. A pesar de eso, y como explica la diputada autonómica y gestora cultural Jazmín Beirak en su libro Cultura ingobernable, “en términos generales siguió considerándose durante décadas que los derechos culturales no eran derechos humanos”, y por tanto que sus asuntos no serían de interés para la ONU, sino para la Unesco.
Aunque algo está cambiando en ese sentido. En septiembre, la Unesco promovió el encuentro Mondiacult sobre políticas culturales en el que se hizo presión para que en las próximas metas de desarrollo se incorpore la cultura de manera más decidida. El ministro de Cultura español, Miquel Iceta, reclamó que se incorporara a la Agenda 2030. “Ha llegado el momento de contribuir a que la sociedad mire la cultura con otros ojos, como una poderosa herramienta capaz de generar sociedades más justas, más igualitarias, más sostenibles”, dijo.
La vinculación entre los derechos humanos y los derechos culturales la señaló, no por primera vez pero sí de manera contundente, una de las antecesoras de Xanthaki en el cargo, la ex Relatora Karima Bennoune en su informe de 2018. “Las actividades que se realizan en el ámbito del arte y la cultura pueden ayudar considerablemente a crear, desarrollar y preservar unas sociedades en las que se hagan efectivos, cada vez más, todos los derechos humanos”, escribió.
La expresión artística y cultural “abre un espacio”, en palabras de Bennoune, en el que los individuos reflexionan sobre su sociedad, compartiendo ideas propias pero también aportando algo nuevo a las ideas de los otros. Además, el arte y la cultura son vehículos para expresar “temores y quejas de manera no violenta”, generar resiliencia e imaginar el futuro. Los proyectos culturales no solo ofrecen productos culturales, sino que tejen interacciones sociales basadas en la comprensión y la confianza mutuas, según indica la relatora.
“Los derechos culturales en el mundo se enfrentan a muchos desafíos pero también han visto muchos éxitos, y los desafíos crean grandes oportunidades”, explicó Alexandra Xanthaki este miércoles en Barcelona, “como la digitalización, que ofrece la oportunidad a algunas comunidades para que el resto del mundo conozca maneras de vivir asombrosas”. “Es importante transmitir a los Estados que no solo hay una cultura mainstream sino unas culturas vulnerables y marginalizadas”, añadió.
Xanthaki recordó que las obligaciones de las administraciones públicas respecto a los derechos culturales no son únicamente una responsabilidad estatal sino también local: “A veces son las ciudades las que empujan a los Estados a adoptar derechos culturales”.
Barcelona está dando grandes y atrevidos pasos en una política cultural con enfoque de derechos. El Ayuntamiento puso en marcha en 2021 un Plan de Derechos Culturales que aseguró que contaba con un centenar de medidas para impulsar el acceso a la cultura y la participación ciudadana vinculada a estas políticas. De la mano del entonces teniente de alcaldía Joan Subirats, hoy ministro de Universidades, el plan seguía también la fijación del consistorio de vincular las actividades culturales con las educativas, tecnológicas y científicas de la ciudad.
El presupuesto que se anunció para el plan fue de 68,7 millones de euros entre 2021 y 2022. El grueso, 42,5 millones, va destinado a programas ordinarios ya existentes del Instituto de Cultura. Del resto, 17,1 se han destinado específicamente a desarrollar nuevas iniciativas y 9,1 a inversiones en equipamientos vinculados a este proyecto.
Desde entonces, el Plan de Derechos Culturales ha servido para crear o reforzar múltiples apuestas artísticas de la ciudad. Desde la ampliación a todos los barrios del festival de artes escénicas Barcelona Districte Cultural a los conciertos del proyecto Ágora Ramblas para dinamizar este paseo, pasando por la ampliación del programa En Residencia (de creadores artísticos que tienen su taller en centros educativos) hasta la creación de la moneda REC Cultural, que promociona el consumo en el sector; la compra de antiguos locales comerciales vacíos para la creación de Bajos de Protección Oficial Cultural, o la apertura de la Casa de la Música en la antigua Barts.
El plan, capitaneado por el delegado de Derechos Culturales Daniel Granados, se ha desplegado estos días en el festival Culturopolis, un encuentro internacional ideado precisamente para debatir sobre estas cuestiones, informa Pau Rodríguez.
A nivel autonómico han surgido diferentes proyectos legislativos. Aragón está dando forma a una ley para 2023. Saul Esclarín, gestor cultural y director general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, valora que “ha llegado el momento de que los derechos culturales ocupen la centralidad de las políticas en materia cultural”. “Se han agotado los modelos que tradicionalmente se han seguido desde las administraciones públicas, sobre todo aquel que concebía la cultura exclusivamente como un recurso económico, de ocio y de diversión desde el que pivotaba toda la acción política y que convertía la política cultural en una mera sucesión de proyectos de exhibición y de programación”.
Esclarín considera que, para ello, es necesario “desbordar” el modelo imperante hasta ahora, “poniendo los derechos de las comunidades y de las personas, que son el acceso, la producción, la creación y la participación en la radicalidad de esas políticas públicas”. Respecto a la norma en proceso, piensa que “Aragón necesita que se reconozcan, se fomenten, se protejan y se desarrollen los derechos culturales de las personas por ley”. Y por eso es necesario un desarrollo legislativo a este nivel territorial. “No hemos sido capaces aún, de manera vinculante, de desarrollar el manido artículo 44 de nuestra Constitución que reconoce nuestros derechos al acceso a la cultura. Si pensamos en las comunidades y las personas, una ley de estas características nos ayudaría a reducir las desigualdades cada vez más presentes. Si pensamos en la sociedad aragonesa en su conjunto, no me cabe duda de que estaremos más cerca de ser mejores. Si pensamos en territorio, cuestión muy importante, en nuestro caso con enormes desequilibrios, tendremos una palanca fundamental para conseguir la tan ansiada igualdad de oportunidades. El código postal se antoja como un elemento central si de pelear por una equidad social hablamos. Y, por último, si pensamos en los y las profesionales de la cultura, estaremos garantizando mejores condiciones laborales y cierta esperanza en un futuro donde se cuente cada vez más con ellos y con ellas”.
Navarra ya tiene una Ley Foral de Derechos Culturales, promulgada en 2019, la cual tiene “un carácter innovador”, según explicó el equipo redactor que la desarrolló. Es una ley que no solo pone en valor las políticas culturales sino que establece obligaciones para las administraciones públicas en el marco de derechos, entre ellas, establecer el valor de la cultura como “un bien común”. Su objetivo no abarca solo el derecho de los ciudadanos sino también los del conjunto de artistas, creadores, gestores, promotores y profesionales de la cultura. La ley dio pie a un nuevo Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, como el órgano consultivo y asesor de la Administración de la Comunidad Foral en materia de cultura.
Canarias está trabajando en una propuesta de ley para crear un Sistema Cultural Público que, entre otras cuestiones, blinde el presupuesto autonómico de cultura en un 2%.
La Asamblea de Madrid ha votado el pasado 10 de noviembre la toma en consideración de una propuesta de ley de Cultura y Derechos Culturales de Más Madrid, que no ha salido adelante pese al apoyo de los grupos de izquierdas en la cámara regional. “Para nosotras era importante presentarla y debatirla, porque es el espíritu de los tiempos y los derechos culturales han llegado para quedarse”, explica en conversación con elDiario.es la diputada Jazmín Beirak, que considera que “es una ley que ya está hecha y puede servir para otra comunidad, para inspirarse y trabajar la suya”.
En concreto, el grupo de Más Madrid sigue la estela de otras comunidades como Navarra, que ha sido pionera, o Aragón, donde están trabajando ya en iniciativas similares. En concreto, la propuesta en Madrid pretende romper con la idea de lo cultural como un objeto de consumo, únicamente suscrito al ocio y al entretenimiento, y blinda la responsabilidad de las administraciones públicas para “dar las condiciones materiales y legales” para que cualquiera pueda expresarse en ese marco, señala Beirak. Su proyecto de ley también quería asegurar un 2% del presupuesto autonómico para la cultura.
Para la elaboración del proyecto, desde Más Madrid señalan que han estado en contacto con los equipos que han trabajado en las leyes hermanas de Navarra y de Aragón. “Formamos parte de la misma genealogía”, señala la diputada. Así, “la Navarra se suscribe a los derechos culturales y nosotros añadimos un sistema de cultura con garantías orgánicas, de participación y fijamos un presupuesto”, del 2% del total, casi el doble del 0,8% definido para 2023, explica Beirak. En relación con la de Canarias, ocurre a la inversa.
Desde el grupo socialista madrileño han apoyado esta iniciativa porque “Madrid necesita que la cultura sea reconocida como un derecho de la ciudadanía”. En esta línea, el Partido Socialista de Madrid ya registró en septiembre una proposición de ley para la creación de un sistema público de cultura y la que propone ahora Más Madrid “va en la misma línea que las que se están tramitando en las comunidades gobernadas por el PSOE: Aragón, Baleares y Canarias”, explican fuentes del grupo parlamentario.
El grupo parlamentario popular votó en contra de la toma en consideración asegurando que el texto “es puramente declarativo” y “pretende reconocer cosas como el derecho a ir al cine”. “Eleva a categoría de ley lo que es en realidad un catálogo de recursos, al mismo tiempo que pretende generar una regulación intervencionista y dirigista”, señalaban fuentes parlamentarias.
No obstante, el texto, finalmente rechazado por la mayoría de PP y Vox en la Asamblea, recoge una serie de garantías, como que siempre exista una Consejería de Cultura, “que no siempre ha ocurrido en la Comunidad de Madrid”, que se cree una “unidad de evaluación” y que se establezcan una serie de “garantías de independencia”, relata Beirak. “Ya hemos visto que en Madrid no está garantizado el derecho a la libertad artística por todo lo ocurrido con Paco Bezerra”, añade. Se refiere a la decisión de la administración de retirar de la programación de los Teatros del Canal la obra Muero porque no muero y el veto al dramaturgo en el Festival Eñe. Para evitar que se repitan situaciones similares, la norma planteaba la designación por concurso público de todas las direcciones artísticas de los organismos dependientes de la Comunidad, informa David Noriega.
