Si publicaban les quitaban la pensión. Hace casi nueve años la barcaza de Salvamento Marítimo irrumpió en el luminoso paseo marítimo de San Pedro de Llanes (Asturias) para rescatar el cuerpo de una mujer. Unas semanas antes de ese terrible día de diciembre de 2015, un escritor que quiso permanecer en el anonimato había recibido una notificación de la Seguridad Social. Le reclamaban una multa de más de 70.000 euros por haber defraudado al Estado. Había cometido la falta de seguir escribiendo a pesar de cobrar la pensión, que debía devolver. Rozaba los 80 años y se había empeñado en el error de seguir activo. Seis meses más tarde de la muerte de su mujer, reaccionó ante lo que consideró “una canallada” y escribió una carta a la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (PP), en la que evitó pronunciar la palabra prohibida: “suicidio”.

“Por medio del presente escrito y sus anexos, quiero poner en su conocimiento un abuso del que he sido objeto, un atropello que una disposición injusta y su interpretación literal por parte de su mesnada de funcionarios ha originado en mi entorno íntimo y que ha tenido como consecuencia el fallecimiento de mi esposa de forma dolorosa y traumática, el drama de mis tres hijos, que han pasado de ser familias felices a ser tratados por psicólogos y psiquiatras, y mi destrucción absoluta como individuo y escritor”, escribió el autor a la ministra.

Este párrafo entrecomillado fue el arranque de las casi 50 páginas que recibió en junio de 2016 Fátima Báñez, en las que hizo hincapié en la “injusticia” de su caso, que dio a conocer la cruda realidad de muchos como él. El autor en la sombra quiso que se supiera lo que ocurría, pero no quería publicidad. Su carrera “sin éxito pero con satisfacción”, con una veintena de libros publicados y columnista habitual en los periódicos locales, había llegado a su final. La escritura fue su perdición.

“Ha sido el Gobierno del que usted forma parte, una vez más fuerte con el débil y débil con el fuerte, el que ha arruinado mi vida. De todo lo que me ha ocurrido y de sus dolorosas secuelas le hago responsable a usted, doña Fátima, y al ministro de Cultura, al ínclito señor Wert, por no haberse opuesto al feroz ataque que perpetró el Gobierno que preside el señor Rajoy para arrebatarle las pensiones a un grupo de ancianos escritores. Ustedes dos son los verdugos”, acababa aquella misiva que fue un misil y que ha formado parte del cambio de criterio. Si este pasado martes el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de la compatibilidad a los pocos creadores jubilados que superan el Salario Mínimo Interprofesional, ha sido gracias, entre otras cosas, a aquella carta.

La reforma de las pensiones fue planteada por el PSOE y el PP la ejecutó en 2014: los autores debían elegir entre el rendimiento derivado de la actividad creativa o sus pensiones. “Cristóbal Montoro y Fátima Báñez se convirtieron en los enemigos de la cultura. Les escribimos varias cartas explicándoles la situación, pero nunca contestaron. Yo salía al extranjero, de promoción de mis cómics, y no podían creerse que existiera una medida con tan mala hostia”, cuenta por teléfono el escritor Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952), galardonado con el Premio Nacional de Cómic en 2010 por El arte de volar.

Altarriba trabajó en la Universidad del País Vasco entre 1975 y 2012, año en el que se jubiló como catedrático de literatura francesa. Había cumplido 60 años, cotizado casi 40 años y estaba en la cresta de su carrera como guionista de novelas gráficas. “Era un momento muy bueno para mí y seguí trabajando como autor. No estaba muerto como pretendía aquella norma, que fue arbitraria y abusiva y que desanimaba a seguir creando. El PP puso en práctica la medida con argumentos estúpidos. Iban contra nosotros porque no éramos la voz que ellos querían, favorable a su ideología. Quisieron callarnos”, sostiene Altarriba, que ultima en estos momentos su nuevo cómic, una historia sobre la migración, que dibujará Sergio García, Premio Nacional de Ilustración 2022. Se publicará el próximo otoño.

Cuenta Altarriba que durante años tuvo “miedo” a superar el Salario Mínimo Interprofesional, unos 10.000 euros anuales, que era el límite permitido de ingresos por derechos de autor. Indica que es un complemento a las pensiones que tienen, unos más justas que otros. “Yo tenía 60 años y no estaba muerto. Salía al extranjero a difundir una obra de lo que el PP llamaba 'Marca España', pero una medida como esa solo puede entenderse como odio a la cultura, una medida para abortar la creatividad”, añade.

En la foto histórica que recuerda este arduo trayecto ya no están Javier Reverte (1944-2020) ni Antonio Fraguas 'Forges' (1942-2018), dos de los principales activos de la causa de los creadores jubilados por mantener sus derechos sin amenazas. A Reverte la Seguridad Social le llevó a los tribunales por percibir una cantidad anual superior al salario mínimo interprofesional, entonces en 12.600 euros anuales. El escritor se había jubilado en 2009 con una pensión de 2.008 euros y durante los tres años por los que fue sancionado (2011, 2012 y 2013) ingresó 369.892 euros. La multa ascendía a 150.000 euros, que peleó en todas las instancias judiciales. El juzgado de lo Social número 14 de Madrid determinó que no existía incompatibilidad entre estar jubilado y beneficiarse de su actividad creativa. La Seguridad Social recurrió la sentencia.

El otro pilar de la plataforma Seguir Creando es el escritor Manuel Rico (Madrid, 1952), que recuerda esa foto histórica y lo que ha costado. “Ahora hay que estar atentos a ver cómo se ajusta la medida, porque desde 2019 no había formulario y el sistema informático no contemplaba la compatibilidad”, explica. Hay poetas, indica a este periódico, que han renunciado a actuaciones y conferencias por miedo a cobrar por su trabajo. Tampoco olvida el miedo con el que los autores han vivido estos años. “Hay un traductor de alemán que se pasó 3.000 euros del SMI y le penalizaron con 70.000 euros, toda la pensión de tres años. Montoro lo hizo con una crueldad total”, sostiene Manuel Rico. También asegura que el 90% de los autores no supera el SMI, cerca de 14.000 euros anuales, con los beneficios que generan sus derechos de autor.

Es el caso de Manuel Longares. Con diez novelas, seis libros de relatos y cuatro ensayos, los derechos de autor generados por una de las carreras literarias más brillantes no superan en ningún caso el SMI. Esa es la realidad del creador literario. Siempre asfixiados por la precariedad: primero buscan un trabajo para pagarse su creación y, luego, son perseguidos por querer recibir lo que les corresponde por haber escrito toda su vida.

“Por eso es tan importante lo que hemos conseguido”, dice el abogado y tesorero de la Unión de Artistas Contemporáneos de España, Alberto González, que ha estado implicado en la tramitación de esta medida. A partir de ahora, los ingresos serán entendidos como rendimientos de actividades económicas y no del trabajo. Esa es la clave. ¿Cómo ha sido posible esa modificación? “Ha costado convencer a los técnicos de Seguridad Social y Hacienda, que no conocían la realidad cultural. Pero creo que ahora han visto la industria creativa como una fuente de riqueza sostenible, que no genera residuos. Hay una nueva conciencia que proviene de Europa, porque antes creían que no generaba riqueza y ahora entienden lo contrario”, apunta Alberto González. “No es ninguna broma lo que ha ocurrido, es una conquista”, remata.

La escritora Clara Sánchez (Guadalajara, 1955), autora de 14 novelas, todavía no se lo cree. No se atreve a dar el paso y perder la pensión que le corresponde después de haber trabajado a lo largo de su vida como profesora, entre otras cosas. “Todos hemos trabajado en otras cosas, porque no podíamos vivir de nuestra escritura. Y luego, no puedes escribir... Ha sido una persecución constante. Por eso es tan importante lo aprobado: es un logro que acaba con una injusticia”, opina.

Hasta esta semana, muchos de estos autores y autoras nos han contado cómo se retiraban por miedo a tener éxito. Ha calado esta persecución y costará convencer a los creadores que ya no corren peligro, que la maquinaria del Estado no va a caer sobre ellos ni sobre su familia. Ya nadie será privado de sus derechos ni maltratado por crear. Ahora, el Estado los reconoce y cuida por su aportación a la comunidad para la que crean. Son parte del patrimonio y han decidido protegerles.

A lo largo de estos años, según la Asociación Colegial de Escritores, fueron multados autores como José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Eduardo Mendoza o Antonio Colinas, cuya situación ha sido una de las más extremas. A Colinas (La Bañeza, León, 1946) la Seguridad Social le amputaba mensualmente 80 euros de su pensión. Y su condena se repetiría durante 85 meses. En 2016 vivía con 600 euros al mes. Uno de los poetas y traductores más reconocidos, reclamado para dar conferencias y recitales, se vio en la obligación de rechazar aparecer en público y cobrar por miedo a nuevas sanciones. No podía renunciar a su pensión por muy pequeña que fuera, debió de renunciar a su trabajo. Durante ocho años la Marca España fue perseguir y abatir a octogenarios intelectuales. Eso terminó.