La ley estatal vigente dice en su preámbulo: "La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia".
"Golpe de Estado", "dictadura franquista". Es improbable que veamos esas expresiones, ese lenguaje, en esas nuevas leyes que PP y Vox cocinan juntos. Para la mayor parte de la derecha ―tanto de la dura como de la blanda convertida en semidura―, el golpe de Estado de julio de 1936 sigue siendo un "Alzamiento Nacional"; y las casi cuatro décadas de dictadura franquista, un periodo de "democracia orgánica".
La "democracia orgánica" fue uno de los nombres que adoptó el régimen de Franco para referirse a sí mismo. Por ella, el pueblo decidía su representación a través de las tres instituciones que el franquismo consideraba naturales: la familia, el municipio y el sindicato vertical (el único sindicato autorizado, al que tanto trabajadores como empresarios tenían obligatoriamente que afiliarse). En el imaginario colectivo que cultivaba el régimen, la democracia orgánica era muy superior a la democracia a secas. ¿Partidos políticos, sufragio universal, parlamentarismo, etc.? ¡Quita, quita, que eso es la "anti España"!
Lo de llamarle "Alzamiento Nacional" a la sublevación contra la República fue una de las primeras estratagemas propagandísticas de los golpistas de 1936. El término "alzamiento" debió de elegirse con mucho cuidado. En la segunda acepción del diccionario académico, "alzamiento" es definido como "levantamiento o rebelión", pero no se escogió ninguno de estos dos, menos edulcorados. A la expresión finalmente elegida se le añadía a menudo un epíteto, por delante, y quedaba así: "Glorioso Alzamiento Nacional". ¿Y contra quién se alzaban, se levantaban, se rebelaban estos "gloriosos nacionales". Contra la "anti España", contra la España que no consideraban legítima, claro.
Ahora a los nuevos “alzamientos” contra la legitimidad de la mayoría parlamentaria y del Gobierno que emana de ella se les llama “concordia”. Quizás indebidamente, porque “concordia” es, y volvemos al diccionario, “conformidad, unión”, “ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan”, “instrumento jurídico, autorizado en debida forma, en el cual se contiene lo tratado y convenido entre las partes”. Y no, no parece.
