Sacar adelante un festival de música no es tarea sencilla. Este verano más de 100 festivales de música han sido cancelados en todo el mundo. Long Division, Shindig, El Dorado, Pennfest, Connect Music y un largo etcétera completan la lista de eventos que han echado el cierre por diferentes motivos. Problemas en las licencias y permisos, complicaciones para financiar el espectáculo o dificultades para encontrar un recinto. Obstáculos que, de la mano de la creciente y agresiva competencia, terminan por afectar a un sector de la música en constante movimiento.

España no es una excepción. Artistas cuyo nombre se escribe en letra pequeña en el cartel y que trabajan en peores condiciones o las reclamaciones de un público que busca una experiencia sin abusos, son dos puntos de vista que necesitan de un tercero para completar la fotografía: a qué dificultades se enfrentan los promotores para sacar adelante sus festivales.

Aunque cada día parece menos importante, los nombres del cartel son un factor decisivo. Construir un line up con artistas ajustado al presupuesto es una tarea compleja por la progresiva subida de los cachés y la fuerte competencia del sector. Los directores del Tomavistas (Madrid) atribuyen este problema a la existencia de “más demanda que oferta” de una serie de artistas. Ese desequilibrio “afecta seriamente a la parte financiera”. “Si había que afinar mucho antes, ahora hay que hacerlo mucho más”, apuntan para elDiario.es. 

Fotografía desde uno de los escenarios del Sonorama

Todos los festivales lo sufren, aunque algunos pueden hacer frente a esta subida de precios con mayor solvencia que otros. Dani Herbera, director del Cranc Illa (Mallorca y Menorca), apunta este como uno de los mayores retos que tiene que afrontar cada año un festival como el suyo: “No podemos pagar lo que los artistas piden. Muchas veces los cachés los tengo que marcar yo. A un artista que pide 20.000 euros yo le puedo pagar la mitad, tenemos que intentar que lo entiendan”, cuenta.

El alza de cachés, además de afectar especialmente a los festivales de tamaño pequeño y mediano, también complica la supervivencia de aquellos “periféricos”. Así lo detallan Álvaro Fernández y Antonio Mata, directores del festival Canela Party (Torremolinos), que señalan al “madridcentrismo” como uno de los factores de encarecimiento. “Si una banda es capaz de generar una cantidad equis de dinero en Madrid, eso es lo que piden a todos los festivales”. Un sistema que perjudica a los pequeños y medianos eventos de otras partes de España donde “las bandas no funcionan igual”.

“Mucha gente piensa que hacer un cartel es solo ponerse a escribir tus nombres favoritos en un papel, hacer unas llamadas y cerrarlas, pero detrás hay un trabajo de meses, a veces años, para al final conseguir algo que si se parece remotamente a lo que planeaste en un principio, te podrás dar con un canto en los dientes y sentirte satisfecho”, explica la dirección del Canela Party.

Pese a que cada festival sea realista con la financiación con la que cuenta y los cachés que son capaces de afrontar, la cada vez mayor competencia en el sector sigue complicando la tarea de elaborar un buen cartel. La promotora del Sonorama Ribera (Aranda de Duero) apunta que hay veces que “incluso con el dinero que piden encima de la mesa” los artistas acaban rechazando un festival. Es decir, no basta con reunir una alta cantidad de dinero, sino también competir con otros eventos, cuadrar fechas, encajar el artista con el tipo de evento o que coincida que no esté de gira. Una odisea en la elección artística que dispara los gastos de las promotoras, que se agrava en aquellos casos en los que las direcciones no están dispuestas a “inflar precios, bajar salarios o convertir el festival en un escaparate de marcas”, tal y como aseguran desde el Canela Party. 

Por si fuera poco, además de pagar los elevados cachés de los artistas, los festivales también tienen que hacer frente a los gastos básicos de alojamiento y transporte. Una práctica que, siempre y cuando sea moderada, está justificada por el servicio que presta el artista. No obstante, desde el Canela Party destacan que hay veces que las exigencias de los artistas sobrepasan ciertos límites. “Hay que saber cuándo poner límites a las peticiones. Queremos que los artistas estén lo más cómodos posible, pero siempre dentro de lo razonable. No se puede decir que sí a todo o extender la hospitalidad a los amigos de la banda”, relatan. 

Asimismo, la competencia no solo afecta a una agresiva lucha por los mismos artistas, también genera problemas logísticos y de montaje. Mario Carnago, director del Holika (La Rioja) cuenta para elDiario.es que, como los proveedores están inmersos en una “rueda continua de festivales”, muchos materiales llegan el mismo día del inicio del evento. “Los food trucks o sanitarios portátiles, por ejemplo, llegan a veces el mismo día del comienzo procedentes de otros eventos con fechas similares”, detalla. Unos retrasos que reducen el margen de maniobra y de acción frente a contratiempos y aumentan el estrés y la incertidumbre de las promotoras. 

Ubicación distinta, problemas distintos

El lugar escogido para celebrar un festival también tiene sus complicaciones particulares. El Cranc Illa se organiza en las islas de Mallorca y Menorca, un factor que, según Dani Herbera, su director, dificulta la organización. “La insularidad es uno de nuestros mayores problemas. La gente se piensa más si venir o no a nuestro festival por el coste añadido que supone”, detalla. Una evidente complicación a nivel de costes en alojamiento y transporte que, al tener un 70% de asistentes de fuera, afecta a cada edición. Sin embargo, donde esta insularidad juega un papel más decisivo es en los altos costes de producción que supone en material de sonido o iluminación, que muchas veces hay que trasladarlos desde la península. 

Este factor geográfico no solo afecta a aquellos festivales que escogen recintos insulares. Cada ubicación tiene una serie de problemáticas y retos muy distintos. En grandes ciudades como Madrid la mayor dificultad es encontrar un recinto que respete el descanso de los vecinos y conseguir todas las licencias necesarias. La dirección del Tomavistas ―ubicado en Caja Mágica― explica para este medio que “el proceso de solicitud de licencias es muy exigente en una ciudad como Madrid”. Estos permisos deben cubrir aspectos basados en la seguridad o la accesibilidad, pero también de respeto en la convivencia con los vecinos. Sobre este último punto el Alhambra Monkey Week (Sevilla) afirma ser consciente de que, al ser un festival urbano, deben “balancear la fiesta” que ofrecen con “las necesidades de los vecinos”. Unas prácticas en las que siguen trabajando para “luchar por la utopía de que todo el mundo esté contento”, apuntan. 

El grupo La Habitación Roja durante el concierto que ofrecieron en una edición pasada del festival Sonorama Ribera

No solo tienen dificultades los festivales urbanos e insulares. En el municipio burgalés de Aranda de Duero, donde se celebra el Sonorama Ribera, el principal problema es la necesidad de mano de obra, que ante la escasez local, necesita incluso recurrir a trabajadores procedentes de otras partes de España. También suponen un reto las comunicaciones. La inexistencia de trenes o autovías que conecten las grandes ciudades con municipios como Aranda de Duero (Sonorama Ribera) o Calahorra (festival Holika) complican considerablemente incrementar los datos de asistentes. 

Esta ubicación geográfica también determina un factor muy importante para los asistentes de un festival: el alojamiento. Según el Canela Party, “la locura de los precios dinámicos y la avaricia del sector turístico” dificulta tanto el alojamiento de artistas y trabajadores, como el de los asistentes foráneos. Este festival dice haber experimentado en los últimos años un aumento notable en la partida destinada a alojar a su equipo y artistas. También explican conocer a gente que no ha podido asistir a Torremolinos por la “imposibilidad de encontrar alojamientos razonables o por cancelaciones de última hora por propietarios que quieren doblar precios”.

El problema hotelero se sufre mayormente durante la temporada alta en municipios turísticos. Festivales como el Holika (Calahorra, La Rioja), por su parte, carecen de un problema como este, pues su sistema de alojamiento, al igual que multitud de festivales en España, se basa mayormente en zonas de acampada.

“Un expediente más en una montaña de papeles”

Si bien elaborar un cartel o escoger una buena ubicación son unos retos importantes para cualquier promotora, financiar un evento de tal magnitud supone la mayor de las complicaciones. Una tarea que se dificulta especialmente para aquellos festivales que dependen directamente de las subvenciones y ayudas públicas. “La Administración es muy lenta. Nosotros dependemos de ayudas públicas y patrocinios privados. Las subvenciones nos llegan después de la celebración del festival”, detalla Dani Herbera, director del Cranc Illa. Al partir sin financiación pública, Herbera califica esta tarea como una ejecución “a ciegas”, donde planifica y hace realidad todo un festival suponiendo la subvención que llegará a posteriori. 

Estos retrasos no son la única queja de los festivales frente a las administraciones. También la lentitud y poca antelación en la planificación de la normativa necesaria. “Si bien un festival comienza su organización hasta un año antes de su celebración, en general la licencia se le concede prácticamente con la apertura de puertas. Esto genera una enorme inseguridad jurídica tanto para el promotor, como para los asistentes y la Administración Pública”, explica para elDiario.es Belén Álvarez, abogada de la Asociación de Festivales de Música (FMA).

Asimismo, en muchas ocasiones las administraciones exigen ciertos cambios que han de ser inmediatos, pues los comunican a pocos días del inicio. “Desde los ayuntamientos no entienden la necesidad de planificar un festival con antelación. Te responden a los meses y eso hace que se trabaje mal. No le dan la importancia que tiene”, apunta Herbera. Una idea que subraya también la dirección del Alhambra Monkey Week (Sevilla): “Entendemos que lo que para nosotros es lo más importante del mundo, para otros es un expediente más en una montaña de papeles”. 

Un ejemplo claro de esta poca antelación ante los cambios que exigen los ayuntamientos para aprobar las licencias es el que vivió el Cranc Illa en una de sus pasadas ediciones. El recinto en el que se celebra este evento se ubica junto a un hospital, algo que, tal y como explica su director, en principio les eximía de la necesidad de contratar una ambulancia para los asistentes. A pocos días de iniciar el festival, el Ayuntamiento les comunicó la obligatoriedad de contar con un vehículo de asistencia sanitaria, teniéndolo que contratar de manera precipitada y trasladarlo desde Barcelona, pues no había ambulancias disponibles en la isla. Esta precipitada acción, motivada por los reducidos plazos de las administraciones, supuso un gasto importante e inesperado para la organización del festival. 

Imagen del montaje del escenario principal del festival Icónica Sevilla Fest, en la Plaza de España de Sevilla

El Canela Party también formó parte de la lista de festivales afectados por las presuntas malas prácticas de las administraciones. Los directores del festival apuntan a este medio que, en un inicio y teniendo un tamaño mucho más pequeño, era una “verdadera heroicidad sortear las trabas institucionales”. Detallan haber sido “ninguneados” y no haber recibido ayuda, sino que además, en ocasiones, les “ponían palos en las ruedas”. Después de estas experiencias, la dirección del festival decidió hace algunos años mudarse de municipio hasta su actual emplazamiento, Torremolinos, donde dicen “haberse sentido escuchados, aunque no siempre con la agilidad necesaria”. 

Gran parte del problema que ocasiona estos retrasos y deficiencias en los trámites de permisos radica en que en España no existe una legislación uniforme ni específica en relación a este tipo de eventos. Esta tarea de concesión de licencias suele ser competencia de los ayuntamientos y administraciones locales, que funcionan cada una con sus propios recursos y plazos. De hecho, el problema se vuelve aún mayor en localidades que nunca han lidiado con este tipo de procesos normativos y lo tienen que hacer por primera vez. “Las primeras ediciones de un festival siempre son las más complicadas. El propio Ayuntamiento, si no tiene otro evento del mismo tipo en la ciudad, se ve en una situación que no ha vivido antes. Hay que adaptarse a una situación y a un territorio”, explican desde El Planeta Sonoro, promotora de festivales como el Sonorama Ribera.

“Los festivales son eventos que ofrecen música y otras muchas actividades culturales, convirtiéndose en 'mini ciudades' durante los días de su celebración. Es por ello que tienen que tener en cuenta multiplicidad de normas de distinto ámbito, local, autonómico o nacional (...) A este reto legal se une el que la interpretación que se hace de estas normas en las diferentes autonomías y municipios no siempre es homogénea”, explica para elDiario.es Belén Álvarez, abogada de la Asociación de Festivales de Música (FMA).

El sector de los festivales de música ha crecido y evolucionado mucho en los últimos años. Ahora se hacen eventos más grandes, con más actividades, con más aforo o con más artistas y, por ende, con la necesidad de solicitar más permisos. Desde la Asociación de Festivales de Música, y tal y como asegura su abogada, plantean la conveniencia de revisar ciertas normas, que se aplican en la organización de un festival, de manera que “tengan en cuenta su realidad y los tiempos de su organización”.