Cano lleva meses imputado por un juzgado de la Plaza de Castilla por una magistrada que investiga si él y sus colaboradores trajeron a España a casi dos decenas de aspirantes a bailarines para formarse y trabajar en su musical en Madrid. Los mensajes recabados por la Policía demostraron que varios de los responsables del espectáculo dieron instrucciones para que, una vez en España, entraran en el país como turistas y no como estudiantes o trabajadores.
Este proceso, dice ahora la Audiencia de Madrid, es “un procedimiento no poco común”, que consiste en “entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes”, una práctica según los jueces “asumida por la normativa de la Unión Europea”. Recientemente un informe de la Inspección de Trabajo también exculpaba a Cano al no encontrar irregularidades en la relación laboral de los becarios.
