La nueva designación se conoce dos días después de que Sánchez comunicara a Guirao que no formaría parte del nuevo Gobierno. El experto en arte y gestor cultural había sido nombrado ministro en junio de 2018, tras el cese de Màxim Huerta, al conocerse que había defraudad a Hacienda.
El nombre de Rodríguez Uribes ya había estado sobre la mesa como posible sucesor de Ángel Gabilondo en la Asamblea en el caso de que este dejara de ser líder de los socialistas madrileños, pero finalmente su salida no se ha producido por el momento.
Rodríguez Uribes ha sido además director general de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2005-2011), secretario de Laicidad en la Ejecutiva Federal del PSOE, director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (2016-2018).
Como autor, conferenciante y profesor, sus líneas temáticas se centran en la deontología profesional, los derechos humanos, la filosofía del Derecho y el derecho de las víctimas del terrorismo.
Como ministro, su tarea principal será la de desencallar varios buques de la política cultural nacional que la legislatura frustrada y la interinidad han dejado ir a la deriva. Los dos más importantes son el Estatuto del Artista y la Ley de Mecenazgo, dos proyectos que vienen de atrás, sobre todo el segundo, para los que el ministro buscará consensos y unanimidad como los que el Gobierno necesita para que un esperado Pacto de Estado por la Cultura salga también del astillero.
Las elecciones dejaron en un cliffhanger el desarrollo del Estatuto del Artista, al que se le ha prestado tan poca atención que incluso el candidato Sánchez, en un debate electoral televisado en abril, se equivocó aludiendo a él como el Estatuto del Creador. El título perdió la bohemia por el camino, que es precisamente la función de este documento: transformar al personaje bohemio y precarizado en un digno trabajador de la cultura. El sector pide que en un nuevo modelo cultural ponga al trabajador en el centro.
Guirao consiguió llevar el Estatuto hasta un Pleno extraordinario del Congreso, donde un primer paquete de medidas, las que tenían menor complejidad jurídica, fueron aprobadas en forma de Real Decreto-Ley hace un año. La más llamativa, de carácter fiscal, fue hacer descender de nuevo una parte del IVA cultural al 10% (cine, teatro y musicales), desde el tipo 21 que comenzó a aplicarse en 2012 con José Ignacio Wert como ministro. También se aplicaron reducciones de la retención de rendimientos procedentes de los derechos de autor la compatibilidad de las pensiones con la percepción de los derechos de autor, incentivos a los rodajes de películas extranjeras y espectáculos de artes escénicas y musicales; y la cotización de los artistas en periodos de inactividad voluntaria, como las bajas de maternidad y paternidad, de incapacidad, jubilación o lactancia. ¿Qué le queda por hacer al nuevo ministro? El resto de las 75 medidas del Estatuto, entre las que se encuentran nuevas deducciones de gastos, la reducción del IVA en toda la cadena de valor de la cultura, la adaptación de las cotizaciones a la Seguridad Social (que sean proporcionales a los ingresos y que la cuota sea gratuita para el umbral del Salario Mínimo Interprofesional), la lucha contra la situación generalizada de falsos autónomos o que se fortalezca una interlocución colectiva con sindicatos y asociaciones profesionales.
De una manera deslavazada, el mecenazgo cultural se ha ido fomentando en España en los últimos años con la navegación de las diferentes legislaturas. El exministro de Hacienda Montoro (PP) disolvió en varios incentivos fiscales las ilusiones del anterior ministro de Educación y Cultura Méndez de Vigo de crear la Ley de Mecenazgo en 2012. Guirao retomó la idea y desplegó las velas, anunciando que sería uno de sus grandes proyectos, que por supuesto no ha podido llevarse a cabo en la exigua legislatura anterior. Como ocurre con el Estatuto del Artista, el timón de esta ley es la protección cultural pero el sistema hidráulico se construye en otros ministerios. Ya lo dijo Guirao: la Ley de Mecenazgo es en realidad una ley de Hacienda. La incógnita está en el nuevo porcentaje de desgravación que conseguirá su ministerio. Actualmente, se alienta más el micromecenazgo que las grandes aportaciones, ya que el retorno público es del 75% para los primeros 150 euros donados, ascendiendo al 30 o 35% a partir de ahí. En países europeos como Francia, Inglaterra o Italia, se alcanza un 60 o un 70%.
A la espera de conocer las tierras que el nuevo ministro quiera pisar con mayor firmeza, si la labor fuera continuista, recogería el interés de José Guirao por el patrimonio y la creación contemporánea. En su carta de navegación podrían encontrarse la ampliación de la Ley del Patrimonio Histórico Español; la culminación de la reforma del INAEM, una mayor dedicación al tejido de desarrollo de videojuegos y la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual que consiguió aprobar en febrero de 2019.
El patrimonio industrial es uno de los más desconsiderados en España, donde las batallas para preservar determinados legados se han ido librando —y casi siempre perdiendo— una a una. Por ello, el ministerio debe asumir una modificación de la Ley del Patrimonio Histórico Español para que asuma también bajo su abrigo no solo al patrimonio industrial, sino también al audiovisual, fotográfico y del paisaje cultural.
La directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) nombrada por Guirao, Amaya de Miguel, asumió la tarea de redactar el borrador para la futura Ley del nuevo INAEM, que debería tramitarse en la nueva legislatura. El organismo se había quedado anticuado y era evidente que necesitaba repensarse el sistema de ayudas y el programa de descentralización y articulación de las escénicas en municipios y provincias. Además, la danza lleva tiempo demandando mayor atención, por lo que deberá retomarse la iniciativa de creación de un Centro Nacional de Difusión de la Danza y un Teatro Nacional de la Danza.
El año pasado se presentó un Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos que servirá de cuaderno de bitácora para colocar este sector —la segunda industria cultural en España— en lugar central, para lo que el ministerio de Cultura debería coordinarse con el de Industria. Programas de ayudas, préstamos, coordinación autonómica y fomento de la creación son las líneas a seguir.
La crisis de la Sgae es una preocupación para el ministerio, que debe vigilar muy de cerca y exigir que esa entidad cumpla con los principios de solidaridad y equidad que recoge la Ley de Propiedad Intelectual. Guirao amenazó con una intervención, vía Audiencia Nacional, por la que podría revocarse su autorización para gestionar los derechos de autor; fue rechazada, pero sirvió para enseñar los dientes. La manera de atar corto a la Sgae sería crear una Oficina de Derechos de Autoría. Por otro lado, habrá que ver con cuánta dureza alude el ministro a la reciente reforma de la ley para imponer multas y cerrar páginas webs que comparten sin permiso contenido sujeto a derechos. Un grupo de seis personas forman la Comisión que decide qué páginas deben cerrarse. ¿Revelará el ministerio sus nombres, tal y como ha resuelto el Consejo de Transparencia tras una reclamación de Maldita.es?
Guirao recuperó la Dirección General del Libro que el PP había hecho desaparecer del ministerio, con el objetivo de buscar soluciones a la crisis de las librerías y seguir apoyando el fomento de la lectura. El propio exministro acabó asumiendo esta dirección general tras la dimisión de la poeta asturiana Olvido García Valdés, quien quiso adoptar medidas de transparencia como la publicación de las cifras de venta de los libros, así como crear incentivos fiscales a la apertura de librerías. También retiró al ministerio del Sello de Calidad de Librerías por entender que beneficiaba a solo unas pocas privilegiadas. Será importante atender quién ocupa estas direcciones generales y con qué criterios.
Como lugar de consenso político, para el Gobierno será importante sellar un Pacto de Estado, a pesar que la Cultura no ha sido, ni de lejos, un tema de interés en las campañas electorales de ningún partido. Este Pacto sería un cuaderno de a bordo, una declaración de buenas intenciones para que el sector vea aumentar su peso en el PIB, y justificaría el anunciado crecimiento paulatino del negociado cultural en los Presupuestos Generales.
En cuanto a la segunda área de este ministerio, la deportiva, se espera que la Ley del Deporte, aprobada por el anterior Gobierno, recorra su tramitación parlamentaria.
