La mejora de la recaudación tributaria, sobre todo del IRPF, y el efecto de la liquidación autonómica de 2017 han contribuido a reducir el déficit del Estado un 20,9 % en los siete primeros meses del año, hasta situarlo en 13.922 millones de euros, un 1,11 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este martes los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta julio y del conjunto de las administraciones públicas hasta junio, con la excepción de los ayuntamientos, cuyos datos aún no se conocen.

En el primer semestre, el déficit público alcanzó los 26.272 millones (un 2,09 % del PIB) incluyendo las ayudas a la banca, un 17,6 % más que en el mismo periodo de 2018, un repunte que Hacienda basa en el efecto comparativo de la fecha de entrada en vigor de la subida de las pensiones y el salario de los empleados públicos.

Es decir, los datos de déficit público de junio computan el gasto de las mejoras retributivas de 2019 (que se aplican desde enero) pero no las de 2018 (que empezaron a abonarse en julio), lo que distorsiona la comparación, un efecto que "se irá suavizando" en los próximos meses, según Hacienda.

En esos seis meses, la administración central acumuló un déficit del 0,92 % del PIB (cuando su objetivo para todo el año es el 0,5 %); las comunidades autónomas, del 0,63 % del PIB (su objetivo es el 0,3 %), y los fondos de la Seguridad Social, del 0,54 % del PIB (su objetivo es el 1,2 %).

En la primera mitad del año, el País Vasco era la única comunidad autónoma con superávit, mientras que los déficit más acusados eran los de Extremadura (1,35 % de su PIB) y Navarra (1,25 %).

Por lo que respecta a la ejecución presupuestaria del Estado hasta julio, registró una reducción del déficit gracias a un aumento de los ingresos -del 5 %, hasta 114.835 millones - superior al de los gastos -un 1,4 %, hasta 128.757 millones-.

La mejora de los ingresos vino impulsada por la recaudación tributaria, que creció un 3,6 % hasta los 96.767 millones, en parte gracias a que los ingresos por IRPF se dispararon un 11,4 % por el mejor comportamiento de la campaña de la renta y el efecto de la liquidación autonómica de 2017.

También repuntó la recaudación de IVA (un 3,5 %) e impuesto de hidrocarburos (un 8,4 %) por el efecto de la asunción del tramo autonómico del tributo en el estatal, mientras que los ingresos del impuesto de sociedades bajaron un 5,2 % por un caso particular.

Los ingresos por transferencias corrientes entre administraciones aumentaron un 17,5 % después de que la liquidación definitiva de la financiación autonómica de 2017 arrojara unos saldos a favor del Estado superiores a los del año anterior.

En cuanto a los gastos, aumentó un 6,3 % la remuneración de los asalariados por la equiparación salarial de la política y la guardia civil con los cuerpos autonómicos y la mejora salarial de los empleados públicos.

También se incrementaron la aportación a la UE por recursos de IVA y RNB (un 15,1 %), las prestaciones sociales distintas a transferencias sociales (un 11,8 %) y los consumos intermedios (un 9,5 %) por los gastos electorales, mientras que se redujo en un 3,2 % el coste de la deuda.