Directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunciaron este miércoles a la Policía de Nicaragua ante el Ministerio Público, por haber permitido un atentado en su contra, ejecutado el sábado por simpatizantes del presidente Daniel Ortega.
"Hoy hemos introducido una denuncia ante el Ministerio Público de la ciudad de León, este atentado que hubo contra la integridad física de nuestras personas, con la permisividad que se dio por las autoridades, para que nos hicieran daños", dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
El atentado y la denuncia se dan en medio de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde abril de 2018, y que ha dejado cientos de personas muertas, presas y desaparecidas, además de decenas de miles en el exilio, después de participar en protestas contra Ortega.
El atentado ocurrió el sábado pasado, cuando el vehículo en el que viajaban Aguerri y los directivos del Cosep, Micheal Healy y Álvaro Vargas, junto con el comentarista Jaime Arellano, fue detenido por la Policía y posteriormente atacado con piedras, bates y disparos de balines, en León, 90 kilómetros en el noroeste de Managua.
Las víctimas sostienen que, luego de que fueron detenidos por una patrulla de policías, estos avisaron e hicieron tiempo para que las llamadas "turbas sandinistas" llegaran al lugar y ejecutaran el ataque.
Según las víctimas al menos una piedra de las que atravesó los cristales cayó entre los dos asientos delanteros, y un balín disparado con un arma de fuego penetró el vidrio del conductor, a la altura de la cabeza del ocupante, Aguerri.
Los empresarios sostuvieron que, después de varios minutos bajo agresiones, decidieron ponerse en marcha a toda velocidad y olvidar sus papeles en manos de los policías, como única manera de salvar sus vidas.
Las víctimas, en su mayoría miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sostuvieron que la agresión ocurrió cuando regresaban de acompañar en el cementerio al dueño de una radioemisora independiente local.
Según Aguerri, la agresión se dio "por pensar distinto", ya que su visita a León no tenía objetivos políticos.
La denuncia fue presentada por un abogado en representación de los afectados.
Sobre la supuesta parcialidad de las instituciones del Estado a favor de los paramilitares sandinistas, el presidente del Cosep afirmó que "correspondería al Ministerio Público abrir una investigación al respecto".
Unas 328 personas han muerto en el marco de la crisis de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por crímenes "de lesa humanidad".
Organizaciones humanitarias sostienen que el número de muertos asciende a 595, y el Gobierno admite 200.
