Los trabajadores con discapacidad cobran un 17% menos que el resto de los trabajadores sin discapacidad, según los últimos datos sobre el Salario de las Personas con Discapacidad (SPD) de 2017 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La brecha salarial se acentúa más en los hombres, cuya diferencia se sitúa en el 20,7% frente al 14,3% de las mujeres. Sin embargo, las trabajadoras con discapacidad cobran un 16% menos respecto a sus homólogos varones.

La encuesta, que se elabora con datos de personas con un 33% o más de discapacidad reconocidas, recoge que el salario bruto anual medio es de 19.726 euros, 4.039 euros menos de los que perciben de media las personas sin discapacidad (23.764 euros).

La distancia entre los trabajadores con y sin discapacidad se ha incrementado en 7 puntos porcentuales desde el 2010, primer año de elaboración del SPD. Entonces, un trabajador con discapacidad cobraba anualmente 2.289 euros menos que un empleado sin discapacidad. Actualmente, la brecha se ha incrementado un 43% hasta alcanzar los 4.039 euros. Si comparamos la situación respecto al año pasado (2016), el sueldo de las personas con discapacidad ha mejorado un 2,2 %. 

¿Cómo valoran desde los colectivos estos datos? Daniel-Aníbal García Diego es secretario de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE): "El salario medio de una persona con discapacidad no llega a los 20.000 euros, y casi 24.000 euros menor que el de una persona sin discapacidad. Es evidente que existe problema estructural del mercado de trabajo", asegura. "Y no hablemos ya del salario medio de la mujer con discapacidad...".

Por sexo, el salario de las mujeres con discapacidad fue de 17.730 euros de media por trabajadora y año, mientras que para los hombres fue de 21.079 euros. O, dicho de otro modo, las trabajadoras con discapacidad cobraron un 16% menos que sus compañeros. Una brecha salarial menor que la registrada entre el resto de los trabajadores, situada en el 22,2%. Si comparamos los salarios entre personas con y sin discapacidad según el género, la brecha es mayor entre la población masculina: ellos cobran un 20,7% menos y ellas un 14,3%. 

Elena de Saa Gregorez asegura sentirse muy afortunada. Aunque es mujer y tiene una malformación en pies y manos, desde que dejó los estudios no ha dejado de trabajar, y actualmente está contratada en el centro de formación de soldadores FormaVigo, donde desempeña labores administrativas desde hace un año. Sin embargo, reconoce que los comienzos no fueron tan fáciles: "El primer contrato fue de seis meses, y yo accedí a ir por un salario muy bajo, y me tenían pasando datos a un ordenador". No fue hasta después de esos seis meses cuando le empresa mejoró el salario y las condiciones de Elena.

Aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres está presente en trabajadores con y sin discapacidad, en el caso de los trabajadores con discapacidad es menor. Si bien aparentemente puede tratarse de un dato positivo, desde COCEMFE apuntan a que puede tener más que ver con el hecho de que los salarios de las personas con discapacidad son bajos o muy bajos, lo cual hace que se reduzca la brecha. No obstante, se muestran especialmente preocupados por esta cuestión: "Nos preocupa que el salario medio de la mujer con discapacidad no llegue a los 18.000 euros. Es una doble discriminación como para hacérnosla mirar como sociedad", asegura García Diego.

Entre los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, no todos tienen las mismas dificultades para acceder a un puesto de trabajo: es el colectivo de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral. "Según aumenta el grado de discapacidad disminuye el salario. Es una tendencia muy clara", explican desde COCEMFE.

Así, los trabajadores con discapacidad intelectual y mental perciben un salario menor a la media del 38,2% y del 17,8%, respectivamente. Los trabajadores con discapacidad sensorial y física son quienes obtienen unos salarios más altos. 

El factor determinante en la inserción laboral es el grado de discapacidad. Los que más salario reciben son las personas con un grado de entre el 33% y el 44%, con un sueldo anual de 20.125 euros anuales. Un 13% menos cobran las personas que tienen reconocida una pensión por incapacidad permanente y cuyo grado de discapacidad no consta por no estar registradas en la Base Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).

"Las personas con discapacidad tenemos derecho al empleo, tenemos derecho a la integración y tenemos derecho a la igualdad", reivindica Daniel-Aníbal García. "Pero es que, además, que no se consiga nuestra inserción laboral es una pérdida tremenda de talento y de oportunidades para la sociedad. Somos personas con discapacidad, pero eso no quiere decir que no tengamos capacidad productiva". "Somos una parte de la sociedad y queremos y tenemos que estar integrados en ella". Por ello, asegura, es imprescindible que las administraciones, las empresas y las inspecciones de trabajo hagan cumplir la ley.

"Creo que poco a poco la sociedad es cada vez más inclusiva y las diversidades de todo tipo se entienden cada vez mejor", valora Daniel-Aníbal García Diego. "Sin embargo", apunta, "esto no quiere decir que estemos en una situación aceptable, ni mucho menos". "En todos los grupos observamos que el salario de las personas con discapacidad es inferior al de las personas sin discapacidad, por lo que estamos ante una discriminación transversal y estructural", denuncia el secretario de organización de COCEMFE.

Entre las medidas para fomentar la contratación y la permanencia en los puesto de trabajo para los colectivos con discapacidad se encuentran las contrataciones obligatorias y las bonificaciones fiscales. Según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social las empresas públicas y privadas que empleen a más de 50 trabajadores de forma fija están obligadas a que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad. Por otro lado, la administración pública debe reservar el 7% de las plazas de las convocatorias de empleo público a discapacitados, según lo establecido en el real decreto 5/2015. 

Cuando hace un año su actual empresa la contrató, Elena sintió que "al menos al principio", lo hizo porque "necesitaba contratar a alguien con discapacidad porque le obligaba la ley". "Yo creo que al principio solo me contrataron para cubrir una cuota", cuenta. "Luego ya vieron que yo era válida y que podía encajar en otro departamento y mejoraron mis condiciones. Pero me da pena que las empresas tengan que estar obligadas a esto, cuando hay un montón de personas completamente válidas, que desempeñamos las tareas con total adaptación... a veces incluso mejor que otras personas que no tienen ninguna dificultad".

Los trabajadores con discapacidad también cuentan con bonificaciones y reducciones en su cotización a la Seguridad Social. Por ejemplo, por un contrato indefinido, una persona con una discapacidad no severa recibe una bonificación de 4.500 euros si es hombre menor de 45 años, de 5.350 euros si es una mujer menor de 45 años y de 5.700 € si es mayor de 45 años, independientemente de su género. 

En un artículo publicado en la revista del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el secretario de la ONCE, Rafael de Lorenzo, defiende que "la exclusión de las personas con discapacidad del mundo laboral es un despilfarro económico de niveles inaceptables". Y alude a unas declaraciones de Barbara Murray, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las que asegura que los costes de las prestaciones sustitutivas de ingresos para las personas con discapacidad en edad de trabajar son altos en los países que disfrutan de este tipo de subsidios. Pone de ejemplo a Estados Unidos, en el que 6,3 millones de personas con edad de trabajar reciben una prestación. "Si un uno por ciento volviese al trabajo, se ahorrarían 2.900 millones de dólares". 

En cambio, Elena se pregunta: "Las personas que tenemos una discapacidad, en cuanto empezamos a trabajar nos quitan la pensión no contributiva. ¿Por qué? Entiendo que las personas con incapacidad mantengan una pensión mensual aunque estén trabajando en otro sector, pero nosotros aunque estemos trabajando seguimos manteniendo nuestra discapacidad. Me parece muy injusto. Creo que es algo muy importante y la sociedad no lo tiene nada en cuenta".