La crisis energética, el cambio climático, la necesaria transición energética y ahora también el Tribunal de Cuentas de la UE constatan el fracaso del mercado energético en Europa. Un informe de los auditores europeos señala la lentitud en los avances hacia un sistema común que no ha llegado pese a los intentos que comenzaron en la década de los 90 y apuntan a un mercado que “sigue regulado en la práctica por veintisiete marcos reglamentarios nacionales” en buena medida por los obstáculos que ha supuesto la “compleja arquitectura jurídica” diseñada desde Bruselas.
“La UE ha hecho pocos avances en su objetivo de conectar los mercados de la electricidad y garantizar así el acceso a energía barata para empresas y ciudadanos”, concluyen los examinadores en un informe en el que reconocen que los 27 se han saltado sus propios plazos. “En 1996, la UE emprendió un proyecto complejo para integrar plenamente los mercados nacionales de la electricidad”, recuerda el texto en referencia al proceso con el que los estados trataron de liberalizar el mercado y acabar con los monopolios.
“El objetivo era ofrecer los precios más baratos posibles de la electricidad a los consumidores y aumentar la seguridad del suministro energético de la UE. Sin embargo, casi diez años después de la fecha prevista para finalizar el proyecto, 2014, el mercado sigue regulado en la práctica por veintisiete marcos reglamentarios nacionales”, resume la institución en una nota.
“Los precios mayoristas difieren mucho entre Estados miembros y los precios al por menor siguen estando fuertemente influidos por los impuestos nacionales y las tarifas de red, en lugar de estar abiertos a la competencia”, argumenta el Tribunal de Cuentas, que ha analizado el periodo entre 2015 y 2021, aunque según fuentes de la institución el pasado año no se produjeron cambios estructurales que modifiquen esas conclusiones, a pesar de las medidas de emergencia adoptadas con la crisis energética.
En buena medida, los auditores de la UE consideran que el problema radica en la complejidad normativa que regula el mercado eléctrico. De hecho, asegura que las directivas no han sido plenamente establecidas en el conjunto del continente.
El informe del Tribunal de Cuentas llega hasta cierto punto tarde dado que la UE está trabajando ya en la reforma del sistema energético, a pesar de las reticencias que hasta hace poco más de un año tenían tanto la Comisión Europea como algunos estados. España ha sido uno de los países que más ha demandado cambios en el mercado energético desde septiembre de 2021. Inicialmente se topó con un portazo en Bruselas, pero el gobierno comunitario se vio obligado a cuestionar por primera vez la “estructura del mercado eléctrico” en junio del pasado año, en plena escalada de precios. A partir de ahí, se abrió a intervenirlo.
Bruselas puso en en marcha la semana pasada una consulta pública sobre la reforma de la configuración del mercado de la electricidad de la Unión Europea con la que pretende “proteger mejor a los consumidores frente a la excesiva volatilidad de los precios, apoyar su acceso a una energía segura procedente de fuentes limpias y aumentar la resiliencia del mercado”. La intención es que el gobierno comunitario haga una propuesta en marzo.
“El sistema actual ha ofrecido durante muchos años un mercado eficiente y bien integrado que ha permitido a la UE aprovechar los beneficios económicos de un mercado único de la energía, ha garantizado la seguridad del suministro y ha estimulado el proceso de descarbonización. Sin embargo, el sistema también ha mostrado algunas deficiencias. En la actual crisis de precios elevados y volátiles de la electricidad, la carga económica ha recaído en los consumidores finales”, admite la Comisión, que pondrá ahora el foco en “reducir la dependencia de las facturas de electricidad del precio a corto plazo de los combustibles fósiles e impulsar el despliegue de las energías renovables”, “mejorar el funcionamiento del mercado para garantizar la seguridad del suministro y utilizar plenamente alternativas al gas, como el almacenamiento y la respuesta de la demanda”, “reforzar la protección y el empoderamiento de los consumidores” y “mejorar la transparencia, la vigilancia y la integridad del mercado”.
Los 27 han comenzado a enviar ya sus propuestas a la Comisión. España aspira a que se permita permita imponer precios fijos a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica, de forma que se eviten los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño actual del mercado marginalista, en el que el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda.
El Tribunal de Cuentas tiene expectativas en que esa reforma acabe con las “insuficiencias” que ha detectado durante su análisis. Entre las recomendaciones que hace a los legisladores plantea que se reevalúen las normas que “rigen la formación de los precios mayoristas de la electricidad, en vista de la crisis energética actual y del aumento de las energías renovables” y que se establezcan otras que “incentiven la flexibilidad de la demanda”. También pone el foco en la necesidad de mejorar la capacidad de supervisión del funcionamiento del mercado reforzando a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
