La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide vetar a Icasa, una pequeña distribuidora eléctrica perteneciente a los Pich-Aguilera Roca, discreta familia de la alta burguesía catalana íntimamente vinculada al Opus Dei y sus negocios. Según Competencia, esta empresa ha incumplido durante años la normativa del sector y no puede tener una retribución regulada, a cargo de todos los consumidores de luz.

La petición está recogida en la propuesta de retribución de las distribuidoras para 2020, abierta a consulta pública hasta el próximo día 15.

La CNMC recuerda que, según el artículo 38.2 de la ley eléctrica, "no formarán parte de las redes de distribución los transformadores de grupos de generación, los elementos de conexión de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas".

"En cualquier caso, dado que dicha empresa sigue dada de alta actualmente en el registro de distribuidores de electricidad, se va a solicitar informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la situación concurrente en esta empresa, al tiempo que se remite a dicho Ministerio la información obrante en la CNMC, al objeto de que se tomen las medidas oportunas para su inhabilitación, en su caso".

Competencia no precisa de qué consumidor se trata ni desde cuándo se produce esta situación. Según algunas fuentes, se remontaría hasta 2008.

Icasa, con la que no ha sido posible contactar, ha tenido una retribución reconocida de cerca de 170.000 euros en el periodo 2016-2019, según las sucesivas órdenes ministeriales publicadas para esos ejercicios. Así que podría haber cobrado indebidamente de los consumidores eléctricos importes de varios cientos de miles de euros. Ahora, la CNMC plantea inhabilitar a esta empresa con sede en Barcelona.

Icasa Distribución Energía SL se constituyó en diciembre de 1999. Su objeto es "el desarrollo de la actividad de distribución eléctrica y venta a clientes sujetos a tarifa". Al fijar provisionalmente la retribución de las distribuidoras para 2020 y 2021, la CNMC ya propuso pagar a esta empresa apenas un 30% de lo reconocido en 2015, por aportar información insuficiente sobre su inventario de instalaciones. Icasa subsanó esas deficiencias y el organismo fijó a finales de 2021 una retribución provisional equivalente a la de 2015.

La empresa es propiedad de los Pich-Aguilera Roca, de la familia fundadora de Sedatex, centenaria textil catalana presente en 41 países, con 1.200 clientes y 540 empleados, según su web. Actualmente los negocios de esta extensa familia abarcan múltiples sectores.

Son accionistas de la multinacional de los sanitarios y los retretes Roca, un gigante con más de 2.000 millones de facturación y un beneficio de 179 millones en 2021 (uno de los hermanos, Gabriel, es consejero de Roca Corporación Empresarial desde 2011) y tienen participaciones en inmobiliarias (Grupo Coringa, Inmobiliaria Interior), inversiones en start-ups, educación o restauración (con varios restaurantes en Catalunya), aparcamientos (en la Plaza de Santa Ana de Madrid), energía o consultoría tecnológica, entre otros.

Con centro de operaciones en Paseo de Gracia 26, de Barcelona, y varios edificios en la capital catalana, la familia acaba de lanzar una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi), Miciso, para aprovechar las ventajas fiscales que la legislación ofrece a esos vehículos.

La empresa, con la que elDiario.es intentó contactar sin obtener respuesta, se dedica a "la adquisición y promoción de inmuebles, principalmente de carácter residencial, con el objetivo de destinarlos al arrendamiento", según su web. De acuerdo con el Registro Mercantil, acaba de realizar una ampliación de capital de 2 millones. La pilotan tres de los hermanos, los mismos que figuran como administradores de Icasa: Martín, Gabriel y Juan Pich-Aguilera Roca.

Este último es el que más cargos ocupa en diversas sociedades, cerca de 40. Entre ellos, el de consejero de una empresa señera de la industria papelera, J. Vilaseca SA, con más de 300 años de andadura y participada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o el de vicepresidente de Promociones Universitarias la Rinconada SL, inmobiliaria domiciliada en la sede de la Fundación IESE en Madrid.

Esta empresa es propietaria, según sus cuentas anuales (disponibles a través de Insight View) del nuevo campus en la capital de esa escuela de negocios, una de las más prestigiosas del mundo, que pertenece al Opus Dei. Promociones Universitarias la Rinconada SL está controlada por tres fundaciones vinculadas a la Obra.

La única empresa con una participación significativa en esa inmobiliaria (5%) es Valores Industriales SA (5%), administrada por la familia Pich-Aguilera, que está vinculada al IESE desde su origen. El patriarca, el empresario Rafael Pich-Aguilera, fallecido en 2008, fue uno de los impulsores de esa escuela de negocios y de la Universidad Internacional de Catalunya, otro centro privado también vinculado a la Obra.

Doctor en ingeniería textil, miembro supernumerario del Opus y padre de dieciséis hijos, Rafael Pich-Aguilera da nombre junto a su esposa, Carmina Roca, a la cátedra de Mujer y Liderazgo del IESE. Esta entidad ha lanzado varios fondos de inversión denominados Finaves (uno de ellos lo preside la exministra del PP Anna Birulés) administrados por varios hijos del matrimonio.

La propietaria última de la distribuidora Icasa es Markis 16 SL, que aglutina buena parte de los negocios de la familia. De ella colgaban a cierre de 2021, según sus cuentas, entre otros negocios la propietaria de una web de venta de artículos para mascotas, Animalear.com (presidida por otro de los hermanos, Gabriel), Cleanwood (dedicada a la regeneración y desinfección de barricas de vino), y participaciones en una sicav en Luxemburgo, Green Tree Fund Sicav, una start-up estadounidense (Quanergy System) y una empresa en Hong Kong (Markis Asian Investments).

La familia tiene también varias sicavs en España. La que más patrimonio atesora, 20,5 millones a cierre de 2022, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es Novarex Actius Mobiliaris, controlada por Markis 16 SL (dueña de casi el 60% a cierre de 2021). Otros 7 millones tiene Hexastar, administrada por tres de los hermanos (Martín, Gabriel y Juan).

La gestora de esas dos sicavs es el grupo financiero GVC Gaesco, donde trabaja otra de las hermanas, Rosa. Esta firma es propiedad de los padres del que fue secretario del consejo de la CNMC hasta 2021, Joaquim Hortalà i Vallvé. Este abogado del Estado ocupaba ese cargo en Competencia cuando en 2018 uno de los asesores del entonces presidente del 'súperregulador', José María Marín Quemada, fichó por una empresa del Opus Dei vulnerando la normativa de incompatibilidades.

Entre las inversiones de los Pich-Aguilera Roca se cuenta también un fondo de capital riesgo gestionado por GVC, Itucap. En 2019 tenía inversiones en Outvise, una red social de freelancer tecnológicos, Apartool (alquiler de apartamentos para empresas), Alterity, empresa de Barakaldo que fabrica baterías de litio, o Venvirotech, start-up biotecnológica dedicada a la transformación de residuos orgánicos en bioplásticos Polyhydroxyalcanoato (PHA).