La expansión de grandes parques fotovoltaicos y eólicos y la apuesta por la transición a las renovables se ha acelerado en los últimos años. Su proliferación, ligada también a la búsqueda de un modelo energético más sostenible, invita a interpretar que las principales compañías del sector gozan de buena salud. Sin embargo, la situación que se traslada desde los mayores fabricantes de aerogeneradores son bien distintas a esta suposición.

Si Siemens Gamesa anunció a finales del año pasado un recorte de 2.900 empleos y Vestas pérdidas de más de mil millones hasta septiembre de 2022, el grupo General Electric, en sus sociedades General Electric Wind Energy (GEWE) y General Electric Renovables España (GERE), diseñó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planteaba despedir a casi 200 de los 600 trabajadores que tiene en distinto centros de España.

Esta empresa anunciaba a finales del pasado año su intención de reorganizar su actividad en Europa en el ámbito del diseño y fabricación de aerogeneradores eólicos de tierra para afrontar, según trasladó, la “pérdida de rentabilidad” que se estaría produciendo como consecuencia del aumento de los costes logísticos de transporte y de las dificultades normativas en algunos países.

"El sector atraviesa una elevada incertidumbre y volatilidad, a la que se suman otros factores como el incremento de los costes de las materias primas y energía, problemas de suministro, y la ralentización de la demanda que hacen necesario adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad y sostenibilidad del negocio de cara a futuro", explican como motivos de los despidos planteados en sus centros.

Además, la empresa, según recogía El Español cuando se dio a conocer el ERE, señalaba que "ha sido un error generar esta carrera frenética y sinsentido de los fabricantes eólicos europeos por sacar rápido y corriendo máquinas más grandes y más potentes". Ahora "hay problemas de calidad en las torres, palas, turbinas... No ha dado tiempo a hacer los testeos suficientes".

Con este escenario se constituía la mesa de negociación, que comenzó a finales del año pasado y se ha alargado hasta este mismo viernes, cuando el comité de empresa y la propia compañía han alcanzado finalmente un principio de acuerdo que tiene que ratificar el próximo lunes la asamblea de trabajadores.

En concreto, han representación legal de las personas trabajadoras (RLPT) ha conseguido salvar más de 40 puestos de trabajo (de 199 se ha pasado 156 puestos afectados), así como un plan de rentas que incluye una indemnización de 45 días por año trabajado con tope de 23 mensualidades para los empleados que finalmente no continúen en la empresa, según trasladan fuentes sindicales.

La plantilla de la empresa no mostraba esperanza en revertir la situación en la jornada de huelga que llevaron a cabo el martes en el centro de Noblejas (Toledo), donde 34 de los 116 trabajadores que tiene se verían afectados por el ERE. Allí también participaron las plantillas de Albacete -a la que los despidos llegarían a cuatro de las 17 personas contratadas- y Alcobendas (Madrid) -que cuenta con 70 personas en plantilla, de las que iban despedir a diez-. No obstante, la mayor parte de los trabajadores están en Barcelona.

El comité de empresa definió la jornada como "un éxito" pues fue secundada "por la mayoría del personal". "De hecho, la planta no ha abierto", trasladaba a elDiarioclm.es Olga Robles, secretaria del comité de empresa de GEWE en Noblejas. "Las posiciones están alejadas y la empresa no parece tener intención de retroceder en sus propuestas, en cuanto a número de afectados o a que se pueda plantear un ERTE", explicaba entonces la representante sindical sobre una situación que ha dado un vuelco.

El motivo de los despidos, subrayaba Robles, es "una situación coyuntural que queda circunscrita al área de instalación de nuevas turbinas", pero, añadía, "los centros de trabajo como este al que pertenezco básicamente dedicamos nuestra actividad al área de post venta, mantenimiento y venta de servicio. Ahí tenemos mucho trabajo y las perspectivas son de crecimiento. Es contradictorio que la empresa alegue perdidas", añadía.

En este sentido, explica que en la planta de Noblejas "hay gente que lleva más de 20 años, al igual que en Albacete". "Son trabajadores con mucha experiencia y que ha portado mucho a la empresa", recalca, al tiempo que recuerda que "tanto el Gobierno como la Comunidad Europea están incentivando las energías renovables para la descarbonización".

"El sector eólico tiene mucho peso. Es incomprensible que nos encontramos en esta situación y que la empresa se muestre tan inflexible", agregaba Robles, una afirmación que precisa que en Noblejas hay además hay 47 trabajadores de ETT, que en los próximos días serán 49 y que, de llevarse a cabo el ERE, llegarán a ser 75, para poder atender la carga de trabajo que la propia prevé tener este año, un 46% superior a la de 2020.

Ya el año pasado fue “un récord en ventas de servicios de reparaciones y mantenimiento, de todo lo que se hace aquí en GEWE-Noblejas”, que es la segunda empresa que más factura de toda Castilla-La Mancha, según apuntó por su parte Ángel García-Alcalá, presidente del comité de empresa.

En este sentido, señala que "también sorprende que, habiendo acometido inversiones recientes en una importante ampliación de las instalaciones, para poder dar mejor servicio y ampliar la cartera de producto, se quiera prescindir de 44 personas entre los centros de Madrid y Castilla-La Mancha. Se trata de destruir empleo estable y sustituirlo por empleo precario”.

“Estamos ante una situación de desprotección por parte de una compañía deslocalizada porque sus decisiones no se toman en España", expresa por su parte Raúl Alguacil, secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de Castilla-La Mancha, que valoraba "el gran esfuerzo" que estaban realizando "para que la empresa entienda las necesidades de los empleos y el significado de este sector en la comunidad autónoma".

Y es que, subraya, afecta a una región con “mucha despoblación” y no pueden “jugar” con la reactivación económica. “Entendemos que hay otras medidas como un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensiones temporales de empleo, por entender que la presunta pérdida de rentabilidad es, en todo caso, coyuntural, en un sector estratégico para España y sobre todo para Castilla-La Mancha”.

De su lado, Ángel León, secretario general de CCOO-Industria de Castilla-La Mancha, señala que esta situación “no está justificada”. Por ello los sindicatos plantean esa otra alternativa como el ERTE o, incluso movilidad o flexibilidad que hasta el principio de acuerdo alcanzado la empresa no había aceptado.

Desde que arrancó la mesa de negociaciones ha pasado "un largo mes" en el que la empresa donde no había aceptado, hasta ahora, cambiar las condiciones. Hasta el principio de acuerdo alcanzado, sí habían conseguido reducir los 199 despidos que planteaban en un primer momento en toda España en más de 20. Una bajada que "afecta a la zona de Catalunya por ser despidos directos”, precisó León.

Al afectar a distintos centros de trabajo de todo el país, el expediente se presentó a la Dirección General de Trabajo de Madrid y la negociación se ha llevado a cabo en Barcelona porque es donde más trabajadores afectados hay. Además, los sindicatos apuntaban que estaban buscando "la complicidad del Gobierno de España para conseguir alguna solución”.

“No entendemos nada ya que Castilla-La Mancha tiene un gran sector eólico muy potente. Esto es un despropósito para un sector estratégico como es este”, reprochaba por su parte Alguacil, que indica que se trata de una situación que "engorda la problemática y las dificultades que ha habido a nivel energético con los altos costes para las empresas como para las familias". "Esto es una dificultad más para toda la sociedad en general. Lo que está claro que las alternativas, ante el cambio climático que vemos y sufrimos, es de alguna manera implementar energías alternativas que no contaminen. En este caso las energías renovables son el futuro, por ello no llegamos a entender la posición de la empresa”, explica León.

Aseguran que es un sector que requiere mucha mano de obra y que los trabajadores trasladan que "tienen pedidos hasta 2024". Al margen de lo que tiene que ver con la producción, instalación y mantenimiento de todo tipo de energías renovables "se palpa que hay unas dificultades que esta empresa con matriz en Estados Unidos, está traspasando su situación de allí a nuestro país", exponen.

Fuentes del departamento de Desarrollo Sostenible consultadas por este medio han declinado valorar la situación en plena carrera de la comunidad autónoma por la implantación de energías renovables para lograr una "transición justa y responsable".

El Gobierno regional resalta que, durante el año 2022, el 63 por ciento de la energía eléctrica generada en Castilla-La Mancha fue de origen renovable. Además, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, señaló esta semana en la visita a tres nuevas plantas solares en Ciudad Real que las previsiones que baraja el Gobierno para 2023 es que pueda "llegar a instalar un contingente renovable de más de 1.300 MW, lo cual llevaría aparejada una inversión estimada de más de 700 millones de euros y una generación de empleo directo superior a los 3.000 puestos de trabajo”.