Unidas Podemos urge al Gobierno en funciones que presente un real decreto ley de actualización de las pensiones con el IPC antes de las elecciones generales del 10N y asegura que lo apoyaría porque "el derecho dentro de la ley debe dar salida a los problemas sociales".

El Ejecutivo en funciones afronta la próxima campaña electoral, que previsiblemente empezará el 1 de noviembre, con la vista puesta en los pensionistas, que empezarán a movilizarse ya el próximo 16 de octubre convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del sistema público de pensiones para pedir la derogación del actual índice de revalorización del 0,25 % que todavía está en vigor.

Los sindicatos UGT y CCOO también avisan de que se solidarizarán con este colectivo, por lo que los partidos políticos empiezan a mover ficha.

Podemos tiene claro que el IPC real debe estar garantizado en enero del próximo año, al menos con una subida del 1,6 % y una cláusula que garantice un posible desvío al alza, tal como pactó la formación morada con el PSOE en los fallidos Presupuestos Generales de 2019.

"El Gobierno en funciones socialista debe dar certeza a los pensionistas antes de las elecciones", ha afirmado a EFE la diputada por Galicia de En Común-Unidas Podemos Yolanda Díaz, que ha aseverado que su formación apoyaría la convalidación de un real decreto ley que -en su opinión- "nadie se atrevería a votar en contra".

De momento, la unanimidad política para que las pensiones se revaloricen con el IPC real ya quedó plasmada en la recomendación segunda del Pacto de Toledo, que pese a no poder votar sus conclusiones finales por el adelanto electoral en febrero sí consiguió fraguar un acuerdo entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs, PNV, PDeCAT y Compromís.

Díaz pide que el Ejecutivo en funciones se acoja al artículo de la Constitución española que permite aprobar una disposición legislativa provisional en forma de real decreto ley por motivos extraordinarios y de urgente necesidad, al tiempo que añade que el coste económico de un alza en torno al 1,6 % supondría un incremento del gasto en pensiones de unos 2.000 millones.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cifró este incremento a principios de septiembre en "unos 2.500 millones", algo "asumible" -dijo- si los ingresos por cotizaciones suben "ligeramente por encima", al ritmo que lo hacían en los años 2008, 2009 o 2010.

De momento el último dato de inflación de agosto situó el índice de precios de consumo (IPC) en el 0,3 % interanual, dos décimas menos respecto al aumento de julio y el incremento más bajo desde septiembre de 2016.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha descartado, sin embargo, que el Ejecutivo actúe sin estar investido y en ese caso ha dicho que "aún tiene tiempo" para atender a una revalorización superior al índice en vigor del 0,25 % hasta el 31 de diciembre o después de esa fecha haciéndolo con carácter retroactivo.

Lo cierto es que en el Congreso próximamente se celebrará una sesión de la Diputación Permanente ya que, al menos de momento, se tendrá que convalidar el real decreto ley de ayudas por la gota fría.