El sector financiero tiene a más de la mitad de sus personal cotizando por la base máxima, el 54,4%, señala el Banco de España. Es decir, que cobran salarios a partir de unos 4.500 euros brutos al mes. Por estas altas remuneraciones, es el sector que se ve más impactado por el aumento de las cotizaciones sociales aprobado en la reforma de pensiones, que se focaliza precisamente en los altos salarios, sobre todo a partir de 60.000 euros, recoge un estudio publicado este miércoles por el Banco de España.

El cierre de la reforma de pensiones acordada por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios reforzó el sistema a través de los ingresos, en lugar de recortando gastos. Este refuerzo del sistema de la Seguridad Social se basa en un aumento de las cotizaciones sociales, poco a poco en las próximas décadas, focalizadas en los salarios más altos, que en España cotizaban menos que en la gran mayoría de Europa.

Por un lado, aumentará poco a poco –de 2024 a 2050– la base máxima de cotización, el límite a partir del cual los salarios no cotizan a la Seguridad Social y que hoy está situado en los 4.500 euros al mes, unos 54.000 anuales. Para las remuneraciones por encima de este máximo se establece una "cuota de solidaridad", de 2025 a 2045, que llegará al 5,5% o al 7%, según los casos. Y también se incrementa ligeramente la cuota de todos los trabajadores a las pensiones, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que pasará del 0,6% actual al 1,2% en 2029.

El regulador ha publicado esta mañana el artículo Un análisis de la incidencia del incremento de las cotizaciones sociales aprobado en 2023, que firman Brindusa Anghel, Sergio Puente y Roberto Ramos, que estudia a qué compañías y trabajadores impacta más la medida. También su previsión recaudatoria, algo menos optimista que la del Ministerio de la Seguridad Social.

Al contrario de los discursos que difundían algunas asociaciones empresariales y de autónomos, que advertían de que la reforma de pensiones castigaba más a las pymes (pequeñas y medianas empresas), las compañías con más incidencia por el alza de las cotizaciones son las grandes empresas, donde están concentrados los altos salarios. "Las empresas grandes exhiben con más frecuencia bases de cotización topadas por el máximo legal", sostiene el estudio.

En particular, el documento señala que los trabajadores con salarios por encima de la base máxima alcanzan "el 2,4% en empresas de entre uno y nueve trabajadores", las empresas de menor tamaño y las más numerosas en España. Suponen 1,1 millones de compañías de un total de 1,3 millones de empresas con empleados, según el registro de la Seguridad Social.

La publicación del Banco de España ofrece otro dato significativo: "un 95%" de las empresas con entre 1 y 9 trabajadores carece de empleados sujetos al tope de cotización. No tienen ninguno con estos altos salarios que concentran las alzas aprobadas en las cotizaciones.

En las empresas más grandes, aunque siguen siendo una minoría, hay más trabajadores cotizando por el máximo: representan "el 9,7%" del total de trabajadores en compañías entre 50 y 499 empleados y el "13,8 %" en las empresas con al menos 500 trabajadores.

Por sectores, el estudio señala a los bancos, a los que más alcanza la medida con diferencia. "Las proporciones de trabajadores cotizantes por la base máxima más elevadas se encontrarían en las industrias de servicios financieros", desglosa el informe, con un 54,4% de su personal en este escalón más elevado. Le siguen las "actividades de consultoría de gestión empresarial", con uno de cada cinco empleados (20,2)% cotizando por la máxima, las "actividades relacionadas con servicios informáticos", con el 19,3%, y por último las actividades sanitarias, con el 17%.

Además, el regulador señala que hay "un grupo reducido" de grandes empresas donde el peso de estos trabajadores con altos salarios "suponen una proporción notable de la plantilla". En un 5% de las empresas de entre 50 y 499 empleados representan "en torno al 40 % de los empleados" y en otro 5% de las empresas de al menos 500 trabajadores "supone casi el 75 % del total de la plantilla".

Respecto a los trabajadores, los analistas del Banco de España señalan que el aumento efectivo de las cotizaciones sociales fruto de la reforma de pensiones depende de los niveles salariales, siendo menor en los sueldos por debajo de la base máxima, con un alza de 0,8 puntos porcentajes en 2025 y de un 1,2 puntos más en 2050 respecto a la actualidad, que corresponde al efecto del MEI.

En cambio, "los aumentos más elevados se concentrarían en la parte alta de la distribución de la renta", que son las que hoy están exentas de cotizar y en las que se aumentan las cotizaciones poco a poco en las próximas décadas.

Con datos de 2021, el número de personas con estos salarios más altos (por encima de la base máxima) alcanzaban alrededor de "1,3 millones, que constituyen el 6,8% del total de afiliados a la Seguridad Social". Son más hombres que mujeres, "8,2% frente a 5,1%", y con más incidencia "en las personas en edades medianas" que en los jóvenes. Por ejemplo, representan "el 8% en el grupo de trabajadores de entre 44 y 63 años, mientras que se situaría por debajo del 3% entre los trabajadores menores de 30 años", recoge el documento.

En 2025, el mayor aumento de cotizaciones se prevé en "1,6 puntos porcentuales" y afecta a los salarios de 60.000 euros anuales, unos 5.000 euros brutos al mes en doce pagas. Al final de la reforma, en 20250, el alza de cuotas más abultada se situará en los "11,3 puntos porcentuales" y afectará a los salarios de 80.000 euros al año, unos 6.700 euros al mes.

Los aumentos en las cotizaciones sociales de estos niveles salariales, de 60.000 y 80.000 euros al año, serán superiores a los que soporten remuneraciones todavía más elevadas, a las que impactará la cuota de solidaridad, pero que es más limitada.

En cualquier caso, el regulador advierte de que la reforma de pensiones ha incluido una cláusula de revisión cada tres años, por la que podría incrementarse el MEI, la cuota que alcanza a todos los trabajadores, en los próximos años. Sería así si el gasto en pensiones aumentara por encima del 15% del PIB en el promedio 2022-2050 y no se tomaran otras medidas para aliviar el sistema, ya sea por el lado de los ingresos o los gastos.