El que fuera secretario de Estado de Energía durante el tarifazo eléctrico de 2013, Alberto Nadal, compareció este miércoles como testigo en el juicio al que se enfrenta Iberdrola en la Audiencia Nacional. En su intervención, Nadal se mostró “de acuerdo” con los “informes” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que determinaron que la eléctrica manipuló el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros, pero trató de desvincular esa escalada de precios de la decisión que entonces tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de no cubrir con un crédito extraordinario el millonario déficit de tarifa.

“Seguramente reaccionaron, pero no más que otros casos (...). El clima era de pedir explicaciones, pero no de confrontación”, dijo en diferentes momentos del interrogatorio en relación a la actitud de las compañías eléctricas tras esa decisión del Ejecutivo. El incremento de los precios que ha llevado al banquillo a Iberdrola y cuatro de sus directivos se produjo a partir de finales de noviembre de 2013, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre y que fue anulada.

A este respecto, Nadal afirmó que no recordaba que en este caso se generara mayor controversia con las eléctricas que con otros. Y explicó que tras la decisión de retirar esa aportación “rápidamente” se inició un “diálogo” con las empresas para avanzar en la definición de posibles mecanismos de titulización de la deuda del sector eléctrico. “Entre recibir 2.200 millones [relativos a cubrir los desfases en la retribución renovable]  y generar una deuda titulizable, las empresas preferían el crédito. Pero buscamos una solución”, afirmó Nadal, que explicó que eran habituales las reuniones entre directivos del sector y miembros del Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria y del que él era ‘número dos’ cuando había algún cambio regulatorio. 

En este sentido, explicó que aunque desde su departamento se hacía un “seguimiento diario” de los precios, el análisis del mercado corresponde a la CNMC. Y que es este el organismo encargado de analizar cualquier “movimiento anómalo” de los precios para determinar si responde a condiciones de mercado o hay detrás algún tipo de actuación irregular. No obstante, aseguró que en el período en el que se produjo ese aumento de los precios que la Fiscalía considera injustificado se produjeron factores externos —anticiclón de frío, menos disponibilidad de las centrales de gas...— que creaban un "escenario malo", si bien "no daba lugar necesariamente a una observación distinta a la de otros episodios".

En este punto evitó respaldar las declaraciones de Soria, que cuando era ministro dijo en una entrevista en ABC que había habido una “una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios”. “¿Está de acuerdo con esa afirmación?”, le preguntó el exjuez José Antonio Martín Pallín, que ahora ejerce como abogado y representa a una de las acusaciones particulares. “Lo que estoy de acuerdo es con los resultados de los informes de la CNMC que es la competente para decir si la subasta es competitiva”, respondió Nadal.

Este organismo multó a la compañía con 25 millones de euros por estos mismos hechos al apreciar una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.

Con esa conducta que llevó a Iberdrola ante los tribunales, la empresa logró un beneficio que la CNMC estimó en 21,5 millones y que Anticorrupción cifra en 21,2 millones. Ese “artificio”, en expresión de la Fiscalía, coincidió con un contexto de escalada de precios en el denominado 'pool' eléctrico que forzó la anulación de la subasta trimestral (Cesur) con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esas subastas fueron sustituidas por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado.

Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue el decimocuarto testigo en el procedimiento abierto contra Iberdrola. Para este miércoles también estaba prevista la comparecencia de Soria pero fue aplazada por motivos de salud. A partir del próximo 14 de noviembre, el juicio se adentrará en una nueva fase: la de los peritos propuestos por las partes. Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los técnicos de la CNMC, que confrontarán las tesis de la compañía. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de Iberdrola de que no hubo alteración de los precios. 

Tanto la compañía —encausada como persona jurídica— como los cuatro altos cargos negaron durante los interrogatorios las maniobras que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción para inflar artificialmente el precio de la luz y lograr un beneficio multimillonario en perjuicio de los consumidores. Para sostener su tesis, los implicados se parapetaron tras los factores externos y los “modelos matemáticos” que utilizan los equipos a su cargo para fijar las ofertas al mercado mayorista de electricidad y evitaron señalar a ningún directivo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a la ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”. 

Los responsables de las compañías comercializadoras de energía que declararon el martes justificaron ese aumento de los precios que se ofertaron por la electricidad coincidiendo en señalar que había escasa producción eólica, centrales nucleares "indisponibles", aumento del precio del gas y en general una bajada de las temperaturas que provocó un aumento de la demanda, informa Europa Press. Es una argumentación similar a la esgrimida por los altos cargos acusados.

En esa cuarta sesión del juicio desfilaron ante el juez hasta seis testigos. Uno de ellos fue Adolfo Javier de Rueda, directivo de Endesa, que puso el foco en que en esos momentos de finales de 2013 se dio también un acontecimiento relevante y es que la empresa estatal de gas de Argelia, uno de los principales proveedores de España, dejó de suministrar gas: "Por eso subió el precio (de este combustible) y en consecuencia subieron los precios de la energía eléctrica en España".

Tras explicar que en Endesa la mayor parte de la energía producida se vende de forma bilateral a su propia comercializadora, por lo que su caso es considerablemente distinto al de Iberdrola, De Rueda confirmó que en ese mes de diciembre se sufrió sequía por falta de lluvias. Por otro lado, el directivo de Endesa señaló al plenario que existe una correlación entre el precio del mercado diario y el conocido como "hueco térmico", que es aquella energía que debe ser producida por centrales térmicas, y que en esas fechas hubo más hueco por la mayor demanda y la menor producción, lo que provocó una mayor "presión" sobre el precio del gas.

Añadió que en Endesa ocurre como en Iberdrola y el resto de compañías, y es que el precio de la hidroeléctrica se sitúa teniendo en cuenta el coste del carbón o del gas por la regla del conocido como coste de oportunidad dado que es un bien escaso.

Por su parte, Rodrigo Fernández, responsable de mercados de EDP, coincidió en señalar que en esa época no llovía, que se retrasaban las lluvias y que empezaron a tener problemas de suministro. También culpó a los mercados internacionales de la subida del precio del gas, algo que, añadió, provocó aumentos de precios en el mercado eléctrico porque "lo marca las centrales térmicas y al subir el gas los demás actores subieron precios".

Con todo, apuntó que EDP no se vio afectado sobremanera por esas subida del mercado porque tienen referenciado el gas al barril de 'brent' dado que compran reservas, aunque sí que recordó que ese acumulado se fue agotando por la demanda y al acudir al mercado a corto los precios siempre son "notablemente más caros".

El responsable de Acciona, Santiago Gómez, coincidi´ con el resto a la hora de describir la situación que se vivió a finales de 2013, y apuntó que en el caso de su compañía, que al igual que el resto además de producir energía debe comprar en el mercado, sí que pagaron más en esa época que se investiga aunque apuntó que de cara a su resultado global el impacto fue "menor" porque suelen hacer compras con anterioridad y referenciadas a mercados a futuro.

El que era por entonces responsable del sector en Gas Natural y que ya no trabaja para esa compañía ha señalado que transcurrido tanto tiempo solo recuerda que en 2013 hubo una subida del precio mayorista en el mercado pero que en la gasista no entraron a analizar las razones.

Al hilo, y preguntado por los alrededor de 3 millones que pudo costar a su compañía el aumento de los precios —tal y como sostuvo en su declaración en instrucción— explicó que Gas Natural acudía en esa época a las denominadas subastas CESUR, que era una subasta que fijaba el precio de la electricidad en las tarifas reguladas, y que procuraban cubrir el 100% de la demanda.

Recordó que a finales de 2013 se les adjudicó sólo el 80% por lo que quedaron expuestos al mercado en un 20%, cifra que explica el coste que señaló en instrucción. Con todo, afirmó que la subasta era trimestral y que la que afectaba a diciembre fue la que se produjo en septiembre.

En esta jornada comparecieron además dos trabajadoras de Iberdrola por su relación con el sistema por el que la compañía designaba precios a cada tipo de energía que ponía en el mercado. Cabe recordar que se celebraba una reunión semanal en la que participaban, según señalaron también este martes, técnicos de la energética y de la que salía un plan semanal con los precios a los que vendían.

En este sentido, Paloma Garbayo, que era 'trader' en esa reunión —los que analizaban todas las variables y calculaban con el sistema matemático el precio—, señaló que su jefe directo era uno de los encausados, Javier Paradinas, pero que éste no tenía la última palabra sobre los precios: "Nadie lo aprobaba, se plasmaba en el plan semanal y los expertos valoraban si los cálculos realizados eran consistentes". Además, a preguntas de la defensa de Paradinas, señaló que con la cantidad de ofertas que se contemplaban (por cada día de la semana y por cada hora para cada central) es "impensable totalmente" que nadie decidiera cada uno de los precios.