El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox interpuso contra un decreto impulsado por el Gobierno en 2021 para combatir los altos niveles de temporalidad laboral en las administraciones públicas. La decisión, tomada por unanimidad del pleno, entiende que el ejecutivo central sí justificó la urgencia y necesidad de la medida para tramitarlo como real decreto-ley. Una norma que, entre otras cosas, limitó a tres años el tiempo que un interino podía estar ocupando una plaza vacante a la espera de que fuera obtenida por un funcionario en una oposición.

Según los cálculos del ejecutivo, las medidas del real decreto que ahora avala el Constitucional afectarán a más de 300.000 plazas públicas de aquí a finales de 2024.

La carrera del Gobierno para limitar la temporalidad en el espacio laboral de las administraciones públicas arrancó en 2021, después de que los tribunales empezaran a acotar el abuso. Primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que declaró abusivo en una sentencia que los contratos temporales se pudieran renovar durante años "por consideraciones de la crisis económica" y que se asimilara a estos trabajadores a la figura del indefinido no fijo.

Poco después fue el Tribunal Supremo el que corrigió su anterior doctrina y estableció que una interinidad en una plaza vacante que dure más de tres años es considerada como "injustificadamente larga" e implicará que un interino pasa a ser considerado indefinido no fijo.

El decreto que recurrió Vox y que acaba de avalar el Constitucional arrancó cuando Miquel Iceta todavía era ministro de Política Territorial salió adelante en el Congreso en julio de 2021 por un solo voto de diferencia y con medidas de calado para combatir el abuso de la temporalidad del sector público, que según los datos oficiales duplicaba a la presente en el sector privado.

El Constitucional, con ponencia de César Tolosa, explica que tanto la memoria con la exposición de motivos y los debates que dieron lugar a la norma han justificado "la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictar el Real Decreto-ley". También existe una "adecuación" entre las medidas que adopta y la situación que pretendía combatir.

La norma ponía límites al tiempo que un trabajador de una administración pública podía pasar como interino: tres años ocupando una plaza vacante a la espera de que un funcionario la consiga por oposición o, por ejemplo, para trabajar en un programa de duración temporal. Esas plazas, dice el decreto, debían adjudicarse antes del último día de 2024.

Posteriormente el ejecutivo aprobo una ley para ampliar las medidas que entró en vigor en diciembre de 2021 y que tenía por objetivo bajar del 8% la temporalidad en el conjunto de las Administraciones, y no solo en la General del Estado que sí cumplía ese criterio.