La inflación ha supuesto un reto para las economías de todo el mundo en los últimos años, pero la gran mayoría de países de la OCDE, el llamado 'Club de los países ricos', "protegen plenamente a los pensionistas de la evolución" de los precios a lo largo del tiempo, destaca el organismo en un informe publicado este miércoles. A ellos se sumó recientemente España, tras la derogación de la legislación del PP de 2013 y la aprobación de la nueva reforma de pensiones de la pasada legislatura, que volvió a vincular la revalorización anual de las prestaciones a los precios (IPC).

La OCDE ha publicado este miércoles su habitual estudio Pensions at Glance (Las pensiones de un vistazo), en esta ocasión correspondiente al año 2023. Debido al gran crecimiento de los precios desde 2021, el informe dedica una mirada especial a este tema, en el que destaca que "más de la mitad de los países de la OCDE protegen plenamente a los pensionistas de la evolución de la inflación a lo largo del tiempo".

En la mayoría de estos países indexan las pensiones a los precios, como es el caso de España tras la última reforma, a los precios más el crecimiento del salario real (si es positivo), o al mayor de los precios o salarios. Otros pocos países indexan las pensiones a una combinación de precios y salarios, o totalmente a los salarios, indica el estudio.

Como se muestra en el gráfico, España se ha integrado en el grupo más numeroso de 22 países que revalorizan las pensiones con los precios (o más), tras derogar el llamado "Índice de Revalorización de las Pensiones' (IRP), aprobado por el PP que provocaba la semicongelación de las prestaciones a largo plazo, con alzas del 0,25% al año.

Aunque a menudo el aumento de los salarios supera el de los precios, en esta episodio excepcional, la indexación de las pensiones a la inflación ha sido más favorable para los pensionistas. Asimismo, ha sido "más costosa de lo inicialmente previsto para las finanzas públicas o los proveedores de pensiones en general", destaca la OCDE.

El organismo internacional considera que una aplicación coherente de las normas de indexación "es fundamental para generar confianza en las pensiones", pero también advierte de que la protección de los pensionistas "ha resultado costosa". Por ello, valora que, "en épocas excepcionales", puede ser justo que los pensionistas con ingresos elevados compartan parte del coste de la inflación con el resto de la población en edad de trabajar, con una merma en la revalorización de sus prestaciones.

El organismo analiza los distintos elementos de la pasada reforma de pensiones en España, que concluyó con una segunda fase aprobada este año. Desde la mencionada indexación de las pensiones a los precios, así como la eliminación del factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, la mejora de las pensiones más bajas y de las lagunas en las pensiones de las mujeres por los cuidados y un aumento de los ingresos del sistema gracias a un alza de las cotizaciones sociales, sobre todo de los trabajadores con salarios más altos.

Utilizando datos de la AIReF, considera que la reforma provocará un aumento del gasto en las pensiones que solo será compensado "parcialmente" por las medidas de ingresos planteadas. En concreto, el informe recoge el cálculo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal que estima que estas medidas, junto con una reforma de las cotizaciones de los autónomos, generarán unos ingresos anuales del 1,3% del PIB en 2050.

La OCDE indica que "la fuerte subida de la base máxima de cotización combinada con un aumento limitado de la pensión máxima ayudará a financiar el aumento del gasto", pero considera que no cubrirá todo este incremento.

"Los ingresos adicionales sólo cubren parcialmente los crecientes gastos", donde destaca "principalmente de la reintroducción de la indexación de precios". Así, recoge el cálculo de la AIReF que prevé que los gastos anuales aumenten un 2,4% del PIB, "lo que dará lugar a un aumento previsto del déficit del 1,1% del PIB en 2050".

El Gobierno, con el ministro José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social hasta hace poco, defiende cálculos más optimistas que consideran que compensarán el incremento del gasto a futuro. De cara al primer test de 2025, cuando se evaluará el sistema gracias a un nuevo mecanismo de evaluación trianual, el Gobierno prevé que no harán falta más medidas adicionales para garantizar la jubilación de los baby boomers.

El estudio destaca algunas consecuencias directas de la derogación de la reforma de pensiones de 2013, como el aumento de las pensiones futuras y no solo por las subidas según el IPC (en lugar del 0,25%).

Por ejemplo, la OCDE apunta que la eliminación del factor de sostenibilidad –que vinculaba las cuantías de las pensiones futuras a la esperanza de vida– "se traduce en un aumento de la tasa de sustitución neta de alrededor de 7 puntos porcentuales". La OCDE destaca la mejora de esta tasa en España, así como Chile y Suecia, mientras que otros países las redujeron, como Costa Rica y la República Checa.

La tasa de sustitución, el porcentaje de la pensión respecto al salario que percibían los trabajadores en activo, en términos netos es más favorable que en brutos para los pensionistas, debido a las ventajas fiscales para este colectivo. En el caso de España, es de los países con una cobertura más elevada (86,5%), por detrás de Luxemburgo, Austria, Grecia, Países Bajos, Turquía y Portugal.

De media en la OCDE, teniendo en cuenta un trabajador con salario medio que se jubile en 2022 a la edad normal de jubilación tras una carrera profesional completa desde los 22 años, la tasa de sustitución neta de los sistemas de pensiones equivale al 61% del salario neto.

Sobre las pensiones más bajas, España también aparece destacado como uno de los países que ha regulado para mejorar las prestaciones con menor cuantía. El Gobierno se comprometió a aumentar las pensiones mínimas y no contributivas, para acercarlas al nivel de pobreza en el país entre 2024 y 2027.

El próximo año será el primero que se aplica esta senda y que aumentará las pensiones entre un 5% y un 7%, anunció ayer la nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y hasta un 14% en el caso de las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares. De manera general, las pensiones subirán un 3,8%, según la inflación media del año anterior.