Los 27 han bloqueado la 'ley rider' europea que la presidencia española del Consejo de la UE, bajo la batuta de Yolanda Díaz, acordó hace nueve días con el Parlamento Europeo. Estaba previsto que los embajadores de los estados miembros le dieran el visto bueno a la nueva normativa a partir de ese acuerdo, pero no se ha logrado la mayoría suficiente para que salga adelante por lo que se queda en standby y será la presidencia belga la que asuma ahora el expediente, que tiene como finalidad regular el trabajo en las plataformas digitales como Uber o Glovo, entre otras.
"Los gobiernos conservadores y liberales de la UE impiden la aprobación de la Directiva de Plataformas Digitales impulsada por la Presidencia española de la UE", ha lamentado en la red social X, antes Twitter, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sobre la normativa europea con la que se pretende regularizar la situación de 5,5 millones de falsos autónomos en el continente.
Desde el inicio de las negociaciones a partir de la iniciativa de la Comisión Europea para la bautizada como 'ley rider' con la que se pretende regular el empleo de las plataformas digitales y, especialmente, establecer requisitos claros para evitar los falsos autónomos, España ha mantenido una posición más ambiciosa que otros estados miembros. De hecho, en 2022, fue uno de los nueve países que bloquearon la propuesta de la presidencia checa. En junio de este año los 27 fijaron una posición más descafeinada que la normativa vigente en España, que expresó sus reticencias por la falta de ambición.
Pero la recta final de las negociaciones ha recaído en el departamento de Yolanda Díaz dado que ha correspondido a España pilotarlas como presidencia del Consejo. El pasado 13 de diciembre, se llegó a un acuerdo provisional que en realidad se asemejaba más a lo establecido en el mandato negociador que los 27 habían dado. Mientras que la Eurocámara, en línea con la ley española, pretendía que la presunción de laboralidad de los 'riders' fuera automática, el acuerdo establecía que tuvieran que demostrar que cumplen al menos dos condiciones de un mínimo de cinco para ser considerados como trabajadores por cuenta ajena.
En la reunión de los embajadores de este viernes (denominada Coreper I) se ha constatado que no había mayoría suficiente para que la ley obtuviera el visto bueno, pero fuentes gubernamentales admiten que a lo largo de la semana pasada países como Francia, Hungría, Grecia y los bálticos mostraron su rechazo a la iniciativa pactada. Tampoco Alemania ha dado un respaldo cerrado (a pesar de que fue de los nueve países que, junto a España, buscaba una mayor ambición) y Bulgaria e Italia se han sumado a ese bloque, según las mismas fuentes.
Ante esa situación "la presidencia ha constatado en el Coreper que no tenía mayoría cualificada", aunque no se ha llegado a votar, "y se ha pasado el dossier a la presidencia belga para que siga avanzando en el tema", señalan fuentes de la delegación española. La intención será ratificar el texto en el próximo semestre, al igual que tendrá que hacer la Eurocámara.
Una situación similar a la que está atravesando se dio con la prohibición de la venta de coches de combustible a partir de 2035. Una vez que se había cerrado el acuerdo, Alemania se descolgó haciendo imposible la ratificación en el Consejo de la UE. Tras semanas de conversaciones, se sortearon las pegas de Alemania sin necesitar de reabrir el pacto, que era una línea roja para la Eurocámara y varios países.
