La crisis de Gobierno por la salida de Nadia Calviño del Ejecutivo para ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones tiene más consecuencias que el cambio de caras. José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital, sale reforzado de la remodelación ministerial y asumirá parte de las competencias que hasta ahora tenía María Jesús Montero, que ha sido ascendida a vicepresidenta primera.

Pedro Sánchez ha cedido las competencias de Función Pública al Ministerio de Transformación Digital con el objetivo de emprender una profunda modernización de la Administración Pública, que tiene en su desarrollo tecnológico uno de sus principales agujeros.

El presidente ha argumentado el traspaso en la “apuesta por una administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos”. La cartera de Escrivá asumirá la Secretaría de Estado de Función Pública, que es el órgano directivo encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública y empleo público.

Escrivá contaba en su Ministerio con las competencias de las secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial que la pasada legislatura estaba en manos de Nadia Calviño y la de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Algunos de los Perte para la digitalización que tiene diseñado el Gobierno con una importante partida presupuestaria que proviene de los fondos europeos dependen de este Ministerio.

Con la nueva remodelación, su Ministerio también tendrá que afrontar el reto de modernización de las Administraciones públicas. De hecho, el componente número 11 del Plan de Recuperación, Modernización y Resiliencia está dedicado íntegramente a "la reforma y modernización de la administración pública, con el fin de adaptarla a los retos de la sociedad contemporánea".

La inversión total estimada es de 6.5026,5 millones de euros con los objetivos de Digitalización de la administración y sus procesos, reducción de la temporalidad de los empleados públicos y mejora de su formación y transición energética de la administración, a través de la rehabilitación de sus edificios y la utilización de energías renovables.

Escrivá asumirá esta nueva competencia tras la aprobación de la nueva Ley de Función Pública. El Gobierno sacó adelante este diciembre un Real Decreto por el que se da vía libre a la nueva norma que rige al personal de la Administración Pública, cuya tramitación no pudo concluirse en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones. El texto, plagado de novedades para los funcionarios de la Administración General del Estado, salió adelante para dar cumplimiento con los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que era uno de los hitos para recibir uno de los pagos acordados de los fondos Next Generation.