La Agencia Tributaria multó en marzo de 2018 a uno de los socios de Scranton BV, accionista de Grifols señalado por la firma bajista Gotham en el informe que acusa a la farmacéutica de manipular sus cuentas, por trabas a una inspección fiscal.

Este contribuyente se negó a entregar al Fisco datos de esa compañía holandesa y de otra creada hace más de dos décadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes por el núcleo duro de Grifols. La multa la ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en diciembre de 2022.

El TSJC confirmó la sanción avalada en abril de 2021 por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Catalunya (TEARC). Es una sanción de poca cuantía (10.000 euros, por una infracción "grave" de la Ley General Tributaria), pero relevante estos días por la opacidad que rodea a esta sociedad en Países Bajos.

Scranton, dueña del 8,4% de Grifols, es una patrimonial en la que participan miembros de la familia Grifols y directivos de la farmacéutica. Su actual reparto accionarial exacto se desconoce y Grifols lleva muchos años sin desglosarlo. Sí se sabe que entre sus socios están el presidente de honor de Grifols, Víctor Grifols, su hermano Raimon Grifols y el abogado Tomás Dagá, consejero de la farmacéutica hasta hace unos días y fundador del bufete Osborne Clark, íntimamente ligado a la multinacional catalana del plasma. 

Scranton está radicada en Holanda, como otras de las sociedades que han utilizado los miembros de la familia fundadora de Grifols para canalizar su participación en el grupo. Gotham le atribuye un papel clave en el esquema que, según este fondo especulativo, habría permitido a la multinacional catalana reducir artificialmente deuda e inflar beneficios. De hecho, su informe se titula "Grifols SA: Scranton y las deudas no reveladas".

La sentencia refleja las resistencias de uno de sus accionistas para proporcionar información sobre esta sociedad. Según el TSJC, "el recurrente dificultó las actuaciones de la Inspección puesto que, habiendo sido debidamente requerido para que aportara documentación varia exigida en la comunicación del inicio de las actuaciones inspectoras", solo lo hizo "parcialmente".

Según el acta de Inspección, "no se aportó la información relativa a las entidades Willroad y Scranton Enterprises, de la que es socio/partícipe, ni las deudas deducibles a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio".

El nombre de Willroad también remite a una sociedad vinculada al núcleo duro de Grifols con origen offshore, Willroad Corporation. Su existencia la destapó en octubre de 2021 la investigación de Los Papeles de Pandora. Según informó entonces El País, esta sociedad se creó en 2000 en Islas Vírgenes Británicas. Luego se trasladó a Holanda, donde maneja activos de 7 millones, según datos de 2019 de Insight View. 

Cuando se creó, los accionistas de esa offshore eran Víctor y Raimón Grifols y Tomás Dagá. A través de Willroad, administraban Alamanda Overseas Limited, que crearon en julio de 2010 también en Islas Vírgenes Británicas. Willroad era a su vez accionista de una sociedad de las Antillas Holandesas y con sede en Holanda, Deloda Holding, matriz del grupo empresarial. En las decenas de correos entre el despacho andorrano y el panameño que analizó esa investigación constaban apuntes contables sobre 69 millones de euros añadidos a la reserva de la sociedad holandesa entre 2011 y 2016.

Según los papeles de Pandora, Willroad tuvo en 2012 a su disposición una cuenta bancaria en el banco Andbank de Andorra, con el que trabajaba AFSI, una gestoría del principado que creó cientos de sociedades para clientes españoles. Los titulares de esa cuenta eran los hermanos Grifols y Dagá.

El TSJC destacó en su sentencia sobre este contribuyente vinculado a Willroad y Scranton "que el recurrente es un profesional del derecho y, por tanto, conocedor de la normativa y de las consecuencias jurídicas que conllevan el dificultar de forma reiterada las actuaciones de comprobación que son inherentes a las facultades de la Administración tributaria, por lo que difícilmente puede alegar desconocimiento de las normas o error interpretativo de las mismas. Es por ello que se entiende que la no aportación de la documentación requerida en la fecha establecida fue voluntaria".

El recurrente "no sólo no ingresa la totalidad de la deuda tributaria sino que, además, obstruye la actuación inspectora mediante la falta de cumplimiento de los requerimientos efectuados. Por tanto, existen dos actuaciones distintas que justifican la doble sanción. No habiendo identidad de hechos, no hay vulneración del principio non bis in idem". 

El recurrente pidió sin éxito anular la sanción de Hacienda alegando que era desproporcionada, improcedente e insuficientemente motivada, que se había violado el principio non bis in idem (no sancionar dos veces por el mismo motivo), al haber sido multado ya por dejar de ingresar las cuotas de IRPF e Impuesto de Patrimonio, y porque la ley tributaria exige una conducta dolosa sin que baste la mera negligencia.

Pero la sentencia consideró proporcionada la sanción, que la Inspección calculó a partir de la información del IRPF de 2016 del recurrente a partir de los pagos recibidos de la firma Osborne Clarke España.

El informe de Gotham destaca que en 2021 Scranton recibió 3 millones de euros de Osborne Clarke, un crédito que repagó 23 días después. "Osborne Clarke es el despacho de abogados de Grifols. ¿Quién recibe créditos de sus asesores legales?", se pregunta el fondo bajista.

Según datos recabados por El Confidencial, Scranton Enterprises BV no presenta cuentas desde 2021, tiene un capital de 577.800 euros y fue constituida en 1999. Entre sus directivos principales aparece Jordi Fábregas, muy vinculado a Grifols y a Osborne Clarke, el bufete que fundó Dagá.

Dagá, asesor jurídico de confianza de los Grifols y accionista de Scranton, fue consejero y vicesecretario de la farmacéutica hasta que hace unos días dimitió junto a Víctor Grifols. Este abogado está considerado uno de los principales arquitectos de la deuda de Grifols. elDiario.es intentó contactar con Dagá este miércoles, sin obtener respuesta. "No está en el despacho", dijeron desde la firma, de la que también es socia la actual secretaria no consejera de Grifols, Núria Martín.

Según El Periódico de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investiga si Scranton se utilizó para maquillar las cuentas de la farmacéutica. Tras la publicación de su informe, Gotham ya ha cerrado casi toda su posición bajista en Grifols, aprovechando el desplome inicial de su cotización. Esto podría haberle reportado un beneficio de unos 20 millones de euros apostando por la caída de sus acciones propiciada por sus graves acusaciones.

Grifols, que ha convocado a los inversores a una conferencia telefónica este jueves "para proporcionar más detalles sobre la reciente información falsa y las especulaciones publicadas por Gotham City Research", ha anunciado acciones legales contra el fondo y niega tajantemente esas acusaciones, detonante de una crisis bursátil que parece haber remitido. Este miércoles, sus acciones rebotaron en Bolsa un 12%, después de despeñarse casi un 26% al martes, tras publicarse el informe de Gotham.

Gotham sostiene que, desde que Grifols vendió en 2018 a Scranton dos empresas (Haema y Biotest) inmediatamente después de comprarlas por 538 millones de dólares, ha presentado al mercado resultados mejores de beneficio y deuda con un artificio contable.

La firma especulativa señala que Grifols prestó a Scranton 95 millones en 2018 para que comprara esas dos empresas y no ha recogido en sus cuentas ese préstamo, que sí figura en las de Scranton, cuya deuda real, asegura, sería entre 27 y 31 veces el beneficio operativo (ebitda), y cuyo importe en caso de impago podría tener que asumir la farmacéutica.

Grifols lleva años sin detallar los titulares reales de Scranton y ha habido sospechas sobre el conflicto de una instrumental que no es Grifols, pero que tiene en su capital a una cifra indeterminada de miembros de la familia y directivos de la compañía. Scranton, además de ser accionista de Grifols, ha invertido en la tecnológica Wallapop, la bodega Juvé y Camps, la inmobiliaria BeCorp o el equipo de baloncesto Joventut de Badalona. Es el casero de la farmacéutica, que le vendió su sede en 2011.