Primera multa conocida de la Inspección de Trabajo a Glovo por su nuevo modelo de repartidores posterior a la Ley Rider. El organismo vigilante de la legalidad laboral considera que este también incurre en un fraude en la contratación, como el anterior sancionado hasta por el Supremo, y que por tanto los repartidores siguen siendo falsos autónomos con este nuevo modelo, según ha confirmado elDiario.es y ha adelantado El Periódico de Cataluña.
Se trata de una sanción sobre 49 repartidores de Glovo en Asturias, que la Inspección de Trabajo considera que siguen incurriendo en una relación de laboralidad con la multinacional.
Glovo ha reconocido la sanción a El Periódico, donde destaca que "se trata de una propuesta provisional de la Inspección Laboral para el caso concreto de 49 repartidores, de un total de 19.000 que operan a través de Glovo". La multinacional insiste a este medio que sigue "defendiendo la legalidad" de su modelo de riders.
Aunque elDiario.es no ha podido conocer la cuantía de esta nueva multa de la autoridad laboral a Glovo, la mayor relevancia de la resolución reside en que desmonta por primera vez la legalidad del nuevo modelo de reparto que puso en marcha la multinacional desde agosto de 2021, cuando entró en vigor la Ley Rider.
Glovo fue la primera compañía que desafió la regulación del Ministerio de Trabajo, aprobada para intentar acabar con el fraude generalizado de falsos autónomos en estas grandes plataformas digitales de reparto. Mientras que Deliveroo aguantó un poco su modelo antes de salir de España y hacer un ERE, reconocimiento la relación laboral con los mensajeros, otras compañías se pasaron a un modelo laboral basado en la subcontratación de riders, como Uber Eats.
El modelo "renovado" de autónomos de Glovo, con algunas novedades que daban más libertad a los mensajeros, fue criticado desde el inicio por los sindicatos y otras compañías, que lamentaban la competencia desleal que ejercía la multinacional. Sin embargo, Glovo destacaba hasta ahora que su muevo modelo no había sido sancionado, aunque sí estaba siendo investigado (procedimientos que llevan mucho tiempo).
Pasaron los meses y, en verano de 2022, Uber Eats pasó a repartir de nuevo con autónomos, también con otro modelo "renovado", tras haber denunciado públicamente que Glovo incumplía la Ley Rider y que complicaba la competencia al resto de empresas.
El Ministerio de Trabajo advirtió a las compañías de que ninguna empresa podía saltarse la Ley Rider y que seguiría persiguiendo el fraude en la contratación. Además, endureció el Código Penal, para sancionar con penas de cárcel expresamente el abuso reiterado de falsos autónomos y amenazó a Glovo con emprender acciones penales contra la multinacional.
Aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció en septiembre de 2022 que presentaría un escrito frente a la Fiscalía para que investigara a Glovo por un delito contra los derechos de los trabajadores, aún no se ha dado este paso. Hace unas semanas, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, respondió a elDiario.es en una rueda de prensa que el Ministerio aún estaba trabajando en esta petición.
Esta nueva resolución de la Inspección de Trabajo puede ser muy relevante de cara a la actuación de Trabajo, ya que supone una primera investigación oficial que concluye que Glovo sigue incurriendo en un fraude de falsos autónomos.
Los que sí han dado un paso ya ante la justicia penal son repartidores del colectivo RidersxDerechos, que presentaron una querella contra Glovo y Uber Eats junto a otra organización de taxistas, Taxi Project 2.0. La querella denuncia la presunta comisión de delitos contra Hacienda, contra la Seguridad Social, delito de estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores.
