La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este martes en el Congreso una “consulta“ al sector para lograr una expansión “ordenada y justa” de las energías renovables, de forma que en el territorio “las cosas se hagan bien” y con una “adecuada redistribución” de los beneficios.
Mientras la España vaciada empieza a moverse para que los beneficios de eólica, solar o hidroeléctrica reviertan allí donde se producen, Ribera ha anunciado una consulta “a todos los actores” para que “podamos identificar las mejores prácticas” y “las mejores cautelas” y lograr un despliegue “ordenado” de las renovables “coordinando zonificación, acceso a beneficios por parte de los territorios, mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable”.
En una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, Ribera ha señalado que el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se aprobará “en los próximos meses”.
Ha avanzado nuevas subastas de renovables para este año y los siguientes, que se van a “afinar” para que se traduzcan en “oportunidades económicas y sociales, coordinando globalización y respuestas locales”; un marco “garantista” para la eólica marina, una regulación específica para los gases renovables, y una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética “sobre la base de lo aprendido en estos años” que sustituirá a la actual, que cubre el periodo 2019-2024.
La vicepresidenta ha insistido en la necesidad de trocear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como pactaron el PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno: “Son años de cambio intenso que necesitan el refuerzo de un regulador independiente especializado y por ello propondremos una recuperación de una Comisión Nacional de la Energía dedicada íntegramente a esta tarea”.
Ribera ha sacado pecho de los logros alcanzados en los últimos ejercicios, con un 2023 en el que por primera vez la mitad de la electricidad ha tenido origen renovable, unos precios mayoristas de la electricidad entre los más bajos de Europa “a excepción de los países nórdicos”, el carbón cayendo a mínimos históricos y la fotovoltaica “a punto” de superar a la generación con gas.
La vicepresidenta ha presumido de cómo han contribuido a estos hitos la regulación, el “conjunto fantástico de condiciones” geográficas del país y su talento humano. Ahora, toca una “nueva fase de consolidación que requiere medidas puntuales” para “afinar” las oportunidades que suponen las renovables y atraer inversiones industriales, I+D y “más y mejor empleo”.
Según Ribera, en materia de reto demográfico se han producido “progresos relevantes” en las áreas rurales y los pequeños municipios. Lo más significativo es la llegada de nuevos pobladores al medio rural, que ha recibido cerca de 300.000 personas desde 2018”.
Según ha expuesto, tres de cada cuatro pequeños municipios están teniendo saldo migratorio positivo y los de menos de 5.000 habitantes han sumado más de 100.000 habitantes (un 1,8% más) en este lustro. El objetivo es lograr la España “de 30 minutos”, que pueda acceder a los servicios básicos en ese rango temporal, que anunció en su discurso de investidura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La vicepresidenta ha comenzado su comparecencia recordando la “preocupante” constatación de que 2023 fue el año más cálido desde que existen registros. “Nadie puede decir que esto es irrelevante ni ignorar el impacto del cambio climático”, un desafío ante el que “debemos remar más deprisa” pero “de forma justa”. Ha señalado que en el Ejecutivo están “orgullosos de mucho de lo que hemos hecho” pero hay que “consolidar los avances” al amparo del Pacto Verde Europeo.
Ha citado el agua como una de las prioridades de esta legislatura, con una situación de sequía muy “preocupante” en las cuencas del Mediterráneo y Andalucía, y España como uno de los tres países de la OCDE con mayor estrés hídrico, con más del 70% del territorio en riesgo de desertificación.