“Ahora fantaseamos con ser funcionarios”, apunta la periodista Beatriz Serrano en una reciente entrevista en elDiario.es sobre su último libro en el que habla de la difícil relación de los jóvenes con las estructuras del mercado de trabajo. Más allá de esta idea, los datos muestran que el sector público adolece de un problema generacional, pero no por la base de los jóvenes, sino por los de mayor edad. La reciente actualización de la base de datos de los trabajadores del sector público constata que en apenas cinco años se jubilará casi el 22% de las plantillas.

La llegada de población joven al sector público serviría de impulso para un sector ampliamente envejecido. El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es el referente de la Secretaría de Estado de Función Pública en cuanto al número de trabajadores que conforman el sector público en España. Esto incluye a funcionarios, personal laboral, interinos, trabajadores temporales, o en prácticas. Si bien, el detalle de edad se encuentra únicamente en los ministerios, organismos y entidades que conforman la Administración General del Estado.

En este sector son algo más de 200.000 trabajadores. De ellos, casi 43.600 trabajadores tienen más de 60 años, cerca de la edad de jubilación. Esto se traduce en que casi uno de cada cuatro trabajadores del sector público del Estado se encuentra próximo a su retiro, lo que hace más urgente un relevo generacional durante los próximos años. Hay menos trabajadores de menos de 40 que mayores de 60.

El problema generacional se hace más notable cuando se incluyen otros colectivos en este análisis. Si en lugar de a cinco años, la mirada se amplía a un horizonte de 15 años, la situación se agrava más. El grupo de trabajadores que tiene ahora más de 50 años y que, en ese plazo se prevé su jubilación, roza el 60% de toda la fuerza laboral del sector público estatal.

Si de este análisis se dejan fuera a los organismos, entes y empresas públicas, teniendo en cuenta únicamente el personal de los ministerios, el problema sigue persistiendo. Si bien el porcentaje decrece un poco, se mantiene por encima del 20% el número de trabajadores que se habrán jubilado de aquí a un lustro. La situación es especialmente llamativa en algunos departamentos como el de Defensa, donde el 36% del personal supera los 60 años. Le siguen, a distancia, otros ministerios como Inclusión, Transportes o Industria, todos ellos por encima del 24%.

El problema no es nuevo y el Gobierno es consciente. Desde hace años publica un informe anual en el que actualiza la evolución del envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado. Buena parte de la culpa en este aumento del desfase generacional en el sector público se encuentra en los recortes que se produjeron durante la crisis de 2008 y que también afectaron a la Función Pública en España.

Durante aquellos años, el gobierno del PP restringió la publicación de ofertas de empleo público y estas no llegaban a cubrir siquiera la salida de personal jubilado. Según el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Función Pública enfocado en el envejecimiento del funcionariado, entre 2014 y 2021 salieron casi 64.000 trabajadores. En ese periodo, apenas se incorporaron 32.000. Este recorte provocó una subida acelerada de la edad media de los empleados públicos entre 2013 y 2019, pasando de 48,95 años a 51,61. En los últimos años, con unas ofertas que ya iban más allá de cubrir las salidas por jubilación, la edad se ha reducido ligeramente a 51,3 años.

Esa sustitución de los trabajadores que se jubilan es lo que se conoce como tasa de reposición. Cada año, el Gobierno fija el porcentaje que se puede cubrir de las salidas de los de mayor edad. Durante los años de recortes, el porcentaje fue inferior al 100%, mientras que en los últimos años, se ha situado por encima. Es decir, se crean plazas más allá de las jubilaciones. Este porcentaje se utiliza como un mecanismo de control para evitar el sobredimensionamiento de la administración por parte de los distintos niveles. Sin embargo, todos los sindicatos coinciden en reivindicar el final de este porcentaje porque, según defienden, limita la creación de empleo en el sector público para cubrir problemas generados por la escasa reposición del pasado.

Organizaciones como UGT o Csif han planteado en los últimos días la gestión del envejecimiento de las plantillas como una de las cuestiones más urgentes que se debe abordar por parte de la secretaría de Estado de Función Pública, que recientemente ha cambiado de ministerio y de responsable, siendo ahora Clara Mapelli la encargada. Entre otras cuestiones, además de la eliminación de las tasas de reposición, plantean la necesidad de modernizar y hacer más atractivos los procesos de selección y de entrada al sector público.

El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas se actualizó la pasada semana tras meses sin renovarse. Los últimos datos publicados hacían referencia a julio de 2022 y se han incorporado los cambios hasta el mismo mes de 2023. Aunque con menor detalle, al no desgranar aspectos como la edad, el informe da datos sobre todas las administraciones públicas, incluyendo a las comunidades, ayuntamientos o cabildos. Todos estos colectivos rozaron al cierre de este informe los tres millones de empleados, incluyendo funcionarios, personal laboral, interinos o trabajadores temporales.

Esta cifra ha protagonizado distintas informaciones en los últimos días por el fuerte crecimiento respecto a un año antes. En concreto, la cifra absoluta se ha incrementado en más de 236.000 trabajadores en tan solo doce meses, una cifra que ha llamado la atención. Sin embargo, este crecimiento se debe a un nuevo modelo para contabilizar trabajadores públicos, que ha hecho aflorar a profesionales que hasta ahora no se contabilizaban. El departamento de Función Pública, ahora dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha comenzado a incluir al personal que está en formación y en prácticas en el sector público.

El mayor afloramiento de este tipo de puestos de trabajo en las estadísticas del sector público ha sido en el apartado de las administraciones autonómicas. Acumulan un incremento de un año a otro de 228.000 trabajadores. No en vano, son las comunidades las que suman el mayor cuerpo laboral de las administraciones en España. Son 1,8 millones de los 2,9 millones de trabajadores del sector público. Durante los últimos tiempos, la derecha ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de maquillar datos de paro con la creación de puestos de trabajo en el sector público. Si bien, en un año solo se ha aumentado en 12.000 trabajadores el perímetro de la Administración General del Estado.