La reforma del mercado eléctrico afronta los últimos pasos del camino que se inició hace dos años, cuando la invasión rusa de Ucrania derivó en una crisis energética en el continente y en un incremento récord de los precios que llevaron a la UE a tomar medidas extraordinarias. Una de las cuestiones que afloraron entonces fueron los fallos en el propio diseño del mercado eléctrico y Bruselas se abrió entonces a cambiar el modelo. Lo que entonces sonó a cambio radical no ha sido tal y las empresas energéticas respiran con alivio.
“No solo debemos responder a la emergencia climática, el uso de la energía como arma de guerra nos hace pensar que esta reforma era urgente. En un contexto geopolítico volátil, no podemos volver a pecar de ingenuos”, ha dicho el socialista Nicolás González Casares, que ha sido uno de los ponentes de la iniciativa cuyos efectos, según ha reconocido, se verán en el “medio y largo plazo”. Lo que ha puesto en valor es que la reforma da “protección para los consumidores, nuevos derechos y precios contenidos para ciudadanos y empresas”.
“Pretendemos aumentar la producción de energía renovable e integrar esa tecnología en las redes existentes para hacer frente al cambio climático y a las perturbaciones en el mercado del gas”, ha celebrado el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Cristian Silviu Busoi. “Este paquete es un buen punto de partida para conseguir los objetivos climáticos y mejorar la competitividad de la economía europea”, ha dicho el liberal Klemen Groselj, que ha adelantado, no obstante, que la próxima legislatura tendrán que analizar por qué los consumidores no han notado la bajada de precios. También el portavoz de ECR (el grupo de la extrema derecha del que forma parte Vox) ha tenido buenas palabras para el acuerdo, que ha considerado un “primer paso”.
Más críticos han sido los verdes, que han lamentado que se haya dado una “salida” al lobby del gas. También La Izquierda ha rechazado el acuerdo. “Lo único que hacen es imponernos precios que nada tienen que ver con los de producción”, ha dicho la eurodiputada Marina Mesure: “¿Quién ofrecerá precios regulados? ¿El mercado? Nadie entonces".
El debate en la Eurocámara ha tenido un breve rifirrafe español cuando la eurodiputada del PP Pilar del Castillo ha dicho que la excepción ibérica desaparecerá con la nueva reforma. No obstante, el artículo 66a sí prevé que en situaciones de crisis como la atravesada en 2022 y 2023 se pueda llevar a cabo una intervención en los precios, incluidos precios por debajo de costes.
Uno de los objetivos de la reforma del mercado eléctrico es reducir la volatilidad de los precios. La principal receta de la UE en la reforma es la generalización de los denominados Contratos por Diferencias (CfD, por sus siglas en inglés) que es en aquellos en los que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario.
Los CfD se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica sin embalse y también la energía nuclear (Francia pretendía que se aplicara para las existentes, pero Alemania se opuso). En el caso de las plantas ya existentes, los 27 establecieron que esos contratos no se aplicaran automáticamente sino que tengan que contar con el visto bueno de Bruselas (como hasta ahora) para garantizar que no son ayudas de Estado.
La reforma del mercado eléctrico persigue que los precios de la electricidad sean menos dependientes de los combustibles fósiles para proteger a los consumidores. El acuerdo recoge la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación de renovable a través de los PPA, que son contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor, aunque será voluntario.
También incluye medidas para proteger a los consumidores vulnerables aumentado la protección respecto a los cortes de suministro. Igualmente, las comercializadoras estarán obligadas no rescindir los contratos unilateralmente y a ofrecer contratos de precio fijo. Durante las negociaciones, el Parlamento Europeo introdujo el ‘derecho a compartir’ la energía renovable.
