El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se han reunido en Moncloa con buena parte del sector inmobiliario y financiero. Un encuentro en el que se ha abierto la puerta a explorar nuevos incentivos fiscales para que los propietarios pongan más pisos en alquiler social y asequible.

"Hoy existen beneficios fiscales, especialmente en zonas tensionadas, bonificaciones de hasta el 90%", ha recordado Isabel Rodríguez, con el matiz de que, ahora mismo, solo Catalunya tiene declarada una zona de precios del alquiler tensionados.

Rodríguez ha afirmado tras en encuentro que se va a "profundizar más en garantías y certezas" y que el actual Plan Estatal de Vivienda ya contempla "la posibilidad de garantizar rentas". "Vamos a seguir explorando, no van a faltar instrumentos. No va a faltar empeño, en impulsar competencias y apoyarnos en el sector privado, en operadores comprometidos con España y conscientes de que es un problema trascendental".

Esta misma mañana, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había reclamado al jefe del Ejecutivo que convocase una conferencia de presidentes autonómicos para abordar el problema de la vivienda de la que salga un “compromiso” para bajar los precios.

Tras la reunión en Moncloa, Isabel Rodríguez ha apuntado que es el presidente del Gobierno quien tiene que convocar este tipo de reuniones. "Si hay temas importantes que afecten a las comunidades autónomas, este lo es", en referencia a la vivienda. "Estamos en plenos procesos electorales y según he podido saber tanto del presidente del Gobierno como del ministro competente en esta cartera, está planteada para después, una vez finalizado el proceso electoral", en referencia al ciclo con las urnas, en Euskadi, Catalunya y las europeas de junio.

Rodríguez ha recalcado que la Ley del Vivienda compete al Gobierno a limitar en las zonas tensionadas las viviendas de uso turístico; pero, para ello, es necesario, que las comunidades autónomas den ese paso y declaren esa tensión de precios.

La ministra de Vivienda ha recordar que hay una alta concentración de viviendas vacacionales en las zonas con "tensión de mercado", pero que "no es el único factor" porque en vivienda "no hay una solución, se necesita mucha cirugía y bisturí". "He planteado que hay que observar el problema y poner solución, no mirar a otro lado".

También ha adelantado que el próximo jueves 18 de abril se llevará a cabo una nueva reunión del grupo de trabajo sobre los alquileres por temporada, que exige la Ley de Vivienda y que solo se ha reunido una vez.

Esta misma mañana, Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento a las comunidades a que se pongan de acuerdo para actuar sobre los alquileres turísticos y los de temporada que a su juicio son los que “están elevando el precio de la vivienda” en las ciudades, y ha pedido a autonomías como la de Madrid que apliquen la ley en vigor. “Cómo es posible que una comunidad así le diga a sus ciudadanos que se niega a aplicar esta ley”, ha dicho.

La reunión en Moncloa con el sector inmobiliario y financiero ha tenido como contraparte a gran parte de los actores en vivienda, pero no a todos. En el encuentro han estado las patronales del sector de la construcción: la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr) y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

También, entidades ligadas a la gestión de vivienda pública y el cooperativismo, como las Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), la Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) y la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). Y actores que no tienen un papel directo en los precios de la vivienda en venta, como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae) o el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España (Cgate).

En un momento donde las hipotecas arrastran meses de subidas, a Moncloa también ha acudido el sector bancario, a través de la Asociación Española de la Banca (AEB), donde están Santander, BBVA o Bankinter; y CECA, la patronal de CaixaBank y Unicaja. Y representantes del Consejo de la Juventud de España, la Plataforma del Tercer Sector, los sindicatos UGT y CCOO, así como dos entidades que buscan el acceso a la vivienda de personas en riesgo de exclusión, como Hogar Sí y ProVivienda.

Sin embargo, en la reunión no han estado otras organizaciones que viven de primera mano los problemas de los desahucios, sobre todo en la vivienda en alquiler, por ejemplo, los sindicatos de inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Una ausencia que ha criticado la líder de Sumar.

"Desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinas de Madrid sabemos que la solución no se encuentra en sentarse con aquellos que ven nuestras viviendas como un negocio", han apuntado ambas organizaciones a través de un comunicado. "Cuanto mejor les vaya el acuerdo a los que están en la reunión, peor le irá a sus inquilinos. Cuanto más beneficio haya para las constructoras, más subirán los precios de la vivienda", critican. "La reunión de hoy es una mala señal. Es una mala señal que se escuche demasiado a la patronal y demasiado poco a las organizaciones de afectadas e inquilinas", ahondan.