Entre las causas objetivas que una compañía tiene para despedir a un empleado, el Estatuto de los Trabajadores contempla una en la que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha puesto el foco este viernes. "Se puede despedir, sencillamente, si una empresa no alcanza los niveles de beneficio que había previsto. No si tiene pérdidas, simplemente si no alcanza los niveles de beneficios que tenía previsto", ha señalado la también ministra de Trabajo en una comisión en el Senado. "Algunas cosas tendremos que cambiar", ha advertido.
Durante su comparecencia en la Cámara Alta, Díaz ha insistido en la necesidad de reforzar las causas que permiten amortizar puestos de trabajo. De suprimir la "disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas", que recoge como causa objetiva el Estatuto de los Trabajadores, la indemnización pasaría de los 20 días por año trabajado, a los 33 que corresponden a un despido improcedente.
El planteamiento de la vicepresidenta llega en un momento en el que Trabajo plantea cambios de calado en la indemnización por despido. UGT llevó ante el Consejo Europeo de Derechos Sociales a España, al considerar que se vulneraba la Carta Social en la materia. Las partes ya conocen en qué términos se ha pronunciado esta institución y, aunque todavía no es público, Europa habría fallado contra España por los límites a la indemnización, en línea con demandas previas contra Italia, Finlandia y Francia.
Díaz ha señalado que su intención para ajustar la legislación española a la Carta Social Europea es "introducir un mecanismo" que permita "atender a los factores personales" de la persona despedida, en caso de que este cese sea injustificado. "Que se reparen adecuadamente los daños causados", ha pedido la vicepresidenta segunda, que ha recordado que "si un despido es injustificado es que se ha vulnerado la legislación en este país".
Trabajo lleva tiempo defendiendo la necesidad de lo que ha venido a llamar "despido reparativo". Aunque no lo ha mencionado en esta ocasión, la idea es la misma. "No va ni de 33 ni de 45 (días por año trabajado)", ha aclarado Díaz, que ha insistido en la importancia de "disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados" y que, por tanto, vulnerarían la legislación. "Hay empresas que, en sus planes económicos, tasaban lo que les iba a costar despedir a la gente. Esto es lo que dice justamente el Comité que no puede ser. Esto lo vamos a cambiar", se ha comprometido.
El plan de Díaz, todavía sin concretar, incluye incorporar a la doctrina de la jurisdicción social ese mecanismo con el que "se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente", que no son los mismos para cada trabajador, y en los que se podrían valorar circunstancias personales.
Durante su comparecencia en la comisión de trabajo y economía social del Senado, Díaz ha ido desgranando las líneas de actuación de su ministerio para los próximos meses. La vicepresidenta segunda ha comprometido la subida del IPREM al 3%, pese a la ausencia de los presupuestos. Una medida para la que necesita el apoyo del PSOE que, según ella misma desveló esta semana, no era partidario de esta medida durante la negociación presupuestaria que se truncó con el adelanto electoral en Catalunya.
Además, ha señalado que el Gobierno abordará de nuevo la reforma del subsidio por desempleo, que llevó al Congreso en enero y decayó por el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
