La agenda Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) está a rebosar de compromisos, como cada mes de abril. La antesala del Primero de Mayo pilla al secretario general de la UGT entre reuniones, asambleas y con varios frentes de negociación abiertos con la patronal y el Gobierno. Antes del verano, debería despejarse la duda de si es posible cerrar un acuerdo, que considera “preferible”, con la CEOE para la reducción de la jornada laboral.
Después, está previsto que se conozca la resolución de la demanda que el sindicato puso contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que forzará cambios en las indemnizaciones. Y, tras el periodo estival, volverá hablarse del SMI, ya para 2025. Su “objetivo mínimo”, avisa, “son 1.293 euros”.
El sindicato demandó a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por los bajos costes del despido. La institución europea ya ha notificado su resolución a las partes, aunque aún no pueden hacerla pública. ¿Está contento con el resultado?
El resultado lo sabremos cuando se publique en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, aunque el Gobierno puede levantar el secreto. Todavía no podemos dar a conocer el contenido pero, evidentemente y por cómo se ha resuelto anteriormente, esperamos que la resolución sea plenamente favorable. Nuestra demanda estaba avalada por dos resoluciones previas sobre Italia y Francia y, después, Finlandia, con situaciones similares. Es evidente que en España el despido no es disuasorio, como dice la Carta Social Europea, porque el empresario sabe perfectamente cuánto le va a costar echar a una persona y no resarce de acuerdo a la situación personal. Hay otra cuestión que también planteamos y que ha sido menos comentada, que tiene que ver con los salarios de tramitación.
El Comité se ha pronunciado reiteradamente en contra de las indemnizaciones tasadas para los despidos improcedentes. ¿Cuál es la propuesta de UGT en este sentido?
En cuanto se publique la resolución, los jueces empezarán a trabajar con esa sentencia, que es vinculante, y a situar cuáles son los elementos que hacen que la indemnización por despido improcedente no pueda estar tasada solo en días. A nosotros nos parece razonable abrir una mesa de diálogo con la CEOE, el Gobierno y las organizaciones sindicales, pero no voy a decir ahora cuáles son nuestras posiciones para este hipotético cambio legislativo. Comisiones Obreras tiene una demanda bastante similar, que se resolverá en los próximos meses. Tendremos que ver cómo queremos abrir ese proceso, aunque ya hemos ido situando algunos aspectos que se podrían incorporar. Por ejemplo, que nadie pueda ser despedido sin causas objetivas antes de los seis meses.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abrió la puerta a eliminar la reducción de los beneficios previstos como una causa objetiva de despido. ¿Cómo valoran esta propuesta?
Si el Gobierno, fuera de campaña, quiere abrir ese debate, nos va a parecer positivo. Es evidente que las causas objetivas de despido en España son amplísimas, tanto para los individuales como para los colectivos. No tiene ningún sentido mantener esa situación, pero hasta ahora no habíamos visto que hubiera una voluntad colectiva por parte del Ejecutivo para abordarlo.
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez
Desde UGT han pedido al presidente del Gobierno que no dimita. ¿Cómo puede alterar las previsiones sindicales una hipotética dimisión? ¿Qué escenario cree que se abriría?
No estamos solo en un debate en relación de las consecuencias que habrá si hay un cambio de mayorías políticas en el parlamento como ha ocurrido en Portugal. No solo hablamos de consecuencias de agenda pendiente, sobre todo en reducción de tiempo de trabajo y protección social, sino lo que es más importante: la calidad de la democracia en España queda muy tocada si finalmente, por cuestiones que no son la mayoría parlamentaria que eligió al actual presidente del Gobierno, por lo tanto poderes ajenos, consiguen su objetivo, que es separar a Sánchez de sus actuales responsabilidades.
En general, según los últimos datos de Trabajo, de marzo, los salarios han subido para 2024 un 2,9%, por debajo de la inflación. ¿Se puede hablar de recuperación cuando los trabajadores pierden poder adquisitivo?
En realidad no han subido menos que la inflación. Venimos de una etapa con convenios colectivos firmados, algunos muy favorables a los trabajadores, que durante la época más dura han mantenido e incluso mejorado el poder adquisitivo. Hay otros que se firmaron por más de un año y que, efectivamente, no garantizaban el poder adquisitivo. Este año, si solo tenemos en cuenta los convenios colectivos que se han firmado después del acuerdo de negociación colectiva con la CEOE, estamos en un aumento medio de en torno al 4,5%.
Pero si hacemos la media de todos los salarios, están por debajo del 3%.
Sí, pero conviene situar esto. En el momento en el que hemos podido rehacernos frente al Gobierno, con el primer acuerdo de negociación colectiva, los efectos han sido claramente positivos y hay una mejora del poder adquisitivo. Seguramente las organizaciones sindicales no siempre habían introducido garantías salariales cuando se firmaban convenios colectivos por más de un año, pero ahora se está haciendo de manera bastante generalizada. Y, en segundo lugar, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido una demostración de la fortaleza de las organizaciones sindicales. Nunca, ni de lejos, nos habíamos aproximado a estas subidas.
Trabajo ha avanzado ya que convocaría a los agentes sociales después del verano para pactar la subida del SMI de 2025. ¿Cuál es su punto de partida para esa negociación?
Nuestro objetivo mínimo es el 60% del salario medio de nuestro país. Teniendo en cuenta la última estadística que conocemos, del año 2022, son 1.293 euros. A partir de ahí tendríamos que ir viendo cómo se hacen los aumentos, que desde nuestro punto de vista deberían ir de acuerdo con la media de la negociación colectiva. La inflación solo no sirve.
Los beneficios del turismo son suficientes como para que las personas que hacen posible que exista vivan con dignidad
En algunas zonas, sobre todo las turísticas, hay trabajadores que no pueden pagar una vivienda. ¿Quién tiene que hacerse cargo de este problema?
Tenemos que trasladar la idea de que en agosto hay mucha gente trabajando de manera normal. A los empresarios les parece extraordinario, porque es la temporada alta, ganan mucho más dinero que en cualquier otro momento y trasladan que hay que hacer las horas que sea, en las condiciones que sea. No, hay que trabajar en condiciones normales. El año pasado tuvimos una asamblea en Ibiza y la gente estaba durmiendo en un parque, donde el alcalde les había cerrado hasta el agua de la fuente. El Estado tiene que acabar con esta situación, porque luego se quejan de que no hay mano de obra. Los beneficios del turismo son suficientes como para que las personas que hacen posible que exista vivan con dignidad. Para eso, habría que hacer una planificación urbanística adecuada y plantearse que igual junto a los hoteles habría que construir algún bloque de vivienda súper protegida para las personas que van a hacer la temporada.
No ocurre solo con el sector turístico. En comunidades como Catalunya o Madrid muchos trabajadores dedican más de un 30% de su salario al alquiler o la hipoteca. ¿Hay algún mecanismo para que el salario se pueda ajustar al precio de la vivienda?
Eso es francamente difícil. Ni siquiera los convenios colectivos provinciales se ajustan a ese mecanismo, en la medida en que la vivienda no tiene el mismo precio en la ciudad de Madrid o Barcelona que en los municipios metropolitanos del entorno o en un pueblo más alejado. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las responsables en primera instancia, y el Estado tienen que poner en marcha políticas que generen un parque de vivienda público de alquiler, que esté condicionado solo a los salarios. Eso es algo que llevará un tiempo, pero no tiene que llevar tanto tiempo. También debe haber una normativa que impida que se vendan las viviendas que fueron construidas con una finalidad social. Si el Ayuntamiento de Madrid no hubiera expoliado las viviendas sociales, tendríamos problemas, pero no tan gordos.
El año pasado hubo un conflicto por la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, para facilitar la contratación de extranjeros en origen. La patronal y el Gobierno estaban a favor, pero ustedes se oponían. Nueve meses después de que se incluyeran puestos técnicos de construcción, ¿qué balance hace?
Teníamos razón. El Gobierno debería escuchar más a los sindicatos y menos los cantos de sirena de las patronales. Tienen el objetivo de generar la idea en España de que hay un 10% de población que no quiere trabajar y no es verdad. El número de personas que han solicitado venir a trabajar del extranjero es ridículo. Las profesiones que se demandan de manera mayoritaria requieren de un proceso de formación relativamente corto y las personas en desempleo quieren encontrar trabajo. El problema son los servicios públicos de empleo, que no son órganos activos. Quien lea esta entrevista dirá: “Pues sí, a mi no me han llamado”. Hay una comunidad autónoma donde esto funciona bastante mejor que en el resto: Euskadi.
Donde hay lo que se considera pleno empleo.
La tasa de desempleo está en torno al 7% porque hay un sistema de intermediación público que llama, que acompaña a las personas y que les hace un itinerario formativo para que puedan acceder a esos empleos. En otras comunidades, vas a la oficina, y si puede ser de forma telemática mucho mejor, y ya está. Pasa el tiempo y nadie se acuerda de ti. No te voy a decir ninguna, porque tendría que decirlas casi todas. Tiene que haber un acuerdo entre las administraciones para que estos servicios de intermediación funcionen.
Reclamo a la derecha que no vuelva a hacer el ridículo como con la reforma laboral. Es surrealista que la CEOE y los sindicatos acordemos y que un sector que está políticamente dentro de alguna de estas organizaciones vote en contra en el Parlamento
El lema de este año para el Primero de Mayo es Pleno empleo, menos jornada, mejores salarios. ¿Cómo avanzan las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas?
Antes de que llegue el verano deberíamos estar en condiciones de saber si el acuerdo con la CEOE es posible o no. Para nosotros es preferible un acuerdo en el que podamos marcar el tiempo en el que se va a aplicar la jornada y qué características vamos a tener en relación con otros factor para introducir elementos de flexibilidad, como las horas extraordinarias o el control horario. Hay muchas empresas de muchos sectores que quieren que llevemos un acuerdo cerrado al Gobierno. Si el mundo es normal, eso debería pasar por las Cortes con una mayoría muy amplia. Yo le reclamo a la derecha que no vuelva a hacer el ridículo que hizo con la reforma laboral y no haga oposición a los acuerdos en los que está la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de la representación de los trabajadores y los empresarios. Es ridículo que la CEOE y los sindicatos acordemos y que un sector que está políticamente dentro de alguna de estas organizaciones vote en contra en el Parlamento. Es surrealista.
¿Se refiere a una influencia del PP en la CEOE?
No descubro nada nuevo si digo que una parte muy importante de los votantes del PP vienen de la CEOE o que buena parte de los votantes de la izquierda son de las organizaciones sindicales. Es evidente que hay empresarios que votan al PSOE y trabajadores que votan al PP, pero centralmente, mientras no cambie la historia y exista la lucha de clases, es una cuestión poco discutible.
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez
La vicepresidenta también ha indicado que abordará de nuevo la reforma del subsidio por desempleo, tumbada en enero por PP, Vox y Podemos. ¿En qué situación están esos contactos?
Llevamos muchos días trabajando estos temas, a veces con muy poca discreción. Eso es lo que está generando que no tengamos un acuerdo. En un periodo muy breve de tiempo tenemos que llegar a un acuerdo, porque no solo hablamos de esa parte concreta, sino de otras cuestiones, como la extensión del PER. Hay suficiente enjundia como para que salga adelante, incluso si hay algún tema polémico que se tenga que dejar como está y tirar adelante con el resto.
¿Usted es partidario de mantener la sobrecotización de los mayores de 52 años?
No es ‘sobrecotización’, es cotización sobre el salario mínimo. Con la subida importante del SMI, el Gobierno planteó que ese 125% es un elemento que no ayuda a que las personas encuentren empleo. Yo creo sinceramente que no es verdad, que hay que activar los servicios de empleo y que las mayores de 52 años estén atendidas personalmente, que tengan el nombre y el teléfono de la persona que trabaja con ellas en la administración. Hay fórmulas que nosotros planteamos y que evitarían los temores que se pudieran plantear en relación con una cotización de estas características, de formación, itinerarios, salarios o incluso poder mantener esa cotización si encuentran trabajo. Hay un camino que no se recorrió lo suficiente, entre otras cosas porque no hubo tiempo para la negociación. De hecho, el real decreto no tenía el visto bueno de los sindicatos.
Ahora tenemos que encontrar un punto que permita que estas consideraciones que nosotros hemos hecho y que Podemos ha situado puedan aparecer. En ese sentido, creo que por parte del Ministerio de Trabajo tampoco debe haber excesivos problemas, porque tengo la absoluta seguridad de que no era uno de los que quería poner en marcha esta medida. Ni siquiera creo que quisiera el presidente del Gobierno. Es todo mucho más complejo y hay unos mecanismos de equilibrio presupuestario que a veces nos llevan a cuestiones de este tipo.
Cuando era bien joven ya se nos decía que no íbamos a cobrar pensión, que todo se iba a caer en los 90, en los 2000… ¡paparruchas! El sistema está garantizado, la única preocupación es la de los fondos privados
El Ejecutivo ha tomado medidas, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, para garantizar la estabilidad de las pensiones ante lo que han definido como el “desequilibrio coyuntural” de la jubilación del baby boom. ¿Entiende que haya preocupación por este asunto?
No, para nada. Hemos llegado a un acuerdo que cierra el modelo hasta el año 2050. La única preocupación es la de los fondos privados, que no van a tener más juego que el que quiera darles la gente que quiera llevar allí sus ahorros. No hay más preocupación que la de quienes no están a favor de ese acuerdo, que es la CEOE. Por lo demás, el sistema está garantizado. Que no nos metan mano en el sistema, que es la intención que hay detrás de esta generación de incertidumbres. Es un sistema que va a funcionar y no es gravoso para las empresas españolas, que tienen muchísimos menos costes salariales que las europeas. Van a seguir con este soniquete, pero yo tengo una edad y he vivido otras campañas iguales en otros momentos de mi vida. Cuando era bien joven ya se nos decía que no íbamos a cobrar pensión, que todo se iba a caer en los 90, en los 2000… ¡paparruchas! Ahí está el sistema.
¿Teme que en los próximos años se agiten los discursos que buscan reavivar el conflicto intergeneracional?
Por supuesto. La vida de algunos es que los nietos se pongan contra sus abuelos. A mi me parece un poco estúpido, porque estamos hablando de sus abuelos, no de los del vecino. Creo que somos muy felices si se les alarga la vida en unas condiciones de dignidad. Nuestro sistema es el mejor. No hay ningún sistema (de pensiones) privado en el mundo que haya funcionado. El chileno era un milagro impresionante y ha echo aguas. El Estado ha tenido que intervenirlo, le ha costado muchísimo dinero y los pensionistas tienen una pensión ridícula que les obliga a vivir en la más absoluta de las miserias. La Seguridad Social gestiona muchísimo mejor que las entidades privadas y el coste de administrar las pensiones es la mitad de lo que cobra cualquier entidad financiera.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesto que sean los trabajadores quienes ingresen las cotizaciones de las empresas para que sepan “el coste real de los salarios”. ¿Qué le parece?
Es el discurso de la ultraderecha que quiere cuestionar los sistemas públicos. Es el discurso de Milei y de los que van al Congreso de los Diputados y dicen que a una persona que cobra el SMI le descuentan el 50% en impuestos. Luego se explica y va al IVA y al venía… y tampoco le van a salir las cuentas. Es un tema muy serio y la CEOE debería saber que si nosotros viéramos cuál ha sido al evolución en los últimos 40 años de la cuota empresarial que paga a la seguridad social, hay por lo menos un 5% del salario que Felipe González y José María Aznar regalaron a los empresarios.
Con el número de afiliaciones a la Seguridad Social en récord histórico, ¿cómo prevé la movilización ciudadana de cara al Primero de Mayo?
El Primero de Mayo es una movilización que se ha mantenido de manera permanente a lo largo de la historia. Este año espero que haya una movilización importante, porque tenemos muchas causas extraordinarias. Seguramente los trabajadores de nuestro país las vean lejanas y no sé si las organizaciones sindicales vamos a tener la capacidad de hacer que sean objeto de debate en los centros de trabajo. Tenemos dos conflictos armados, uno en Europa y otro en Oriente Medio, que serían suficientes como para llenar las calles de nuestro país. La situación en Gaza es absolutamente insoportable y en Ucrania los países europeos deberíamos reflexionar sobre cómo parar la guerra. Nos movilizamos cuando había causas económicas y problemas de abastecimiento, pero ahora parece que no es tan grave porque no hay tanta necesidad de gas.
Otro factor muy importante son las elecciones europeas, sobre todo tras el peso de la Comisión y la Unión Europea después de la pandemia. Nos jugamos volver a los hombres de negro, que limitaban a los estados cuánto se podían gastar en medicinas, en educación y en políticas sociales y cuánto se tenían que gastar en pagar la deuda pública o seguir en la Europa que ha puesto en marcha los fondos Next Generation. Los euroescépticos encabezados por Vox intentan engañar a la gente diciendo que el problema es la agenda 2030 y las políticas medioambientales, cuando estamos viendo la destrucción permanente del planeta. Y hay una fuerza política muy polivalente, que es el PP, al contrario de lo que ocurre con otros partidos populares. Por si fuera poco, hemos tenido unas elecciones hace menos de un años, y todavía sigue sin reconocerse el resultado. Todo eso tiene que estar en las manifestaciones del 1 de mayo, con otra cuestión que me parece fundamental, el fortalecimiento de los sindicatos, porque supone fortalecer los derechos, los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras.
