Cuando se celebró en España la primera manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores, una de las principales reivindicaciones de la clase obrera era la limitación de la jornada laboral a ocho horas al día. Era 1890. Este miércoles, 144 años después, han cambiado muchas cosas desde aquellas faenas interminables, con horas que superaban los dos dígitos. Sin embargo, el país no ha vivido una reducción del tiempo de trabajo desde 1982. El Gobierno se ha comprometido a aplicarla y los agentes sociales negocian cómo bajar de las 40 actuales a las 37,5 horas semanales máximas.

El país llega a este día con algunos datos que celebrar. La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en récord histórico, con casi 21 millones de afiliados. La temporalidad marca su cifra más baja, con el 12,7% de los contratos. La economía española consolida su crecimiento, con un aumento del 0,7% del PIB. El euríbor ha experimentado este mes su primera bajada interanual en este ciclo monetario. Y el número de desempleados está en los niveles previos a 2008, antes del estallido de la crisis financiera. Sin embargo, los sindicatos no se conforman. “El país no puede resignarse a tasas de paro por encima del 10%”, explicaba a este medio el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2024 se situaba en el 12,3%.

Rachida tiene 52 años y vive en Ceuta, donde el 29% de la población está desempleada. Su reivindicación coincide con la de este miércoles —es el segundo peor dato de España, tras el 32,4% de Melilla—. “Estoy a la espera de ver si me sale algo, porque la situación es extrema”, indica la mujer, que ha buscado empleo “por todos los medios, echando currículos, de boca en boca, donde sea”. Con dos hijos a su cargo, uno que se ha ido de la ciudad autónoma, su hija mayor empleada tras cuatro años y su marido también en situación de desempleo, lamenta que en la ciudad autónoma no haya “muchas oportunidades”.

Empeñada en encontrar un trabajo, Rachida explica que no le gusta estar parada. Tras cuatro meses en un 'call center', donde fue despedida junto a otras compañeras sin previo aviso, ahora está formándose como auxiliar administrativa, en un curso del servicio público financiado con cargo a fondos europeos. “Ellos te dicen que tienes prácticas, pero depende de las empresas”, desconfía sobre su futuro. Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo reglamento que regula la cartera común que garantiza los servicios públicos de empleo para las personas paradas. “Es un cambio de paradigma”, ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha llamado a la movilización en las calles este miércoles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha comunicado que acudirá a la marcha que recorrerá la Gran Vía hasta Plaza de España en Madrid.

En concreto, las personas desempleadas tendrán derecho a una atención más personalizada, con un diagnóstico de su caso concreto y un itinerario establecido hasta la meta del empleo. Es algo que ya ocurre en comunidades como Euskadi y que pretende solucionar una carencia del servicio público de empleo español. “En otras comunidades, vas a la oficina, y si puede ser de forma telemática, mucho mejor, y ya está. Pasa el tiempo y nadie se acuerda de ti”, explicaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista a elDiario.es.

Si el pleno empleo es un objetivo compartido por Comisiones y UGT, lo es también la reducción de la jornada laboral que actuará, según los sindicatos, como palanca. “Hay que trabajar menos horas para que trabaje más gente”, indicaba Álvarez, este lunes durante un acto en Atocha, donde han reivindicado que se acabe con las jornadas “largas y extenuantes”. Reducir el tiempo de trabajo máximo legal a 37,5 horas para 2025, sin que eso conlleve una reducción del salario, es un compromiso del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, para el que llevan meses negociando patronal y sindicatos. Aunque el paso intermedio, a las 38,5 horas a lo largo de 2024, parece ya descartado, los sindicatos se muestran optimistas con alcanzar un consenso con la CEOE para el objetivo final.

Díaz ha señalado este martes que el plan del Ejecutivo es que se avance “en estos meses”. En concreto, la vicepresidenta segunda quiere que el acuerdo esté listo “antes del verano”. Y se hará con o sin patronal. “Estamos a la espera de un debate muy sugerente que tiene siempre la patronal española, acerca de si quiere formar parte de ese acuerdo o no”, ha advertido porque aunque le “gustaría que fuera tripartito”, si no lo es, lo acordará con los sindicatos.

Algunas empresas, no obstante, han comenzado ya ha probar diferentes experiencias piloto para testar reducciones de jornada superiores a la que se negocia o, incluso, la semana laboral de cuatro días. El proyecto más relevante en este sentido lo puso en marcha, a finales de 2022, el extinto Pacte del Botànic, que demostró que mejora la salud de las personas trabajadoras, reduce su estrés y no repercute en la productividad empresarial.

Aunque el nuevo Govern valenciano, de PP y Vox, ha suprimido esas ayudas, en algunas empresas esta nueva política organizativa ha llegado para quedarse. Abel tiene 40 años y trabaja en una asesoría en un pequeño pueblo de València, que se acogió al programa de la Generalitat en diciembre de 2022. “Es una pasada”, explica sobre el cambio que ha supuesto pasar a trabajar 32 horas a la semana, sin que eso suponga una merma en la nómina. “Antes te levantabas para ir a trabajar y te acostabas cuando salías de trabajar, porque, si no pones un fin, te pueden estar llamando hasta las 8 de la noche”, explica. Ahora sale, de lunes a jueves, a las cinco de la tarde y los viernes, a la una. “Puedes hacer de todo, no tienes que pedirte una tarde para ir al dentista o hacer la compra el fin de semana porque las tiendas están abiertas al salir”, pone como ejemplo.

La productividad de esta empresa, de tres empleados, no ha caído. Al contrario, “facturamos más en 2023 que en 2022”, aclaran. Los buenos resultados económicos han ido acompañados de una mejora en la calidad de vida de su trabajador y sus trabajadoras. Jovanna tiene 47 años y dos hijos de 11 y 6. “Puedo llevarlos y recogerlos al colegio, acompañarles a las extraescolares y ayudarles con los deberes”, explica. La situación ha mejorado respecto a 2022. “Antes, mi marido y yo nos turnábamos en los trabajos o tirábamos de los abuelos o de pedir favor, que te los recoja alguien, o salir antes y quedarte más rato al día siguiente”, señala.

El Ministerio de Industria también mostró su interés en probar la semana de cuatro días, pero no tanto el sector. En mayo de 2023, anunció que solo 41 empresas habían solicitado las ayudas para el proyecto con el que quería mejorar la productividad de las pymes con la reducción de la jornada laboral. A día de hoy, aún no se ha puesto en marcha este plan con el que se quería hacer una “evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial”.

La tercera pata de la reivindicación que sacará a miles de personas este 1 de mayo, en más de 80 manifestaciones por varias ciudades españolas, es la mejora de los salarios. Con las tasas de inflación disparadas en 2023 y tras la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, esta ha permitido que se haya terminado el año con “mejoras desde el punto de vista del poder adquisitivo y la tendencia en 2024 va en la misma dirección”, señaló Álvarez hace unas semanas, cuando se felicitó también por que se estén recuperando las cláusulas de revisión salarial.

El objetivo de los sindicatos es que no se frene este impulso, que ha podido verse con más claridad en aquellos trabajadores y trabajadoras que menos ganan. El salario mínimo ha aumentado en un 54% desde 2018, con la llegada del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos primero y con Sumar después, de los 735 a los 1.134 euros al mes. De cara a la negociación para un nuevo incremento de cara a 2025, que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ya ha avanzado que comenzará tras el verano, tanto UGT como CCOO han señalado que su objetivo mínimo es que este se sitúe en el 60% del sueldo medio. Esto es, unos 1.293 euros.

Ana es el claro ejemplo de lo que ha supuesto este aumento del SMI. Vive en A Coruña y comenzó a trabajar como administrativa en el Sindicato de Trabajadores en mayo de 2016, a media jornada. “Entré al mundo laboral bastante tarde, con 50 años y con mis (tres) hijos mayores, por una necesidad económica. Ellos empezaban a ir a la universidad y el sueldo de mi pareja se quedaba justito”, explica. En aquel momento, por esa media jornada cobraba unos 370 euros en 14 pagas. En 2018, las necesidades de la organización aumentaron y ella aceptó un contrato ya a jornada completa, también por el salario mínimo.

En los últimos seis años, Ana ha experimentado esa escalada en su nómina ejercicio a ejercicio. “La subida de 2018 a 2019 fue tremenda, 150 euros de golpe en unos salarios como los nuestros, acostumbrados a economías de pequeño calado pero mucho esfuerzo. Llegar a los 1.000 euros fue superar una barrera psicológica. Y la sensación de pasar de los 1.000 a los 1.080 quizá ya no fue tanto económica como empezar a pensar que eres una persona del mundo real”, explica. En su caso, ese aumento supuso también un impulso a la carrera profesional de su marido.

Él es funcionario y, aunque había sacado una plaza A2, trabajaba en una de categoría inferior, pero mejor dotaba económicamente, en la que no podía ascender. Con el desahogo que supuso el aumento de ingresos en casa pudo cambiar de plaza y, aunque al principio cobraba algo menos, esto le permitió ir mejorando su remuneración. “Mi trabajo valió también para que él subiese. Además, dos de nuestros tres hijos ya son hombres autónomos económicamente y nuestra situación económica es otra. Nos ha ido muy bien”, reconoce.

Los días previos a este Primero de Mayo han estado marcados por la decisión del presidente del Gobierno de tomarse unos días de reflexión para decidir si sigue en la Moncloa, primero, y de seguir, después. Ni Álvarez ni Sordo han evitado pronunciarse, pidiendo a Pedro Sánchez que no ceda antes lo que consideran poderes que no aceptan los resultados electorales. Con este trasfondo, los sindicatos han aunado también a las reclamaciones de pleno empleo, más salario y jornadas más cortas la defensa de la defensa de la democracia. El mensaje que enviaba Álvarez, este mismo martes, era nítido: “Los ciudadanos tienen hoy más motivo para ir a la manifestación del 1 de mayo que este sábado”.