Las nuevas reglas fiscales que ha diseñado la Unión Europea conllevarán que España tenga que apretarse el cinturón, aunque no será el único país que tendrá que hacerlo. Los socios europeos aprobaron hace meses la nueva hoja de ruta en materia de disciplina fiscal, para contener el déficit por debajo del 3% y que la deuda pública no supere el 60%. 

Ante esa perspectiva, el Banco de España no solo reconoce ese ajuste del cinturón, también que el dinamismo de la economía se va a resentir. “La activación de las nuevas reglas fiscales europeas exigirá el diseño y la implementación de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que permita la corrección del déficit público estructural y, por ende, la reducción de la deuda pública” y “si bien el impacto económico de dicho plan de ajuste es incierto –pues dependerá críticamente de cómo se diseñe–, su implementación generaría, previsiblemente, un menor grado de dinamismo de la actividad a corto plazo”, desglosa el supervisor en su Informe Anual.

Ante esa falta de concreción, apunta que todo va a depender de la letra pequeña. “Si este plan se acompañara de una composición del gasto y los ingresos públicos más favorable al crecimiento y de las reformas necesarias para mejorar la dinámica de la productividad y el aumento de la tasa de empleo, su efecto positivo sobre el crecimiento potencial de la economía reforzaría la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas”. De este modo,  admite, “se reduciría de forma notable la probabilidad de que se materializasen escenarios adversos con consecuencias negativas sobre el crecimiento económico y el bienestar de la ciudadanía”. 

Con estas bases, la institución encabezada por Pablo Hernández de Cos afirma que ha desarrollado una herramienta de análisis de sostenibilidad de la deuda, que “pretende replicar la metodología empleada por la Comisión Europea para la implementación de los ajustes fiscales bajo el nuevo marco”. Con ella, “estima que los países más endeudados de la UE tendrían que acometer, asumiendo planes de consolidación de siete años, una mejora anual promedio de su saldo estructural primario de entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales del PIB”. Un ajuste anual que equivale a entre 5.000 y 10.000 millones de euros anuales y que sería similar para Estados como Francia, Italia o Bélgica.

A partir de ahí, el Banco de España compara este ajuste con el que estos cuatro países tuvieron que hacer en dos periodos. El primero, con el austericidio llevado a cabo entre 2010 y 2013. El segundo, con los años posteriores, entre 2014 y 2019. 

Si se compara con este último, “supone un esfuerzo considerable”, indica el supervisor. Sin embargo, “en el caso de España e Italia, el ajuste que habrían de implementar en el futuro sería inferior al que acometieron, en promedio, entre 2010 y 2013 durante la crisis de deuda soberana”, reconoce, porque en ese caso se llegó al 2,5% del PIB. Es decir, el Banco de España cree que, si se compara con hace poco más de una década, el recorte sería manejable.

Hernández de Cos, en ese mismo informe, afirma que “el cumplimiento estricto de las reglas europeas es fundamental para reducir esta vulnerabilidad de la economía española”. Sin embargo, “el impacto de dicho plan de ajuste acarrearía, previsiblemente, un grado de dinamismo de la actividad menor del esperado. Un efecto que se podría amortiguar con una composición del ajuste que favorezca el crecimiento potencial de la economía y su acompañamiento con un paquete de reformas estructurales ambiciosas y las inversiones necesarias para mejorar la capacidad de crecimiento”.

También recalca que “resulta fundamental una aplicación estricta de las reglas fiscales a todos los niveles de gobierno. En este sentido, una eventual condonación de parte de la deuda que las comunidades autónomas han acumulado en las últimas décadas podría tener efectos negativos sobre los incentivos a un comportamiento fiscal disciplinado por parte de estas en el futuro”.

Al mismo tiempo, el supervisor español cree que, con el nuevo marco fiscal, los socios europeos han perdido, con este nuevo corsé fiscal, “la oportunidad de avanzar en algunos aspectos clave de la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, como una coordinación más eficaz de las políticas presupuestarias nacionales y la introducción de una capacidad fiscal común permanente”. 

“Una capacidad fiscal central podría implementar una orientación fiscal adecuada a nivel agregado” para los países del euro y asegurar una coordinación óptima de la política monetaria y fiscal. “Esta capacidad debería tener un tamaño adecuado y contar con una financiación suficiente y estable, lo que resultaría crucial para crear un instrumento de estabilización macroeconómica eficaz”. Ahí pone como ejemplo los programas que se pusieron en marcha con la pandemia. 

“Sería importante introducir un instrumento de financiación común permanente que diera continuidad, por ejemplo, al programa temporal”, en referencia a los fondos europeos, “que permitiera financiar proyectos de gran envergadura que proporcionen bienes públicos a escala europea, evitando, al mismo tiempo, un impacto excesivo o desigual de los mismos sobre las finanzas públicas nacionales y un deterioro del mercado único”, concluye.

A nivel estatal, ve margen para subir el IVA e impuestos indirectos, como los medioambientales en un replanteamiento donde ve margen para compensarlo con una revisión a la baja de la fiscalidad directa, del IRPF. “Tanto el IVA como el resto de impuestos indirectos –entre los que se incluyen los impuestos especiales– se han mostrado más contenidos en los últimos años, manteniendo su peso en el PIB en torno a los niveles prepandemia –del 11,5% del PIB–. De este modo, el peso de la imposición indirecta en el total de la recaudación en nuestro país se ha reducido desde un 32,6% en 2019 hasta un 30,1% en 2023”, resume. 

En concreto, considera que “una revisión integral del sistema tributario español que evalúe si, en su conjunto, las diversas figuras impositivas de nuestro país logran sus objetivos de manera eficaz y eficiente”. 

“Para lograr una mayor eficiencia en nuestro sistema tributario, se podría incrementar el peso relativo de la imposición sobre el consumo en nuestro país, que es relativamente bajo en comparación con el de otras economías europeas y que genera, con carácter general, menores distorsiones sobre los mercados de factores y productos”, argumenta en el informe anual. “Los potenciales efectos distributivos negativos que, en ocasiones, están asociados a la tributación sobre el consumo podrían evitarse dedicando parte de la recaudación a transferencias compensatorias a los colectivos vulnerables perjudicados”, matiza.

Unas medidas compensatorias que también caben en una fiscalidad medioambiental, cita, porque “nuestro país se ha comprometido a alcanzar, durante las próximas décadas, unos objetivos climáticos muy ambiciosos” que requieren “entre otras medidas, mejorar y aumentar la fiscalidad medioambiental, un ámbito en el que España ha venido recaudando menos que otras economías europeas a lo largo de las últimas décadas” y de ahí que vea margen de subida.